Se trata de la enfermera Vanessa Gómez Cueva, separada de sus otros hijos de 14 y 6 años. La representan Amnistía Internacional, el CELS, Cejil y Caref.
Cuatro organizaciones humanitarias se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que solicite al Estado nacional que permita el retorno al país de una ciudadana peruana que vivió 15 años en Argentina, que tiene tres hijos nacidos aquí, y que fue expulsada hace tres meses por la Dirección de Migraciones. Se trata de la enfermera Vanessa Gómez Cueva, de 33 años, quien en un plazo perentorio de tres días, en febrero de este año, fue obligada a salir del país con el menor de sus hijos, de 2 años, sin poder despedirse de los otros dos, de 14 y 6 años, quienes quedaron al cuidado de familiares de la madre. Lo que se pidió a la CIDH es que disponga una “medida cautelar” que permita el reencuentro de la familia, en el marco de lo establecido en el artículo 25 del reglamento del organismo internacional “ante situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas”.
La expulsión se concretó entre el viernes 1 de febrero y el domingo 3 del mismo mes, cuando la mujer fue detenida llevando en brazos a su hijo menor. En el aeropuerto de Ezeiza, agentes de la Policía Federal, ante su negativa a embarcarse en un avión con destino a Lima, la amenazaron con sacarle al niño y enviarlo, solo, hacia ese país. La expulsión se produjo en el marco de “un contexto regresivo en materia de derechos de personas migrantes en la Argentina”, a partir del decreto 70, de “necesidad y urgencia”, dictado por el gobierno de Mauricio Macri, que modificó en 2017 el texto de la Ley de Migraciones.
El anuncio de la presentación del caso ante la CIDH fue realizado por el abogado Juan Martín Villanueva, quien representa a Gómez Cueva, en una reunión de prensa realizada en la sede de Amnistía Internacional de Argentina. El organismo impulsa el pedido ante la CIDH, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref). El informe estuvo a cargo de Mariana Marques, de Amnistía; Diego Morales y Gabriela Kletzel, del CELS; Gabriela Liguori (Caref) y María Noel Leoni (Cejil).
Villanueva recordó que Vanessa Gómez Cueva fue acusada en 2010 de comercializar estupefacientes, luego de que encontraran en su poder “una pequeña cantidad de droga”. Cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo, aceptó un juicio abreviado y recibió una pena que terminó de cumplir en 2014, buena parte de ella con prisión domiciliaria. Una vez en libertad rehizo su vida y se graduó como Técnica Superior de Enfermería. Desde entonces trabajó al cuidado de pacientes adultos mayores, mientras estaba a cargo de sus tres hijos, dado que es madre soltera.
Sus problemas comenzaron cuando fue a sacar el DNI, dado que entonces se le dijo de manera informal que seguramente sería expulsada del país, como resultado de las modificación que introdujo en la Ley de Migraciones el DNU 70, firmado por el presidente Macri. El trámite de su expulsión comenzó cuando le enviaron una notificación a una casa en la que ya no vivía y que estaba desocupada, de manera que ella nunca se enteró. “Las autoridades de Migraciones tenían su teléfono celular, de manera que pudieron notificarla de manera fehaciente porque ella se había mudado”.
Cuando finalmente la ubicaron “le dijeron que se tenía que presentar para realizar un trámite, pero nunca le anticiparon que iban a expulsarla, de manera que se presentó sin ningún tipo de asesoramiento”, explicó Villanueva. Hasta ahora fueron vanas las presentaciones que se hicieron ante el juzgado contencioso administrativo federal 5, a cargo de María Alejandra Biotti. Diego Morales, del CELS, señaló que en forma paralela se presentó un recurso para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 70. “Ya tuvo un fallo favorable de la Cámara de Apelaciones, con el aval de los Fiscales, pero ahora tiene que intervenir la Corte Suprema de Justicia”. El recurso está ahora en la Procuración, que “tendría que expedirse también por la inconstitucionalidad”, consideró Morales.
La “medida cautelar” solicitada a la CIDH “en favor de Vanessa Gómez Cueva y sus hijos menores de edad” tiene por objeto “evitar el daño irreparable a sus derechos de integridad y a la protección de la familia y al derecho a la identidad de los niños”. Se recordó que las medidas cautelares han sido invocadas desde hace más de tres décadas “para proteger a miles de personas o grupos de personas que están en riesgo”. En el caso de Gómez Cueva, ni siquiera se dio intervención a la defensoría de menores. En la reunión de prensa se dijo que se sabe de otros casos y se teme que haya “muchos más”, que no han sido denunciados por sus víctimas. Se mencionó el caso de una mujer migrante que estaba enferma de cáncer que tuvo que ser internada de urgencia, y que falleció cuando supo que el gobierno argentino había decidido expulsarla del país por un antecedente penal, por una condena que ya había cumplido.
