Organismos de derechos humanos solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “adopte las medidas que estime pertinentes” frente a “la gravedad del problema de los presos políticos” en Argentina y “la violación de Derechos Humanos fundamentales” que esa situación acarrea. Los colectivos advirtieron al organismo internacional que la situación de decenas de personas encarceladas ”sin haberse fundamentado” tal decisión judicial “hace peligrar la vigencia de las garantías fundamentales de las personas consagradas en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”.

Los organismos de derechos humanos nacionales aprovecharon la presencia de la Corte IDH en el país, que por estos días lleva a cabo en la Ciudad de Buenos Aires su período de sesiones número 61, para “hacerle llegar nuestra preocupación por la situación grave que atraviesa Argentina debido a la gran cantidad de presas y presos políticos” que pueblan las cárceles. “Es una situación que nos parece grave porque implica una violación a garantías constitucionales, al debido proceso, y que refleja la política de este Gobierno de usar causas judiciales para perseguir opositores”, resumió la abogada Luz Palmás Zaldua, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

La iniciativa de la Liga junto al Foro por la democracia y la libertad de los presos políticos, la Asamblea permanente por los Derechos Humanos e Iniciativa Justicia, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. Capital, no es una denuncia en los términos estrictos –no es de manera directa que la Corte IDH toma casos en los que luego interviene, sino que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien debe remitirlos–.

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Es, más bien, una “puesta en autos”, un informe, en el que no obstante le piden que “adopte las medidas que estime pertinentes”. Lo hicieron a través de una carta que entregaron presencialmente esta mañana al secretario de la Corte, Pablo Saavedra Alessandri, en la que informan que en Argentina “se ha privado de la libertad ambulatoria a decenas de personas sin haberse podido fundamentar cuál sería la necesidad de tal injerencia en sus derechos fundamentales, sin poder predicar fundada y objetivamente que su permanencia en libertad podría implicar –ni siquiera en grado hipotético- algún tipo de riesgo para la continuidad del proceso penal que se les sigue”. Y que tal situación “hacen peligrar la vigencia de las garantías fundamentales de las personas consagradas en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”.

“Nuestra preocupación es grande ya que no encontramos período democrático en Argentina en el que un Gobierno haya estado dispuesto a intervenir con tanta virulencia en la disputa política”, postuló Palmás Zaldua. Según el análisis de los organismos remitentes del informe destinado a a la Corte IDH, esa “virulencia” radica en la utilización por parte de Cambiemos y el Ejecutivo liderado por Mauricio Macri, del Poder Judicial para “perseguir y disciplinar a militantes y dirigentes opositores, para tratar de desactivar organizaciones y proyectos contrapuestos al oficialismo”. Y así lo plasmaron en la misiva enviada al organismo internacional: “El Poder Judicial se ha transformado en un instrumento de disuasión, tortura y persecución al que echa mano a su antojo el Poder Ejecutivo Nacional”.

En ese sentido, vislumbran ese patrón no solo en las investigaciones judiciales iniciadas a partir de denuncias del Ejecutivo en contra de militantes, dirigentes y ex funcionarios de gobiernos anteriores, sino sobre todo en el encarcelamiento, bajo el régimen de prisión preventiva y sin fundamentos, de aquellos que son investigados sin fundamentos.

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La abogada integrante de la Liga apunta un dato más: “la diversidad del universo” de presos y presas políticas. En el recuento que llevan los abogados y abogadas integrantes de los organismos que trabajan en sus defensas y que los acompañan figuran los ex funcionarios de gobiernos kirchneristas, pero también los militantes detenidos durante las protestas en contra de la reforma previsional de diciembre de 2017, los presos en la causa del memorandum de entendimiento con Irán, trabajadores y sindicalistas de distintas vertientes de izquierda, militantes anarquistas.

“La estrategia es contra todo aquel que se pronuncie en contra del modelo aplicado por este Gobierno, sin miramientos. Y cuando eso sucede la amenaza contra el ejercicio de los derechos a expresarse libremente, a protestar o a integrar un proyecto político no apunta a determinado sector, sino a la ciudadanía en su conjunto. Hoy pasa con estos compañeros y puede pasar con cualquier otro. En nuestro país hubo personas que estuvieron detenidas unos días por twittear contra el presidente. El grado de gravedad es profundo”, sostuvo.

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