La protección del procurador interino Eduardo Casal al funcionario involucrado en el D’Alessiogate podría durar hasta después de las PASO. Ya lleva casi 130 días de impunidad.

El fiscal federal Carlos Stornelli cumplirá este lunes –cuando haya terminado la feria judicial– 130 días en situación de rebeldía, ya que faltó a los seis llamados a indagatoria a los que lo convocó el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, que sospecha que habría participado en ocho hechos de espionaje ilegal, aprietes y armado de causas descriptos en el “D’Alessiogate”. Goza, así de una situación de privilegio respecto de otros imputados, algunos de los cuales están presos. Lo que le ha permitido a Stornelli hasta ahora quedar eximido de la indagatoria es, por un lado, que el juez interpreta que la inmunidad de la que goza por su cargo impide que lo detengan aunque solo sea para que declare. Pero, en especial, se debe a que esa protección ha sido sostenida –hasta ahora– por los superiores del Ministerio Público que podrían revisarla. De hecho, solo podría dejarla sin efecto una decisión del Jurado de Enjuiciamiento o de la Procuración General, que dirige de manera interina Eduardo Casal. Pero éste último órgano ha manipulado plazos y procedimientos como para dilatar un decisión, todo indicaría que hasta después de las PASO. En tribunales dan como un hecho un supuesto pacto político que va de la mano con la apuesta del oficialismo y de los imputados en el expediente de Dolores a que la investigación pase a Comodoro Py.

Stornelli fue citado por primera vez a indagatoria para comienzos de marzo. Al cuarto faltazo Ramos Padilla lo declaró en rebeldía, el 27 de ese mes. La Cámara Federal de Mar del Plata respaldó esa declaración e incluso le indicó al juez que debía ser más enfático en su pedido ante la Procuración para que activara mecanismos para que el fiscal se pusiera, como se dice en términos legales, “a derecho”. Stornelli manejó a lo largo del expediente algunas estrategias simultáneas: evitar presentarse a indagatoria escudándose en los fueros para, a la vez, eludir un procesamiento; argumentar que hay una ofensiva en su contra que pretende afectar su actividad como fiscal, en particular en la causa de las fotocopias de los cuadernos y hacer presentaciones en ese sentido (como la denuncia basada en las controvertidas escuchas a ex funcionarios en el penal de Ezeiza también conocida como “operativo Puf”); y alegar que Ramos Padilla no es el juez natural para investigarlo.

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Como la Cámara de Casación también refrendó la declaración en rebeldía –una formalidad que en este caso tiene el efecto de poner en evidencia una situación que a casi ningún otro imputado no se le perdonaría— Stornelli hizo un último intento para que la Corte Suprema revise su situación. En consonancia, y como refuerzo, un fiscal aliado, Raúl Pleé, también planteó que los supremos deberían resolver la cuestión de competencia. La llave para dar aire o rechazar esos recursos la tiene, primero, la sala II de la Cámara de Casación, donde a través de Elisa Carrió el oficialismo amigo del fiscal ya logró sacarse de encima con una recusación al camarista Alejandro Slokar.

Como sea, ninguna de esas especulaciones del fiscal rebelde hubieran sido posibles sin un manejo acorde de los tiempos, que colaboró con la dilación, de parte de la Procuración General, el único órgano con facultades para intimar a Stornelli para que se presente. ¿Cómo y quién puede tomar esa decisión? Es una potestad del Procurador/a, aunque el Reglamento Disciplinario del Ministerio Público Fiscal habilita toda clase de artilugios. De hecho, en la Procuración hay dos investigaciones internas en marcha que podrían haber desembocado en alguna medida sobre Stornelli, pero que han sido prolongados de manera conveniente.

