Se descubrió una versión distinta de cómo fue la visita de dos altos jefes de inteligencia al juez que llevaba el caso de Pablo Moyano. Aquí la historia.
Se lo dijeron al juez Luis Carzoglio: “El Presidente está obsesionado con Pablo Moyano”. Y no se lo dijo cualquiera. La frase fue pronunciada por el jefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Sebastián De Stéfano, y el jefe de Finanzas, Fernando Di Pasquale, sentados en la oficina del magistrado. “¿Usted que quiere?”, le preguntó Di Pasquale al juez. Carzoglio dice que no entendió que le estaban ofreciendo dinero, pero ahora piensa distinto porque allí estaba el encargado de finanzas de la ex SIDE y sólo se explica su presencia si vinieron a ofrecer plata.
Carzoglio usó el estilo campechano que todos le conocen en Avellaneda. “Quiero hablar con el Presidente, pero primero tengo que ver el expediente sobre Moyano que recién me llega hoy”, contestó el juez. Se pudo reconstruir la historia tras conversaciones con funcionarios judiciales y con abogados que pidieron reserva de su identidad.
“Mire, le vamos a hacer las cosas sencillas”, le dijeron los hombres de la AFI. “Le vamos a mandar un borrador de una resolución de detención de Pablo Moyano para que usted lo firme. Le va a llegar dentro de un rato.”
Hoy Carzoglio tiene ese borrador guardado en una caja fuerte. Pero más asombroso todavía es que hay otro borrador entregado a otro juez. De cumplirlo, ese segundo magistrado debía firmar no solo la detención de Pablo Moyano. También la de Hugo Moyano.
El jueves 4 de abril la cúpula de la AFI, encabezada por Gustavo Arribas, estuvo ante la Comisión Bicameral de seguimiento de las actividades Inteligencia. Las sesiones son secretas pero por la diversidad de presencias trascendió que en el encuentro admitieron que dos personas de la ex SIDE fueron a ver a Carzoglio a su juzgado. Adujeron que buscaban saber si el juez iba a detener a Pablo Moyano. Su argumento fue que en ese caso podría haber una huelga general y manifestaciones y ellos debían estar al tanto para tomar las medidas necesarias.
Cualquier presencia de miembros del Poder Ejecutivo ante un juez significa por sí misma una presión objetiva. Y además el jefe de Legales y el jefe de Finanzas no parecen los funcionarios adecuados para evaluar las consecuencias políticas y sociales de la detención de un gremialista.
Tampoco es que la cita se pactó de manera oficial. Todo se hizo a escondidas. Según la versión del juzgado de Avellaneda, desde la fiscalía de Lanús de Mariano Leguiza llamaron por teléfono a un secretario de Carzoglio, Mariano Albanese. En el diálogo telefónico, el secretario entendió que podía surgirle una posibilidad de trabajo. Le consultó al juez. El magistrado le dijo que la cita le parecía extraña pero que fuera a escuchar.
El equipo de Carzoglio afirma que cuando Albanese llegó a Lanús, el fiscal Leguiza se subió a su auto, es decir que ni siquiera lo recibió en su despacho. Leguiza le dijo a Albanese que el Presidente Mauricio Macri quería hablar con Carzoglio. El secretario del juez –cuentan sus allegados– regresó a Avellaneda temblando. El magistrado lo tranquilizó con una frase: “Por supuesto, hablo con el Presidente cuando quiera. Como hablo con todos”.
El paso siguiente fue la visita de los dos altos cargos de la AFI. Carzoglio es conocido en el mundo judicial bonaerense como un magistrado de trato llano que llegó a su cargo siendo un hombre de edad. Recibe a todos los que quieren hablar con él, incluidos los familiares de las personas acusadas. No se le valora mucho su manejo de la teoría del
Derecho pero es muy querido por su trato de puertas abiertas.
De Stéfano y Di Pasquale fueron entonces a visitar al juez. La versión de Carzoglio señala que no es que quisieran saber si él iba a detener o no a Pablo Moyano en la causa relacionada con la barra brava de Independiente. No se trataba de saber. Se trataba de presionar.
En aquel momento la ola mediática sobre el tema era abrumadora y resultaba público y notorio que de esa manera el Gobierno estaba anunciando la detención de Pablo Moyano. Para variar, ya habían hecho declarar al barra Pablo Bebote Alvarez como arrepentido y los titulares se llenaron del tradicional “complicó a Moyano”.
En realidad las escuchas telefónicas presentadas en la causa no evidenciaban una relación de jefe a subalterno entre Pablo y Bebote, sino un vínculo de idas y vueltas, con exigencias del barra y respuestas tensas del camionero, que es dirigente del club. Pero esos matices no les importaban a los autores de la presión pública.
“El Presidente está muy interesado en el caso de Pablo Moyano”, le dijeron a Carzoglio los enviados de la AFI. Más aún: “Está obsesionado. Espera la detención de Moyano”.
Carzoglio les contestó que todavía no había recibido la causa porque recién se la estaba enviando el juez de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale. La insistencia por detener a Moyano provenía, en el terreno judicial, del fiscal Sebastián Scalera. Según denunció el abogado de los Moyano, Daniel Llermanos, fue puesto en juego por el procurador bonaerense Julio Conte Grand como “fiscal especial” sólo para perseguir a los dos dirigentes camioneros. Vitale venía rechazando los planteos de Scalera para detener a los Moyano y finalmente se declaró incompetente. Por eso, el expediente fue remitido a Avellaneda y recayó en Carzoglio.
