El diputado Arroyo analiza la magnitud de la crisis social generada por el gobierno de Macri y destaca que la ley de emergencia alimentaria, recién aprobada por el Congreso, «es muy simple de aplicar», por lo que se puede poner en marcha de inmediato. «Argentina tiene muchos problemas pero tiene una base muy fuerte, mucho más fuerte que otros países de América Latina. Arrancamos con mucho más Estado que en el 2001», dice.
Daniel Arroyo fue uno de los principales impulsores en el Congreso de la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria. Viceministro de Desarrollo Social durante cuatro años en la presidencia de Néstor Kirchner, ministro del área por otros seis en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli, su nombre es uno de los que más suenan en estos meses para hacerse cargo de la cartera en un eventual gobierno de Alberto Fernández. Entrevistado el diputado Arroyo aseguró que la crisis que deja Cambiemos es inédita porque suma tres elementos: “Al problema del costo de los alimentos, que es algo nuevo en la Argentina, se le agrega el sobreendeudamiento de las familias y el parate de los trabajos informales, de las changas. Todo eso junto y a la vez marca una situación distinta, mucho más complicada que otros momentos históricos”.
-En el debate de la emergencia alimentaria usted insistió en que no se podía perder más tiempo. La ley ya está aprobada; ahora la tiene que implementar el Poder Ejecutivo. ¿Cómo saber si los fondos llegan donde tienen que llegar y en los tiempos que demanda la situación?
– La ley reasigna partidas de otras áreas para volcar en comedores, merenderos y comedores escolares. Le permite al Estado además comprar rápido, licitar rápido. Es una ley muy fácil de aplicar, porque es un acto administrativo. Ya estamos en septiembre, es el último cuatrimestre del año, a esta altura las partidas presupuestarias deberían estar ejecutadas en un 66 por ciento, pero hubo mucha subejecución, en muchas áreas: esto quiere decir que es muy fácil reasignar partidas.
– ¿Cómo envía alimentos el Estado a los barrios?
-Hay tres caminos: transferencias a las provincias para cargar las tarjetas de alimentos de las personas individuales, cargas a las tarjetas de las personas encargadas de los comedores y la entrega directa de alimentos. La gente que estaba cortando calles la semana pasada se quejaba, por ejemplo, de que no les estaban entregando insumos para los comedores, o leche a los merenderos. La verdad es que es muy fácil de implementar esta ley porque está todo armado en la Argentina: la compra de alimentos es muy fácil, la viene haciendo el Ministerio de Desarrollo Social desde hace muchísimos años. El mecanismo de transferencia a las provincias es automático, es tocar un botón y transferir. El mecanismo para cargar las tarjetas de los comedores también. Es decir, esto el lunes tiene que estar en marcha. La ley, en términos logísticos, es muy simple de aplicar.
-¿Por qué la inflación es mayor en los alimentos que en otros bienes?
-La Argentina exporta alimentos; cuando el dólar sube, sus precios aumentan. Hay una segunda cuestión que es que creció la demanda de exportaciones de alimentos; eso ha llevado a estas subas fuertes… lo que pasa es que acá hay que distinguir la canasta básica de alimentos. No es posible que en la Argentina, por este mecanismo, el costo de comer suba alocadamente. Si siguen subiendo los alimentos, no hay un piso para la caída social. Por eso esta crisis es más aguda que otras: no es lo mismo comer que no comer; se pueden discutir un montón de programas sociales, si son peores o mejores, pero no se puede pasar el límite de la comida. Y la verdad es que ese límite acá se pasó.
-Un precio se forma en varias etapas: en la producción, vinculada al campo, en la industrialización, donde tienen que ver las corporaciones, en la comercialización, donde inciden las grandes cadenas de supermercados. ¿En cuáles ve problemas?
-La Argentina tiene problemas en todos esos tramos, pero también tiene muchas soluciones porque hay mucha gente que produce alimentos, hay muchos pequeños productores. Si el tambero saca el litro de leche en 7,50 y termina a 55 pesos en la góndola, hay un problema. Si una empresa de harina arma tres marcas de harina y ocupa toda la góndola, hay un problema. El tercer problema es que muchos de los que producen alimentos no tienen escala ni acceden a cadenas de comercialización. Hay que tomar todo ese conjunto con una política clara para resolverlo.
