Después de separar al juez Slokar, a pedido de Carrió, la Cámara de Casación «compensó» con dos decisiones importantes que desalentaron al Gobierno. Ramos Padilla seguirá al frente de la investigación de la red de espionaje contra los opositores y Stornelli sigue declarado en rebeldía.

La Cámara de Casación Penal Federal era ayer un hervidero. Después de desplazar a su colega Alejandro Slokar e impedirle intervenir en la causa sobre espionaje a pedido de Elisa Carrió, los jueces Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci decidieron equilibrar esa drástica decisión con otras dos: en un caso confirmaron que la investigación seguirá tramitando en el juzgado federal de Dolores de manera provisoria y en otra dejaron en pie la declaración de rebeldía del fiscal Carlos Stornelli, que faltó ya cinco veces a la indagatoria. El argumento técnico para mantener la causa en manos al juez Alejo Ramos Padilla es que lo que se debía revisar no era una sentencia definitiva, por lo tanto no es asunto de la Casación. En el caso de Stornelli dijeron que estaba mal concedido el recurso donde el fiscal cuestionó su declaración como rebelde. Esto último debería tener alguna consecuencia sobre el lento sumario administrativo que tramita en la Procuración General ante el pedido de desafuero y juicio político.

La pelea por sacarle a Ramos Padilla la causa también conocida como «D’Alessio Gate» y mandarla a Comodoro Py marcó la historia de este expediente desde sus comienzos con distintos tipos de maniobras, lo que incluyó una denuncia del Gobierno contra el propio juez en el Consejo de la Magistratura, así como la apertura de causas con las controvertidas escuchas tomadas en el penal de Ezeiza que Carrió y su equipo utilizaron para decir que había una conspiración contra Stornelli y debilitar la investigación de Dolores, que como es conocido incluye no sólo al falso abogado D’Alessio sino a ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, fiscales y jueces, pero también apunta a funcionarios de Gobierno, así como a la propia diputada de la Coalición Cívica y sus compañeras Paula Oliveto y Mariana Zuvic. Otra parte de la ofensiva estaba en la Cámara de Casación. Esta semana se habían presentado ahí, en forma masiva, varios imputados de la causa de Dolores, adhiriendo a un planteo del fiscal Juan Pettigiani de Mar del Plata, que pedían declarar la incompetencia de Ramos Padilla. Fueron Stornelli, D’Alessio, Carlos Liñani, Rodrigo González y Leonardo Fariña, entre otros, con el mismo pedido de correr al juez. Carrió se presentó en el mismo incidente donde se discutía la competencia cuando se dio por notificada de su imputación por presunta vinculación con la banda de D’Alessio.

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La respuesta de la Casación ayer fue que la causa seguirá en el juzgado federal de Dolores de manera provisoria. «No se verifica supuesto alguno que (…) permita hacer excepción a la regla según la cual los autos que resuelven cuestiones de competencia no constituyen, en principio sentencia definitiva», argumentó Ledesma. La jueza a la vez criticó a la Cámara de Mar del Plata por haber concedido el recurso con el argumento de la «gravedad institucional» del caso. Dijo que es una «inferencia meramente dogmática». Yacobucci, argumentó lo mismo en otras palabras e insistió con el carácter provisorio de la competencia. Al comienzo del fallo está llamativamente resaltada en negritas una frase del tribunal de alzada de Mar del Plata que señalaba que «continúe provisoriamente a cargo» el juez de Dolores. Yacobucci, además, insiste en poner en primer plano lo que opine el fiscal Juan Pablo Curi, al delimitar la investigación. Vale recordar que Curi en un comienzo se pronunció por enviar la causa a Comodoro Py.

En la misma resolución sobre la competencia, los camaristas decidieron apartar a Slokar ante el pedido de Carrió que alegaba que había pedido su juicio político en el año 2016. Dijeron que correspondía la recusación ante la sola existencia de una denuncia previa contra el juez de parte de una de las imputadas (Carrió en este caso). Lo más increíble fue que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo acababa de desestimar el pedido de juicio político en cuestión, sólo faltaba su paso por el plenario (ver nota aparte).

La declaración de rebeldía había sido apelada por el propio Stornelli, y ratificada por Ramos Padilla y por la Cámara de Mar del Plata. Fue a la Casación igual, y el mismo dúo de camaristas rechazó el planteo. «Los recurrentes limitan la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes del decisorio cuya impugnación postulan», sostuvo Ledesma. «No logran rebatir» los fundamentos de la Cámara, señaló. No está en juego, agregó en respaldo a Ramos Padilla, «ni la limitación del derecho a la libertad ni el derecho de defensa del imputado». Lo mismo sostuvo Yacobucci. En términos formales sostuvieron que el recurso estaba «mal concedido». El efecto es que Stornelli sigue declarado rebelde. La lógica sería que se convierta en un elemento de peso en el sumario administrativo contra el fiscal, que tramita en la Procuración, a cargo de Marcelo Retes, que debe definir si pide la apertura del juicio político. Si bien Ramos Padilla le planteó al procurador Eduardo Casal que era una discusión de «puro derecho» sin nada extra que demostrar, se habilitó un sumario de 60 días.

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En Tribunales hay quienes creen que la situación da margen a Stornelli para hacer tiempo y que, por ejemplo, intente recurrir ahora a la Corte Suprema. También podría ocurrir lo mismo con la discusión de competencia. Pero mientras tanto la investigación sigue, con declaraciones testimoniales importantes a partir de julio: Aníbal Fernández (ya que la organización habría intentado implicarlo en la causa del Triple Crimen de General Rodríguez, según declaró el fiscal Juan Bidone), Roberto Porcaro (un dirigente de Necochea espiado), el ex titular de aduanas Juan José Gómez Centurión (espiado según hallazgos en el celular de D’Alessio), Julieta Ciarmiello (secretaria del falso abogado D’Alessio) y Daniel Llermanos (abogado de Hugo Moyano, por pistas de que la Agencia Federal de Inteligencia habría armado causas en contra del líder sindical). También está citado por segunda vez a indagatoria el periodista Daniel Santoro.

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