· Hay un sumario interno que tiene un solo objetivo, simple, que es establecer si Stornelli cometió alguna falta sancionable al eludir las indagatorias e incurrir en la situación de rebeldía. No es una discusión o análisis sobre hechos, sino de “puro derecho”. No hay mucho que probar, ni causas que pedir ni testigos que citar. Basta analizar el expediente y la rebeldía. El sumario se abrió después de que un “consejo evaluador” de cinco fiscales concluyera, el 13 de mayo último, que había razones para impulsarlo y determinar si existía alguna infracción en juego. Ahí tomó la posta, unos días después, el Procurador Casal y designó a un fiscal sumariante, que es Marcelo Retes. El reglamento dice que el jefe de los fiscales fija un plazo, el que quiera, para el desarrollo de ese sumario. Casal estableció 60 días, luego para colmo interpretó que eran días hábiles. A Retes la cuenta le daba septiembre. Todo ese tiempo para analizar simples reglas judiciales. Una vez que se cumpla el plazo, podrán seguir especulando: el sumariante le informará sus conclusiones a Stornelli, que tendrá la oportunidad de hacer un descargo, y luego Casal tendrá que expedirse. Para lo cual tampoco tiene plazos, sino que él mismo los decide. ¿Qué podría ocurrir? Que archive el caso, que impulse un jury, o una sanción. Pero no se sabe cuándo.

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· También tramita un expediente administrativo contra Stornelli que, aquí sí, analiza su conducta como fiscal en función de hechos concretos señalados en el expediente a cargo de Ramos Padilla. El artículo 30 del reglamento y el 73 de la Ley Orgánica, dicen que el Procurador le dará intervención al Consejo Evaluador (a menos que rechace de plano abrir una pesquisa). Sin embargo, eso no ha ocurrido, por lo menos en estos cuatro meses, mientras algunos funcionarios interpretan que ese paso debía darse en forma inmediata. Así, existe una investigación en trámite, que es supervisada por el propio Casal y un colaborador, que hasta ahora se ha limitado a juntar material. Aunque no cualquier material. En un comienzo fueron citados todos los empleados y funcionarios de la fiscalía y se pidieron copias de la causa que tramita en Dolores, que es el centro del asunto, donde a Stornelli se le atribuye participación en ocho hechos de extorsión y posible espionaje. Pero algo curioso ocurrió después: la Procuración empezó a juntar las denuncias que también hizo el fiscal federal en defensa propia y hasta convocó a declarar en persona a quienes lo han defendido públicamente, como Carrió y como el arrepentido estrella de Comodoro Py Leonardo Fariña. Stornelli había denunciado al falso abogado Marcelo D’Alessio, y se subió a una presentación –de Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, imputadas en Dolores– basada en escuchas tomadas en el penal de Ezeiza según la cual los ex funcionarios presos armaron un complot contra la causa de los cuadernos a través de la denuncia ante Ramos Padilla. Otra denuncia más se basó en un supuesto anónimo con la misma hipótesis que dijo haber recibido en la fiscalía. Todo esto tramita bajo secreto, algo que habilita el reglamento, que tampoco pone plazos para esta investigación inicial que en este caso ni siquiera ha pasado al consejo evaluador de fiscales.

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En definitiva, esta es la trama que le permite a Stornelli seguir sin presentarse a declarar como sospechoso, y a pesar de que se trata de la posibilidad de ejercer su defensa. La Procuración tiene un margen muy amplio para interpretar plazos a piacere y estirar los tiempos de manera funcional a la coyuntura y a los sectores del poder político, judicial y mediático que respaldan a Stornelli. El fiscal no sólo está bajo sospecha de haber participado en aprietes en el contexto de la causa de las fotocopias (como intentos de cámara oculta a abogados o la omisión de denunciar la extorsión que le declaró en su fiscalía Pablo Barreiro, hijo de uno de los ex colaboradores de CFK que estuvieron detenidos en el expediente), sino en otros como maniobras contra empresarios como el ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat, llevado por D’Alessio a declarar en su fiscalía bajo presión, y el presunto espionaje a Jorge Castañón, ex marido de su actual esposa, más el presunto intento –según surge de los chats con D’Alessio– de plantarle droga para armarle una causa. La apuesta a que pase el tiempo también incluye la especulación de que en algún momento, algún tribunal –el próximo a intervenir podría ser la Corte— le saque la causa a Ramos Padilla y la mande a Comodoro Py.

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