– No ve entonces problemas en la producción, en la diversidad de los alimentos que se producen…
– No; hay diversidad de producción. En eso estamos adelante, en el país se producen alimentos no sólo para 400 millones de personas sino que hay mucha economía popular, mucha gente produciendo. Lo que hay que hacer es escalar, implementar una política para que comer sea barato.
-¿Qué significaría que el Estado dé escala a la producción de la economía popular?
-Por ejemplo, para mí hay un punto a reconstruir que es el tema de la marca colectiva, para tener más capacidad. Y certificar calidad, para darle al productor una chance mayor. Al que produce no le sirve un certificado que diga Ministerio de Desarrollo Social, le sirve un certificado de calidad. Tener una ley de góndolas, porque si una empresa tiene como límite no ocupar más del 30 por ciento de la góndola, al supermercado van a llegar no sólo los grandes productores sino también el productor local. Y está el compre estatal. El Estado tiene que apoyar estas iniciativas.
-El compre estatal es el reclamo más fuerte de la economía popular. Lo piden las empresas recuperadas, los productores cooperativos de verduras, las cooperativas de trabajo; pero nunca avanzó demasiado.
-El compre estatal es un tema de decisión, porque hoy claramente existen todos los elementos para hacerlo. Lo que pasa es que ha habido un retroceso grande, una desarticulación enorme del Estado. Por ejemplo, en la agricultura familiar, los pequeños productores tenían el monotributo social, que les permitía emitir facturas, acceder a una obra social y poder empezar a comerciar. El Estado cubría una parte de su pago, muy pequeña, pero empezó a pagar a destiempo, con lo que a los productores se les acumuló una deuda con intereses en la AFIP. Es decir, el Estado le cortó el monotributo social a la gente de la agricultura familiar y no le dijo nada, y hoy tienen una deuda impresionante en la AFIP… resolver eso es un tema de gestión, de entender quiénes son y qué características tienen esos trabajadores. A mi modo de ver, el Gobierno cree que la Argentina hace soja, minería, sector financiero, salarios bajos y listo. A ese esquema le sobran 20 millones de personas. Si la Argentina es eso, hay 20 millones que le quedan afuera. Yo he tenido la suerte de recorrer varios países en Latinoamérica y por eso sé que la capacidad productiva, social, de asistencia, de articulación de la Argentina es extraordinaria. ¿Qué tiene que hacer la política social? Tiene que dar el pescado, tiene que enseñar a pescar y tiene que garantizar que haya peces en la laguna. Tiene que asistir a los comedores y merenderos, tiene que capacitar, pero tiene también que dar crédito, apoyo económico cadenas productivas para que eso funcione. Todo eso es la política social. Para mí los movimientos sociales fueron yendo para ese lado, con dificultades, contra el contexto económico. Hace falta darles un proceso de acompañamiento por parte del Estado para que den un salto. La idea de traspasar planes sociales a trabajo, va claramente en esa orientación.
– En todos los gobiernos de los últimos 20 años los planes de empleo se encararon como un paliativo, como una ayuda transitoria hasta que la gente pudiera volver a trabajar. En el fondo, siempre siguió instalada la idea de que volver al pleno empleo era posible. ¿Cuáles son las posibilidades reales?
