Un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe evaluará, a partir de mañana, la responsabilidad de 14 represores que integraron el Ejército y la Policía de la provincia en los asesinatos y desapariciones de militantes comprendidos en lo que judicialmente se conoce como “Operativos área 212”, llevados a cabo de manera conjunta por las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico militar.

A partir de mañana, el Tribunal Oral Federal de Santa fe, compuesto por los jueces Luciano Lauría, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci, dará comienzo a este debate que repasará los detalles de una docena de casos crímenes y desapariciones de militantes de agrupaciones políticas setentistas durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1977. Entre los casos a evaluar se encuentran la llamada Masacre de Ituzaingó y Las Heras, un operativo conjunto de la policía local y las fuerzas militares en el que la cúpula de la organización Montoneros de la provincia resultó asesinada.

Años atrás un juicio oral evaluó responsabilidades de cuatro de sus autores sin haberlos condenado: fallecieron antes o durante el debate. En esta ocasión, por estos hechos y otros, serán juzgados los ex miembros del Ejército Ramón Recio, Jorge Balla y Luis Gómez; los ex policías Rodolfo Reible, Abel Romero, Carlos Albornoz, Mariol Aquino, Ricardo Brunel, Rolando Martínez, Rubén Vázquez, Luis Alberto Bellini, Juan Perizzotti y Raúl Giménez, y el ex oficial del Departamento de Informaciones Oscar Valdéz.

Se estima que declaren unos 80 testigos mientras que fuentes judiciales calculan que el debate se extenderá hasta agosto próximo.

El viernes, en tanto, la Justicia federal de la provincia emitirá su sentencia en el juicio que se desarrolla desde marzo pasado contra siete ex integrantes de la Policía local y el Ejército que durante la última dictadura cometieron delitos de lesa humanidad como parte de la “Patota santafesina”.

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Los imputados, seis hombres y una mujer, están acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, violación sexual agravada y violación en contra de diez víctimas. Para ellos, la Fiscalía solicitó penas de entre 8 y 23 años de cárcel.

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