Las víctimas del ataque ocurrido en La Plata están internadas, pero fuera de peligro. El oficial Maximiliano Godoy disparó contra las mujeres con su arma reglamentaria porque su novia había decidido terminar la relación.
Un oficial de la Unidad Táctica Operativa de la Policía Bonaerense atacó a tiros a su ex pareja, a la madre de ella e hirió a otra mujer y a una niña. Los ataques ocurrieron anoche, en La Plata, luego de que la joven, de 26 años, que salía con él decidiera terminar la relación. El oficial disparó con su arma reglamentaria contra su ex pareja, después manejó hasta el domicilio de la madre para volver a disparar y, por último, intentó prender fuego el auto en el que viajaba. Esta mañana se entregó y quedó detenido. Las mujeres están internadas, pero fuera de peligro.
Ochos impactos de bala quedaron marcados en la puerta de ingreso al domicilio ubicado al 380 de calle 72, entre 2 y 3. La huella de los disparos están a la altura de la cabeza. En ese domicilio, a las 21, ocurrió el primer ataque del agente especial de la Bonaerense Maximiliano Godoy, de 27 años, quien esta mañana quedó separado de la fuerza. Allí vive Sabrina Belmonte, ex pareja del oficial, que había decidió terminar su relación por anteriores hechos de violencia que había vivido con él.
La puerta da a un pasillo que conecta varios departamentos. En ese pasillo estaba Sabrina cuando fue herida en su mano derecha y en una de sus piernas por los disparos de Godoy. En tanto, una vecina de la joven también fue alcanzada por un proyectil en su pierna derecha, cuando escuchó gritos y salió a ver qué ocurría.
Tras el ataque a su ex pareja, el policía se subió a un Chevrolet Corsa blanco y manejó hasta otra vivienda ubicada en calle 83, entre 12 y 12 bis. Allí volvió a abrir fuego con su Bersa Thuder Pro, 9 milímetros, arma reglamentaria de la fuerza. La víctima del ataque fue la madre de su ex pareja y una niña de 12 años, que sería la prima de Belmonte.
La mujer recibió los impactos en su clavícula izquierda y su pierna derecha, mientras que la niña fue herida en una de sus piernas. Los dos fueron trasladadas por el Same al Hospital San Martín, en el caso de la madre de la ex pareja de Godoy; y al Hospital de Niños, la niña. En el San Martín también estaban ingresadas las dos primeras víctimas del oficial de la Bonaerense. Todas fuera de peligro.
Tras realizar los dos ataques, Godoy intentó prender fuego el Corsa blanco, según indicaron fuentes policiales. El auto fue encontrado abandonado con el capot incendiado, cerca del domicilio del policía, entre las calles 519 y 167, en la localidad de Melchor Romero.
En la madrugada de este lunes, el policía se presentó en la Comisaría Octava platense para entregarse. Según las fuentes de la fuerza, se presentó en la dependencia acompañado por el comisario Carlos Núñez, su superior en el destacamento de La Matanza, donde presta funciones. El oficial quedó detenido bajo los cargos de «abuso de arma y lesiones» y se le secuestró el arma reglamentaria y municiones.
Violencia de género con arma reglamentaria
Los ataques a mujeres por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad fuera de servicio con sus armas reglamentarias son un problema registrado y denunciado largamente por organizaciones de la sociedad civil y organismos de Estado.
Según el último informe de la Oficina de la Mujer, de los 278 femicidios registrados en 2018, el 23 por ciento del total fueron perpetrados con armas de fuego. Entre ellos, 11 casos habían sido cometidos con armas reglamentarias por parte de integrantes de las fuerzas federales. Mientras que los femicidios cometidos por integrantes de las fuerzas alcanzaba los 18, o sea que en el 60 por ciento de los casos de violencia en los que participó un agente de la fuerza había empleado su arma reglamentaria.
Por su parte, el CELS en su informe sobre «letalidad policial» registró, entre 1996 y 2016, que casi 500 mujeres «fueron muertas, torturadas o heridas en el marco de hechos que involucraron uso particular de la fuerza por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad». En ese sentido, el organismo advirtió que el uso de armas reglamentarias en situaciones de violencia fuera de servicio son «la situación más significativa de vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional».
En tanto, el último informe del Archivo de Casos de la Correpi hace hincapié en esta fatalidad: «Tomando como base los registros existentes a nivel nacional, hasta fin de 2018, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria».
Un proyecto pendiente
En julio pasado, el Senado dio media sanción al proyecto de «desarme de agentes violentos» que busca hacer obligatoria la medida preventiva de retirar el arma reglamentaria a un agente de la fuerza con denuncia de violencia de género.
La iniciativa propone modificaciones a las leyes de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley de Protección Contra la Violencia Intrafamiliar, que ya contemplan la medida preventiva, pero busca no dejar librada la decisión a la discrecionalidad de los jueces.
En esta dirección ya existe una medida pionera para las fuerzas federales, la resolución 1515 del Ministerio de Seguridad, dispuesta en 2012 durante la gestión de Nilda Garré. La resolución, aún vigente, ordena la reestricción del uso del arma reglamentaria para los casos de agentes con denunciad de violencia de género. A inicios de 2016, 222 efectivos tenían esa restricción.
En tanto, la provincia de Buenos Aires cuenta con un «Protocolo para la Evaluación y Tratamiento del Personal de las Policías en casos de violencia familiar» a través del cual se debería evaluar «la aptitud para la portación y/o tenencia de armas de fuego así como establecer si el denunciado posee rasgos de personalidad violenta». Casos como el de Godoy dan muestra de cómo la reglamentación se lleva a la práctica.