– Hay que mirar cómo es el mercado de trabajo hoy en la Argentina. Si se piensa en la producción de soja, de conocimiento, de software, el que sale, compite y lo hace bien: ese es empleo del siglo XXI. Están la señora que cose ropa en su casa, el gasista, el plomero, el carpintero: siglo XX. Y tenemos al pibe que no terminó la secundaria y se fue a la esquina: siglo XIX. Todo eso es mercado laboral. Uno puede creer muchas cosas, menos que hay derrame, menos que porque le va bien a un sector va a terminar derramando sobre el otro, eso ya quedó claro. A mí me parece que tenemos que saber en qué somos competitivos y saber qué es socialmente relevante, y tenemos que crear trabajo. Somos competitivos en soja, minería, industria del software y del conocimiento, eso está claro. Esas actividades no son un gran generador de trabajo, pero sí es un movimiento económico que trae recursos, que trae dólares. Lo relevante socialmente es el trabajo de las mujeres y los jóvenes, por ejemplo en la industria textil. Si los franceses cuidan a sus productores rurales, como vimos en el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur, nosotros tenemos que cuidar lo que es socialmente relevante para nosotros, la industria textil por ejemplo. Hay que crear trabajo además para hacer infraestructura básica, y en ese sentido nuestro problema es la solución, porque a nosotros nos faltan 3 millones de viviendas, nos faltan veredas, cordón cuneta, vivienda social…. nos falta mucho, y eso es una gran oportunidad. También es masivo y rápido para la creación de empleo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, porque ya hay mucha gente que lo está haciendo. Y está todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado, el cuidado de personas, las redes comunitarias. Las oportunidades están dadas porque son cosas que nos faltan, no es que tenemos que inventar: hay que hacerlo, nos falta infraestructura. En la Argentina tenemos que entrar todos en el siglo XXI y para eso hay que armar un esquema, que para mi tiene estas tres patas.
– Sobre las tareas de cuidado que menciona ¿hay consenso social para que sean reconocidas como trabajo, y pagadas?
– Me parece que la sociedad está tres pasos adelante de la política. Las tareas de cuidado no son consideradas universalmente en la Argentina como trabajo, pero sí son cada vez más consideradas como trabajo. La sociedad ha avanzado mucho más que la política y hay categorías, como la economía del cuidado, que están dadas por los hechos. Hay consenso social para eso; lo que tiene que crearse es una política pública. Yo le veo mucha fe a Alberto (Fernández) en esto; primero, porque es una persona con mucho diálogo, escucha y habla con todos, y porque tiene mucha capacidad de gestión. Hoy hay que orientar políticas en esta línea porque hay movilidad social descendente, objetivamente al que tenía trabajo formal se le fue complicando, al que hacía una changa se le fue cayendo… y nosotros tenemos que reconstruir ¿Qué debería hacer alguien para que le vaya bien? Estudiar y trabajar. Es decir que si recomponemos parte del sistema educativo y generamos trabajo en lo que tiene mano de obra intensiva, como la construcción, o textil, el comercio, metalmecánico, frigorífico, mucho de eso, que es lo masivo, vamos a empezar a mover. Yo veo una sociedad con mucha intención de hacerlo, y cuando el Estado orienta, orienta. No es fácil hacerlo, pero ya hay un camino creado.
-¿Qué implicaría un esquema de este tipo en inversión o gasto social?
– Tenemos que ir por etapas armando y avanzando. La inversión social en la Argentina es todo lo que hay en el Ministerio de Desarrollo Social, los programas de empleo, las pensiones, la Asignación Universal por Hijo… dejemos de lado el sistema jubilatorio, que es un sistema de seguridad social. Si a eso le agregamos salud y educación, tenemos el sistema de protección social. Todo esto en la Argentina tiene una cobertura amplia, hay mucho para rearmar, pero también hay mucho para orientar y gestionar bien de todo lo que ya se hace. Argentina tiene la cobertura en salud más amplia de América Latina, la más amplia de educación, la más amplia de alimentación, con lo cual no puede haber hambre. Todas esas son redes que hay que trabajar e ir fortaleciendo. No es que arrancamos de cero; la Argentina tiene muchos problemas pero tiene una base muy fuerte, mucho más fuerte que otros países de América Latina. Arrancamos con mucho más Estado que en el 2001, con más capacidad estatal, y mucha más sociedad civil. Tenemos mucha base para reconstruir, mucha base real, mucha sociedad y mucho estado. Y mucha historia.
-Prácticamente en todas las organizaciones sociales cuentan que tienen diálogo con usted y que le llevaron proyectos. No sólo en estos meses, de expectativa de cambio de gobierno, sino desde antes, al Congreso, tratándolo como diputado. La UTT quiere aumentar la producción de verduras agroecológicas a bajos precios, los movimientos Cayetanos hacer obra pública con cooperativas de trabajo, ahora se presenta un proyecto para los mercados populares… ¿Los considera realizables?
