El diputado Tailhade denunció que el Ejecutivo les condonó a las empresas concesionarias multas por 35 mil millones de pesos y las redujo a 7 mil millones. También les permitió computar esos montos a futuras inversiones, en lugar de devolverles dinero a los usuarios damnificados por mal servicio.
El manejo “discrecional” del gobierno nacional con las distribuidoras eléctricas tiene un nuevo capítulo penal. El diputado Rodolfo Tailhade (FpV-PJ) denunció penalmente al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y al secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Antonio Garade, por el delito de malversación de fondos públicos, luego de que el Ejecutivo aprovechara el traspaso de las compañías Edenor y Edesur a las jurisdicciones de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires para modificar el contrato de concesión y condonar multas millonarias a las distribuidoras.
La denuncia especifica que la estimación de la deuda por multas de ambas compañías ascendería a 35 mil millones de pesos, pero el Estado las estableció en apenas 7 mil millones que serán computados a “futuras inversiones”, evitando que los usuarios reciban una compensación económica de 7 mil pesos promedio “en medio de los tarifazos eléctricos”.
En su presentación, Tailhade detalla que la “condonación de multas” comenzó con la decisión del Estado nacional de traspasar el servicio público de distribución de energía eléctrica a las jurisdicciones de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. En el acuerdo firmado el 28 de febrero de 2019 por el ministro Nicolás Dujovne, la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, las partes consideraron necesario que se dé una solución integral a los reclamos pendientes entre el Estado nacional y las concesionarias. Dos meses después, Lopetegui y Garade acordaron con Edenor y Edesur que los montos de las penalidades por Apartamientos de la Calidad del Servicio con destino a usuarios, impuestas por el ENRE a las concesionarias, se destinen a “inversiones adicionales” para el período 2017-2021.
Un acuerdo que, según la denuncia, viola el contrato de concesión y reglamento de suministro en la relación usuario y concesionario. “Por ello, y advirtiéndose que el gobierno nacional, con la finalidad de beneficiar de manera ilegítima a las empresas, ha modificado unilateralmente el destino de las multas que corresponden ser acreditadas en la cuenta de los usuarios individuales, sin que tuviera competencia para ello, se concluye con claridad que se han malversado fondos, dirigiéndolos hacia las concesionarias y sustrayéndoselos a los usuarios, únicos titulares de los montos dinerarios provenientes de las multas”, afirma la denuncia penal.
