Por el estallido que se cobró la vida de 22 personas y dejó más de 60 heridos serán juzgadas 11 personas: la fiscalía acusa a 9; la única familia querellante, a todas.

Luego de casi seis años, mañana empieza el juicio oral y público por la explosión del edificio de calle Salta 2141, en el macrocentro de Rosario. A las 9.38 del martes 6 de agosto de 2013 todo cambió en la historia de la ciudad, tras una fuga de gas, a media cuadra de bulevar Oroño. Los once acusados llegan con pedido de condena por el delito de estrago culposo agravado seguido de muerte, figura penal que contempla una pena máxima de cinco años de prisión. En el siniestro hubo 22 víctimas fatales y más de 60 heridos, producto del estallido, el incendio y el derrumbe de una de las torres. Durante más de un mes, el tribunal compuesto por Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala evaluará las pruebas y el testimonio de 136 testigos. En la previa del debate, la Fiscalía adelantó que presentará cargos para nueve de los acusados; mientras que la única familia querellante acusará a los once imputados. “Queremos que vayan presos”, dijo Adrián Gianángelo, hermano de Débora, una de las víctimas.

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Tras una larga espera, el expediente llega a la instancia que los familiares vienen reclamando como parte de la reparación que persiguen, por la que se movilizaron cada 6 de agosto. El gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño, que trabajaban en el lugar el día del siniestro; tres integrantes de la administración del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli; los inspectores de la empresa Litoral Gas, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de esa sección, Claudio Tonucci, y la gerenta técnica Viviana Leegstra serán acusados por la Fiscalía. Por su parte, los querellantes también irán contra el gasista que estuvo en el lugar doce días antes, José Allala; y un tercer inspector de la empresa concesionaria, Gerardo Bolaños. Todos los imputados llegan al juicio en libertad.

Marcela Nissoria, esposa de Hubo Montefusco, otro de los fallecidos, recordó que el delito de estrago culposo agravado tiene hasta cinco años de prisión. “Es lo mismo si se muere una persona, 22 o 100”, lamentó sobre la eventual condena. En ese sentido, planteó que como familiar considera que el delito debía caratularse como un hecho intencional. “Ellos (el equipo de fiscales) nos dicen que no hubo dolo, pero a todos nosotros desde chicos nos decían que el gas y la luz son peligrosos. Entonces me parece que esto es lo mismo que atropellar a una persona por ir a alta velocidad o en estado de ebriedad y decir que no se la quiso matar. Si uno sabe que a esa velocidad o en esa circunstancia se puede provocar daño, hay dolo”, se quejó. “Acá hay una empresa que no tiene llave de corte ante una pérdida de gas”, planteó.

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Para la mujer, “elementos hay muchos. Hay que ver cuál es la lectura y la intencionalidad de esas pruebas por parte de los que imparten justicia”. Y manifestó temor de que “se quiera cargar las tintas sobre una sola persona, que no vean que fue una cadena de irresponsabilidades donde todos los acusados están involucrados. No quisiera que solo vaya el gasista preso o que sea el único culpable”, añadió. La acusación estará a cargo de Graciela Argüelles, María Eugenia Iribarren, Miguel Moreno y Valeria Piazza Iglesias.

En tanto, una sola familia quedó como querellante en el expediente judicial que comenzó antes de que entrara en vigencia en nuevo sistema penal en la provincia de Santa Fe, en febrero de 2014, por lo que se investigó en el marco del sistema escrito. El debate oral será el primer acto público en la causa.

La querella adelantó que, entre otras cuestiones, apuntará a la “desidia empresarial” de Litoral Gas, porque consideran que “se tomaron decisiones de desinversión”, dijo Gianángelo en la emisora LT8. Su abogado, Angelo Rossini, aseguró que las personas que estarán sentadas en el banquillo a partir de este miércoles y hasta mediados de junio, “son responsables”.

El letrado detalló que “por un lado están acusados el gasista y el ayudante que estuvieron trabajando aquel día (en un cambio de regulador), a quienes les cabe la figura de estrago culposo bajo la modalidad de comisión, por llevar adelante actos que desencadenaron en la tragedia; mientras que en el caso del otro gasista, los reclamistas y administradores, la acusación tiene que ver con la comisión por omisión, incumplimientos a normativas anteriores a la tragedia, pero que generaron todas las circunstancias para que ocurra, por no hacer lo que debían hacer”.

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