– Primero, que los movimientos sociales son parte de la solución. Hoy están sosteniendo muchos comedores, están poniendo mucho el cuerpo en asistir, pero además han encarado un esquema productivo, de la producción de alimentos, textil, en construcción, en general, más otros sectores, que han hecho viable. La tienen complicada porque el Estado no ha logrado ayudarlos y sostener procesos, por ejemplo el monotributo social se les cayó, no tienen un sistema de créditos no bancario a tasas bajas entonces les cuesta capitalizarse, una empresa recuperada la tiene complicada y no tiene el apoyo del Estado para certificar calidad, no los ayudó el Estado con nuevos esquemas de comercialización. Con todo eso, lo están llevando adelante, con lo que yo los veo a todos realizables, no lo digo para quedar bien con nadie, es así: cuando se hace el verdurazo en la Plaza de Mayo, además de que la gente sale conforme con el precio, les llama la atención la calidad de la verdura. Las organizaciones sociales han girado sobre el esquema productivo, han girado sobre el tema trabajo, sobre darle escala a la producción, pero se encuentran con un Estado que no los ha acompañado. Hay que generar un esquema que convierta los planes sociales en trabajo, es por ahí que pasa la cosa. Por los mercados populares, por el desarrollo de la producción, por fortalecer desde el más chiquito hasta la empresa recuperada. Siempre que hablo con las organizaciones sociales, la conclusión es que si la están remando solos, con apoyo, con calidad, con un mecanismo de ayuda para darle escala a la producción, van a pegar un salto.
– Tres ideas a revisar. La primera: ¿es cierto que este es el Gobierno que más destinó a gasto social?
– Lo que hay que saber es que se achicó mucho la economía, y lo que se suele llamar seguridad social tiene sus propios mecanismos de incremento. Para explicarlo por el absurdo: si mañana se cae brutalmente la economía, el gasto social sería del 100 por ciento. Por eso decir un porcentaje es relativo. Decir que el gasto social es un tanto por ciento del total… bueno, depende de qué torta estemos hablando. La parte de seguridad social es inelástica, lo que se achica en una crisis es todo el resto.
– Otra idea en duda: ¿somos un país que puede alimentar a 400 millones de personas? Porque hay quienes plantean que podemos alimentar a 400 millones de chanchos, con la soja, pero no a 400 millones de personas.
– En su momento, Macri dijo que teníamos que dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo. Lo que pasó fue todo lo contrario. Es cierto que producimos soja, pero somos un país claramente productor de alimentos para exportar. De hecho, el Gobierno estimaba que se iba a triplicar la exportación. La Argentina produce alimentos, no puede haber hambre.
– La última: ¿es cierto que la Argentina está en emergencia alimentaria hace 18 años?
– Sí y no. Sí en términos formales, de cómo fueron extendiéndose las leyes. En el 2002 tuvimos una ley de emergencia alimentaria, que se la conoció como el programa «El hambre es más urgente». En la práctica, en los años que siguieron la situación mejoró y los comedores se fueron achicando, la gente volvió a comer en su casa. En el 2016 fue necesario nuevamente sancionar una ley de emergencia, la Emergencia Social. En términos formales, la ley estuvo vigente, pero en términos de vida cotidiana no. La cantidad de gente desbordando los comedores es un tema de ahora. La emergencia en términos de más gente en los comedores, de desborde, de hambre y de malnutrición es algo de estos últimos años. Para mí hubo un quiebre de toda la estructura social, que afecto a todos, excepto a un 5 por ciento de la Argentina de muy altos niveles de consumo. Eso no ha sido así en otras etapas históricas. Ha habido momentos peores en la Argentina, en el 2001 hubo 58 por ciento de pobreza y 28 por ciento de desocupación, hubo otras crisis, pero la idea de que se quiebre toda la estructura social en el término de tres años, casi cuatro, es algo inédito.
