La jueza Elena Liberatori estableció el derecho a la educación está vulnerado, particularmente en el sur de la Ciudad. La magistrada denuncia que el Estado ocultó información y que miente cuando afirma que la gestión construyó 54 escuelas. El fallo resalta la inacción del ministerio de Educación que encabeza Soledad Acuña a la hora de cumplir su rol y su acción obstaculizadora para brindar información oficial.

La Justicia porteña consideró probado que en la Ciudad, especialmente en el sur, reina “la falta lisa y llana de vacantes accesibles para los niños y adolescentes” que quieren concurrir a la escuela pública. En el mismo fallo, que responde a una acción de amparo tramitada hace más de dos años, la jueza Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad que adopte “las medidas necesarias e inmediatas para garantizar el acceso a la educación primaria y secundaria” en los distritos escolares más afectados.

Además, la magistrada envió un oficio a la Legislatura para que “resuelva destinar los fondos presupuestales pertinentes” e impulse “acciones tendientes a brindar una solución integral”.

Redactado con especial atención al empleo del idioma inclusivo, el fallo de la titular del Juzgado n.° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario es particularmente duro con la acción y la inacción del Gobierno porteño, y particularmente del ministerio de Educación que encabeza Soledad Acuña.

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La cartera demostró en más de una vez “evidente reticencia a la franca información que se le requería” (por demorar las respuestas, aun cuando sobre el salario de Acuña pesaba una multa por ello), advierte la magistrada, que también da cuenta de cómo la acción oficial obstaculizó el avance de la causa que, por ser un amparo, debía brindar respuesta pronta.

A partir de requerimientos del (ahora ex) legislador porteño Patricio del Corro y la Asesora Tutela Mabel López Oliva, y sirviéndose de información oficial, la magistrada Liberatori brinda en la “sentencia que por momentos es más un informe de auditoría” un detalle según el cual hay “mayor falta de vacantes sobre todo en los Distritos Escolares ubicados en la zona Sur”, que «tienen dentro de su jurisdicción barrios vulnerados”. La dificultad “se acentúa principalmente en los primeros años, de primero a cuarto grado, y en las escuelas de jornada completa”.

En algunos casos, para remediar la falta de vacantes en zona sur el ministerio de Educación recurre a una especie de compensación: “proporciona un servicio de micros escolares con el fin de trasladar a los niños que asisten a escuelas lejanas a su lugar de residencia”, generalmente en el norte de la ciudad.

Esas distancias, detalla la resolución, termina derivando en el desarraigo de chicas y chicos respecto de su escolarización y, en no pocas ocasiones, en el abandono, porque los adultos que los deben llevar no siempre pueden abonar el transporte de ida y vuelta para acompañarlos.

Por lo demás, , añadió la Justicia, el ministerio de Educación no informa de manera fidedigna cuando afirma que hay “54 nuevas escuelas” ” construidas por la actual gestión. Muchas de ellas datan de 2008, indica el fallo, que añade: “las únicas escuelas que podrían (…) considerarse construidas o y, por ende, nuevas durante esta gestión gubernamental, son las 5 informadas como inauguradas durante 2016, 2017 y 2018 (…) que se ubican en la Comuna 8 al sur de la CABA, pero que lejos están del número de 54 escuelas nuevas o de 35 escuelas nuevas situadas en la zona sur”.

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La resolución de Liberatori detalla que, ante el reclamo por la falta de vacantes en escuelas primarias y secundarias, el ministerio replicaba que en realidad las plazas alcanzaban, que en algunos casos las familias de los chicos declinaban el ofrecimiento de las escuelas que el sistema le proponía y que, en otros casos, había lista de espera. “Esa denominada ‘espera’ es un eufemismo para solapar la falta lisa y llana de vacantes accesibles para los niños y adolescentes de la Ciudad de Bs.As (…) el mentado ofrecimiento es falaz porque casi siempre son vacantes no accesibles para la gente”, advierte el fallo.

Por otra parte, cuando tras muchas solicitudes el ministerio a cargo de Acuña presentó respuestas, lo hizo con información “parcial, incompleta, no detallada, ni explicada”, cuando no dejó interrogantes sin responder en absoluto.

En el trámite de la causa, por la falta de información proporcionada por el ministerio, la jueza terminó convocando a personas responsables de las Supervisiones de los distintos distritos escolares. En esos encuentros, la presencia de abogados del Gobierno porteño “ha condicionado la cantidad de información que las Supervisiones brindaron. Sostengo esto ya que, por ejemplo, miembros del tribunal escucharon durante algunas de las entrevistas que mientras algunas Supervisiones eran entrevistadas y señalaban que había falta de vacantes, los abogados del Gobierno preguntaban entre si quien era la persona que estaba hablando y tomaban nota. O también increpaban a las Supervisiones señalando si habían o no efectuado ofrecimiento de vacantes en otros Distritos Escolares”.

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