Con el aporte del peronismo dialoguista, Cambiemos aprobó la reforma que habilita el aporte de empresas a las campañas y reduce la publicidad gratuita.

El Gobierno dio muestra de cuáles son sus prioridades en un Congreso paralizado. Cambiemos, con el aporte del peronismo “dialoguista”, convirtió en ley –con 148 votos a favor y 69 en contra– la reforma al financiamiento de los partidos políticos que habilita el aporte de las empresas a las campañas electorales y reduce a la mitad la publicidad estatal gratuita que establecía cierta equidad entre los distintos frentes y alianzas que compiten en los comicios. Los diputados de Cambiemos justificaron la reforma en que la bancarización de aportes y gastos a las campañas electorales favorece la “mayor transparencia y control” del proceso. Desde la bancada del FpV-PJ afirmaron que el aporte de las empresas es “la privatización de la política” y habilita el lobby empresario para favorecer sus negocios como contraprestación de la ayuda económica a determinado candidato a llegar a la Casa Rosada, y que “lo único que transparenta es el loteo del Gobierno a las empresas” como lo ha hecho el presidente Macri.

En medio de un Congreso clausurado al debate de proyectos para paliar la crisis económico-social, el oficialismo convocó a una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para convertir en ley uno de los proyectos que más anhelaba el Gobierno antes del inicio de la campaña presidencial: la reforma al financiamiento de los partidos políticos que le abrió las puertas al aporte de las personas jurídicas (empresas). Un objetivo que cumplió con el aporte del peronismo federal y Frente Renovador, más algunos partidos provinciales que también aportaron al quórum para abrir el debate. Solo el FpV-PJ, el FIT, Red por Argentina y algunos monobloques se opusieron a abrir el debate sobre el aporte empresario al financiamiento electoral y propusieron un sistema cien por ciento estatal.

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El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el macrista Pablo Tonelli, defendió la media sanción del Senado que le abrió el camino a las aspiraciones de la Casa Rosada. Tras repasar los puntos centrales de la iniciativa, Tonelli señaló que sus propósitos “son muy claros: básicamente mejorar, incrementar la transparencia en el financiamiento electoral, en el dinero que los partidos políticos reciben que se identifique a los que contribuyen y qué destino le dan a ese dinero los partidos”.

A la hora de comprometer su apoyo, el radical cordobés Diego Mestre defendió la “transparencia” que propone el gobierno con blanquear el aporte de las empresas con una estocada al kirchnerismo: “un alto funcionario del gobierno anterior reconoció que había recibido dinero sucio” para la campaña electoral.

La devolución la hizo la rionegrina María Emilia Soria, en defensa del proyecto de minoría del FpV. “Este proyecto tuvo su nacimiento mientras los principales líderes de Cambiemos estaban siendo sindicados como autores de graves delitos penales por manipular los datos de miles de aportantes en la campaña 2017”, recordó y agregó que “lo que estamos haciendo es solucionarle los problemas legales a Cambiemos”. Soria también sostuvo que “el objetivo de las empresas es el lucro” y que por lo tanto “después requerirán una contraprestación a cambio” por haber contribuido a un determinado partido que llegue al Gobierno. También cuestionó el respaldo de la sociedad civil que invocó el oficialismo al señalar que se trata en muchos casos de ONGs que “reciben aportes prohibidos y de países extranjeros”.

“No queremos empresas y mercados gobernado la política”, sumó su compañera de bancada Gabriela Cerruti al tiempo que remarcó que Cambiemos “ha loteado el gobierno a distintas empresas” y que lo que pretende el oficialismo es “transparentar ese círculo vicioso”.

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Desde el massismo, Diego Bossio criticó que el oficialismo solo disponga discutir el financiamiento de las campañas “mientras cierra el debate a la crisis económica, social y política profunda” que generó pero que “ni el presidente Macri ni Marcos Peña quieren que se discutan”. Enseguida la presidenta de la bancada, Graciela Camaño, dejó clara la postura política: “no vengan acá a hacer el discurso de la locura. No veo el escándalo. Simplemente estamos cambiando el método de financiamiento de las campañas y no que se haga por debajo de la mesa como se hacía hasta ahora”. El apoyo renovador al proyecto en general estaba garantizado, aunque luego en el tratamiento en particular votaron en contra del artículo 135 que es el justamente habilita el aporte empresarial. Los legisladores del CC-ARI, que integran Cambiemos, tomaron la misma decisión.

En cambio, en el peronismo federal eludieron los discursos pero luego votaron a favor del proyecto la mayoría de sus integrantes.

Felipe Solá, de Red x Argentina, le salió al cruce de los argumentos de Camaño acerca de que la mayor recaudación en la campaña no modifica el voto del ciudadano. “Decir que la publicidad no tiene mucha importancia, que la capacidad de difusión y la llega del mensaje del marketing de campaña, que es lo más caro del mundo, no incide sobre la capacidad de discernir del ciudadano, es un sofisma”, dijo y criticó –a modo de ejemplo– que “el ente regulador de la electricidad esté colonizado por Edenor y Edesur tienen una relación directa con el financiamiento de la campaña (de Cambiemos). No nos chupamos el dedo”.

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Desde el FIT, Nicolás del Caño sostuvo que la reducción a la mitad de los espacios cedidos gratuitamente en radio y TV “quieren acallar la voz de fuerzas políticas como la nuestra”. Mientras que Romina Del Plá ejemplificó que “los tarifazos de (el ex ministro Juan José) Aranguren, en representación de Shell” demuestran como “empresas y bancos garantizan sus negocios” a través de la política. Con los votos garantizados, el oficialismo tampoco dio lugar a modificaciones. El objetivo estaba garantizado y el aporte de las empresas a las campañas electorales ya es ley.

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