En el marco del juicio por el supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de un camino que nunca se realizó, la fiscal solicitó la pena contra el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y el detenido ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)

El ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain y el detenido ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Atanasio Pérez Osuna, podrían afrontar penas de hasta 4 años y 6 meses de prisión si son declarados culpables en el juicio por el supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de un camino que nunca se realizó.

La fiscal de la causa formuló su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7 y dio por probado que hubo una “sustracción” de 50 millones de pesos al Estado Nacional a través del pago de un anticipo a la empresa Fainser, de Lascurain, por la construcción de la ruta.

Los acusados por el delito “peculado” son Lascurain, Osuna -quien era intendente de la localidad santacruceña de Río Turbio cuando quedó detenido en el caso-, el ex coordinador de YCRT Miguel Angel Larregina, el diputado provincial Horacio Mazú y el ex asesor Juan Vargas.

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Se trata de la primera investigación por delitos en Río Turbio que es juzgada, en tanto ayer el juez federal Luis Rodríguez envió a juicio al detenido ex ministro de Planificación Federal kirchnerista Julio De Vido y al ex secretario de Coordinación de ese ministerio Roberto Baratta, entre otros, por supuesta defraudación en la parte central del caso.

La fiscal remarcó que el pliego de condiciones que licitó la construcción de la ruta de siete kilómetros, el llamado “Camino de los Mineros” para facilitar el tránsito en la zona del Yacimiento, “no preveía pago de anticipo alguno”.

Además, sostuvo que la “contribución de Lascurain fue imprescindible para sustraer los 50 millones de pesos” entregados como anticipo en tres pagos, el último de ellos el 9 de diciembre de 2015, “cuando ya se sabía que iba a cambiar la intervención de YCRT”.

Cabe destacar que el contrato para la readecuación del camino se había firmado el 29 de junio de 2015 y tuvo una adenda que permitió el pago del 15 por ciento del total, 494 millones de pesos, como anticipo, según la investigación del Ministerio Público.

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