La frase “¿Qué es lo que quiere?”, que según el juez escuchó de los dos enviados, no fue interpretada de entrada como una oferta de dinero. Recién después Carzoglio llegó a esa impresión. Al principio, como le habían hablado de tener un diálogo con Mauricio Macri respondió por ese lado: “Quiero hablar con el Presidente, pero primero tengo que ver el expediente”.
Lo asombroso ocurrió después. Los enviados de la AFI –reconocidos por Arribas ante la comisión bicameral de seguimiento de Inteligencia– le dijeron que le acercarían un borrador de resolución que Carzoglio debía firmar. Y así ocurrieron los hechos con una enorme velocidad. Unas horas más tarde, llegó al juzgado de Avellaneda una secretaria de la AFI. Entregó un sobre con un borrador. El texto indicaba que se ordenaba la detención de Pablo Moyano. El juez tiene guardado ese papel y espera exhibirlo ante la Justicia o ante la Comisión Bicameral. Más ahora que la ex SIDE reconoció que hizo la visita.
Junto a ese borrador, Carzoglio tiene guardado otro. Es que la AFI también intentó la maniobra con otro magistrado. Ese funcionario de la Justicia por el momento prefiere mantener la reserva de su nombre pero confirmó la versión de Carzoglio.
Con estos datos parece inevitable la convocatoria de ambos jueces a la Bicameral y a la Justicia.
En el caso del primer borrador –que fue anterior al que recibió Carzoglio–, el texto estaba listo para que lo firmase un fiscal pidiendo la detención. Al juez se lo exhibieron solo para que lo corrigiera. El plan era que luego el fiscal lo firmaría y lo entregaría. El dato es que el borrador preveía la detención de ambos dirigentes camioneros, Hugo y Pablo Moyano. El juez efectivamente hizo las correcciones, las que están anotadas de puño y letra por el magistrado. La copia la tiene ahora Carzoglio y también la exhibirá ante la Bicameral o en la Justicia. En esta última maniobra hubo –supuestamente– participación de Elisa Carrió: el magistrado admite una reunión entre ambos, pero dice que fue por otro tema.
El punto clave es que ya no es un juez el que dice que la AFI le entregó un borrador para que detenga a Pablo Moyano sino que son dos magistrados los que lo afirman. Se trata ya de evidencia irrefutable.
Una barra
La historia posterior es conocida. Carzoglio se negó a detener a Pablo Moyano y emitió una resolución sosteniendo que las pruebas no mostraban al camionero como jefe de la barra brava sino manteniendo una relación más bien tensa con los capos.
Más allá del expediente, era notorio que la Casa Rosada quería detener a los Moyano básicamente porque formaban parte del sector gremial duro contra medidas del gobierno, entre ellas la flexibilización laboral. Esa franja de gremialistas había frenado la reforma impulsada por el Ejecutivo.
Una evidencia del trasfondo fue que no había una investigación pareja con otras barras bravas: todo parecía centrado en la de Independiente. Y más notorio todavía resultaba la inexistencia de una investigación seria sobre la barra brava de Boca Juniors, el club donde el Presidente comenzó su carrera pública. Los episodios de los barras xeneises apretando a los jugadores fueron descriptos por la prensa, sin que se produjera una mega-investigación como la de Independiente.
El otro episodio que saltó a la luz fue el de los abusos sexuales a jugadores de las inferiores de Independiente. Según testigos que declararon en la causa, la misma aberrante explotación sexual de menores existía en otros clubes pero todo quedó en la nada. Los dirigentes de Independiente no terminaron en la mira porque fueron los denunciantes, pero con el tiempo aparecieron en escena personajes extraños como Natacha Jaitt, con vínculos con la AFI. También la banda de Marcelo D’Alessio hizo su legajo sobre el asunto y esa carpeta fue secuestrada por el juez Alejo Ramos Padilla en casa del falso abogado.
Respecto de los Moyano, lo cierto es que Carzoglio salió a la puerta de su juzgado el 16 de octubre de 2018 y explicó su rechazo a la detención de Pablo. También es cierto que desde entonces se desató una ofensiva contra el magistrado para destituirlo. Por arte de magia reavivaron un juicio político dormido y finalmente lo suspendieron bajo las acusaciones de librar órdenes de detención y allanamientos sin ponerles fecha y de permitir prisiones domiciliarias a detenidos sobre los cuales no tenía facultades.
El magistrado está suspendido desde diciembre. La suspensión vence en junio. Mientras tanto, en Twitter distintas personas contaron el viernes que se lo encontraron volviendo a su casa en colectivo.
Todas las maniobras parecen incluso torpes. Dejan a la Casa Rosada y su sucursal, la AFI, totalmente expuestos. También quedan bajo los reflectores el aparato judicial y el coro mediático que acompañó las jugarretas. La central de inteligencia ya admitió la visita a Carzoglio y seguramente negará que de sus oficinas hayan salido los borradores de detención de los Moyano. El problema es que del otro lado estará lo que van a afirmar dos jueces, a falta de uno. En una audiencia oral dirían: “No más preguntas, señor juez. Está todo probado”.
