Desde Comodoro Py descartan que la rescisión de las concesiones de siete corredores viales pueda frenar la imputación al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y al ex director de Vialidad, Javier Iguacel. De hecho del decreto se desprende un reconocimiento de que las empresas estaban operando de manera irregular.
En la Justicia advierten que el decreto de Mauricio Macri que rescindió las concesiones de siete corredores viales -dos años después de que hayan vencido- no implicará un freno a la investigación que está en curso.
Tras haber publicado la decisión de pasar a manos de la empresa estatal Corredores SA la administración de 3374 kilómetros de rutas, desde la Dirección Nacional de Vialidad hicieron trascender que ahora la causa penal devendría en “abstracta”. Sin embargo, fuentes tribunalicias confirmaron que la pesquisa que tiene como imputados al actual Ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad, Javier Iguacel seguirá su curso. De hecho, algunas de las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Eduardo Taiano ya fueron ordenadas por parte del Juez Sebastián Casanello y están en marcha.
“La causa ya está requerida por la fiscalía y sigue su curso normal. Hay un requerimiento fiscal y una imputación concreta”, afirmaron en Comodoro Py.
El camino de la causa de los peajes
El 5 de septiembre pasado el fiscal de instrucción número 3, Eduardo Taiano, decidió impulsar la denuncia presentada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines e imputó a Dietrich y a Iguacel por haber habilitado a varias empresas –entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente– a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.
Esa decisión fue justificada con una resolución de Vialidad firmada por Iguacel, ad referendum del Poder Ejecutivo, palabra final que en ese caso correspondía a la cartera de Transporte. Dietrich nunca firmó el documento a pesar de lo cual quedó vigente y pasó por encima de un decreto presidencial -firmado por el propio Macri- que odenaba el llamado a una nueva licitación. Esa resolución, la 811/17, fue cuestionada por Taiano en su dictamen al afirmar que con ese trámite administrativo “la verdadera intención habría sido ampliar los plazos contractuales para beneficiar ilegítimamente a las empresas concesionarias”.
Un decreto para desinflar la denuncia penal
En clara respuesta al impulso que tomó la investigación en los tribunales federal, el objetivo del decreto firmado este martes (659/2019) fue “dar certeza” de la finalización de los contratos. Sin embargo, del texto se desprende un reconocimiento de que los holldings estaban operando con los pliegos vencidos, es decir, de manera irregular.
Los contratos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. De hecho, se extendieron y la fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación.
Ahora, a pesar del intento por blanquear la situación, en Tribunales advierten lo obvio: que si hubo delito, ya fue cometido aunque ahora busquen regularizar la situación. La demanda que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello fue presentada por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica. Y, lejos de detenerse, la pesquisa avanza.
Según pudo saber este diario, algunas de las medidas de prueba propuestas por los denunciantes y solicitadas por la fiscalía ya están en marcha. Entre ellas, el pedido de documentación de la Dirección Nacional de Vialidad: las actas con las que se extendieron los contratos, el análisis de los comprobantes de pago de los contratos de obra y las resoluciones de aumentos tarifarios que beneficiaron a las empresas.
