En el Senado, el PRO impulsa una iniciativa para impedir que al año haya más de cinco días de paro, seguidos o discontinuados.
El senador de Cambiemos y ex ministro de Educación Esteban Bullrich presentó un proyecto de ley para limitar los paros docentes a un máximo de cinco días al año. La propuesta ya está ingresada formalmente al Congreso. “Las huelgas docentes obstaculizan el aprendizaje dentro de la trayectoria escolar, generan grandes desigualdades en el acceso al saber y, si bien el derecho a huelga es un derecho constitucional, así mismo lo es el derecho a la educación”, argumenta en los fundamentos. La iniciativa cierra un círculo, ya que como responsable de Educación, Bullrich inició en 2017 la política de negar a los gremios la posibilidad de discutir el salario y la inversión educativa con el Estado nacional, lo que generó que desde entonces los conflictos docentes se multiplicaran a lo largo del país.
El proyecto plantea modificar el artículo 11 de la Ley 14.786 de Conflictos del Trabajo, para que las huelgas docentes puedan ser declaradas ilegales una vez que superen el cupo de cinco días, seguidos o discontinuados.
“Ningún derecho es absoluto y el derecho a huelga no debe ser la excepción. Consideramos que limitarlo a 5 días permite la convivencia del bien protegido por la libertad sindical así como el derecho a la educación, ambos de rango constitucional. Así como existe un mínimo de días que el Estado está obligado a cumplir para garantizar el Ciclo Lectivo, debe existir un límite a la huelga a los efectos de poder cumplir con dicha manda”, señala Bullrich.
La iniciativa fue criticada por los dirigentes gremiales. “En lugar de presentar un proyecto para garantizar la inversión necesaria en educación, tratan de amordazar a los docentes para que no reclamemos. No me llama la atención, porque es el Gobierno que más ha atacado la educación pública”, sostuvo el titular de Suteba, Roberto Baradel.
El proyecto ya fue presentado y girado a la Comisión de Trabajo del Senado. Aunque es improbable que logre ser sancionado, instala una baza más en la avanzada antisindical de Cambiemos.
En 2017, el Gobierno eliminó la paritaria nacional docente. Esto amplificó los reclamos en las paritarias provinciales. Siguiendo las directivas de la Casa Rosada, la provincia de Buenos Aires fue el escenario donde Cambiemos desplegó su batería de medidas contra los gremios. María Eugenia Vidal le pidió al Ministerio de Trabajo que le quitara al Suteba, principal sindicato docente de la provincia, su personería gremial.
En 2018 Cambiemos continuó en esa línea, con el objetivo de imponer un techo del 15 por ciento en las paritarias. La gobernación de Buenos Aires tomó nuevas medidas ejemplificadoras: puso en marcha una campaña oficial que sugirió a los docentes que se desafiliaran, por ejemplo, e impulsó la apertura de sumarios a los que participaron en los paros.
La caída de la imagen del Gobierno y la crisis económica decidieron este año a Vidal a dar un giro en su relación con los gremios docentes. El replanteo fue nítido, ya que en la paritaria bonaerense la provincia otorgó a los maestros la cláusula gatillo y aceptó dar una recomposición por lo perdido en 2018 debido a la inflación.
El territorio bonaerense no será en 2019 el centro del conflicto docente. Pero está latente la posibilidad de que los paros se trasladen al interior, donde –sin la paritaria nacional– los salarios de los maestros vuelven a sufrir fuertes desigualdades.
