El informe señala a Luis Caputo y a Luis María Blaquier por incompatibilidades y dice que se beneficiaron empresas como Arcor, Cablevisión y el fondo Axis Ahorro Plus.
La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó esta semana y por unanimidad un informe lapidario sobre el manejo que se hizo durante 2016 del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que debe funcionar como un colchón o reaseguro del sistema jubilatorio. El análisis advierte sobre existencia de posibles incompatibilidades del ex secretario de Finanzas, Luis Caputo –quien casualmente reapareció esta semana para decir que en Argentina manda el FMI— y del empresario Luis María Blaquier, ambos integrantes del órgano directivo del FGS y a la vez vinculados con empresas y fondos de inversión que intervinieron en diversas operaciones que podrían haber perjudicado al Estado. Entre las firmas beneficiarias aparecen Cablevisión, Arcor, Pampa Energía y un grupo de fondos como Axis Ahorro Plus. Algunos aspectos de estos planteos ya habían sido judicializados, con denuncias incluso contra el titular de la Anses, Emilio Basabilvaso.
El FGS se compone de acciones de empresas, dinero, plazos fijos y títulos públicos y realiza inversiones. Funciona como un resguardo del sistema previsional. Fue creado en 2007 con el objetivo de atenuar el impacto financiero que pudieran tener las variables económicas sobre el régimen jubilatorio y a modo de fondo de reserva. Inicialmente se nutrió de recursos de las AFJP. Estaba pensado para una inversión apropiada de excedentes del régimen previsional y atender a la vez a sus posibles insuficiencias. Una modificación de 2016 habilitó la posibilidad de que se utilizaran los recursos del FGS para cumplir con los acuerdos del Programa Nacional de Reparación Histórica, por el cual se ofrecía un ajuste limitada a los jubilados y pensionados a cambio de que desistieran de los juicios contra el Estado. Lo que revela el informe de la AGN –que está integrado por siete auditores de las principales fuerzas políticas, aunque lo encabeza el opositor peronista Oscar Lamberto— es que desde tiempo antes de la llegada de Mauricio Macri al gobierno, hubo quienes integraban empresas y fondos de inversión que habrían preparado el terreno con antelación para hacer negocios con el FGS. Aunque dejaran las firmas a las que pertenecían para pasar al Estado, habrían generado las condiciones para determinadas operaciones que luego ellos mismos se encargaron de instrumentar como funcionarios públicos.
Algunos de los casos analizados habían sido denunciados también por el fiscal Gabriel De Vedia, quien estuvo al frente de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES) y fue desplazado durante la gestión del actual procurador interino, Eduardo Casal. Todos los integrantes del colegio de auditores firmaron el informe. Ellos son: Lamberto, Alejandro Nieva, Juan Ignacio Forlón, Jesús Rodríguez, María Graciela de la Rosa, Javier Fernández y Gabriel Mihura Estrada.
Uno de los puntos analizados indica que el FGS podía comprar, y lo hacía, Lebacs (Letras del Banco Central). La ventaja es que tratándose de la ANSES no pagaba comisiones. El problema fue que la compra se hizo a través de operación tercerizada por medio de la cual se pagaron comisiones a fondos de inversión, en los que el FGS tenía participación. Pero el pago era innecesario. Esos fondos son Axis Ahorro Plus, Gainvest Renta Fija, Megainver Renta Fija y Superfondo Equilibrado. “Dicha decisión de inversión no sólo genera comisiones que podrían haberse evitado al invertir en forma directa con el Banco Central de la República Argentina sino que, además, restringe la liquidez otorgada por los FCI (fondos comunes de inversión)”, dice la Auditoría. A todo eso se suman detalles tales como que Caputo había sido director y presidente de Axis hasta diciembre de 2015, y luego se sumó al gobierno de Macri. Tiempo antes de dejar Axis había motorizados gestiones junto con Carlos Planas ante la Comisión Nacional de Valores que allanarían el camino a las operaciones con el FGS. Planas quedó luego en el fondo de inversión.
Como secretario de Finanzas, Caputo integró el comité ejecutivo del FGS. Es decir, tenía poder de decisión allí. La AGN dice que sobre su permanencia en Axis al menos hasta septiembre de 2015, “no se ha obtenido ninguna comunicación” que “aclare” esa “circunstancia”, que podría implicar un “conflicto de intereses incumpliendo los artículos 13 y 15” de la Ley de Etica Pública y un choque con los “Principios de Seguridad y Rentabilidad de las Inversiones con Activos del FGS”.
Otro aspecto está relacionado con el canje de acciones y la compra de obligaciones negociables (que son valores de renta fija emitidos por empresas privadas que les sirven para obtener fondos para sus actividades; funcionan como una fuente de financiación a través del mercado de capitales). El FGS acepta la adquisición de obligaciones negociables emitidas por Pampa Energía (del empresario Marcelo Mindlin) en la época de su fusión con Petrobrás. El argumento se basaba en la supuesta conveniencia de de aceptar una oferta en efectivo porque era importante aumentar la participación en Pampa, la necesidad de liquidez, que en el corto plazo iba a ser clave –decían—para afrontar el Programa de Reparación histórica. La compra fue por cerca de 15 millones dólares, a diez años, con rendimiento nominal anual del 7.625 por ciento, según señaló en su momento De Vedia. La sospecha del fiscal era que se quiso beneficiar a empresarios allegados al gobierno, como Mindlin, con claros intereses en el sector energético, y Joseph Lewis, controlante de una firma accionista vinculada a Pampa. La AGN señala: “a la fecha no se utilizado el FGS para el pago de dicho programa. Por otro lado, no se tomó conocimiento de la existencia de un cálculo de flujo de fondos del FGS, que justifique la necesidad de liquidez, ni de un orden de prioridad de realización de activos que avale la decisión de disminuir la tenencia de acciones”.
El último de los puntos clave del informe se refiera la compra de obligaciones negociables de Cablevisión S.A y de Arcor S.A.I.C que compromete a quien fue en los comienzos del gobierno de Macri, subdirector ejecutivo del FGS, el empresario Luis María Blaquier pero que, a la vez, advierte la AGN “desempeñó cargos directivos en ambas empresas hasta diciembre de 2015”. Renunció, de hecho, para “cumplir funciones en el FGS”. “No se ha obtenido evidencia acerca de una comunicación en la cual se aclare dicha circunstancia que se interpretaría como un conflicto de intereses”, señalan los auditores, igual que en el caso de Caputo. Sería un posible incumplimiento a la Ley de Etica Púbica y una violación a los Principios de Seguridad y Rentabilidad de las Inversiones con Activos del FGS.
El caso de Blaquier es el que más avanzado está en tribunales, en una causa a cargo del fiscal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello. De Vedia planteaba, además, que al valor de las obligaciones suscriptas por 22 millones de dólares (en junio de 2016) era desfavorable para el Estado y que la operación se había empezado acordar antes de que Blaquier saliera de los directorios de las empresas en cuestión. Es decir, que habría actuado de ambos lados del mostrador, el patrón que se repite en tantos actos de gobierno.
