En enero pasado, el Gobierno de Macri celebró que la corte Suprema de EEUU le pidiera su opinión a la Casa Blanca sobre la jurisdicción en el juicio que se instruye en ese país
En enero pasado, el Gobierno de Mauricio Macri celebró que la corte Suprema de Estados Unidos le pidiera su opinión a la Casa Blanca sobre la jurisdicción en el juicio que se instruye en ese país por la estatización de la YPF durante el kirchnerismo.
Sin embargo, desde este momento, la causa puede seguir en simultáneo sin que la Corte Suprema de EEUU opine al respecto. De esta forma, la investigación regresa al tribunal de Loretta Preska, la jueza de primera instancia que reemplazó al fallecido Thomas Griesa, el magistrado.
La causa se había iniciado por una demanda de la empresa Petersen, cuyo litigio lleva adelante Burford Capital Limited, y tras la decisión en segunda instancia contraria a YPF y el Estado argentino, fuentes del gobierno nacional informaron a Télam que será apelada.
«Es un proceso y hay que ir respetando los pasos. Y desde luego, acatarlos. Me refiero a que esto se apeló y no es el fin (de la causa), un rechazo, ni mucho menos: quedan recursos ante la propia Preska, la Cámara y la Corte Suprema de Estados Unidos», agregó la fuente.
La decisión de la Corte de Apelaciones del país norteamericano se dio en el marco de una decisión todavía pendiente de la Corte Suprema de dicho país sobre la jurisdicción en la cual se deberá llevar a cabo el proceso, cuestión solicitada por Argentina.
De esta manera, el máximo tribunal deberá decidir sobre tal cuestión, por lo que en enero pidió al Gobierno del presidente Donald Trump, su opinión al respecto.
«Ayer la Corte de Apelaciones decidió que la sentencia quede firme sin esperar al máximo tribunal», explicó a Télam el especialista y director de FinGuru, Sebastián Maril.
Asimismo, Maril informó que «ayer Argentina presentó una moción de emergencia en la Corte de Apelaciones pidiéndole que reconsidere la sentencia. Lo más probable es que la Corte no haga lugar y vayan a la corte de Preska, la cual les dirá que tienen que sentarse a negociar cuánto le tiene que pagar a los demandantes».
Según explicó Maril, tras la demanda por parte de la empresa española Petersen ante el juzgado otrora comandado por Thomas Griesa, por la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Preska consideró que «YPF violó las leyes del prospecto determinadas en la privatización de la empresa petrolera, por lo tanto es culpable en esta instancia».
«El caso fue presentado en 2015. Son dos empresas españolas que eran propietarias del 25% de las acciones cuando se nacionalizó. En el prospecto de la privatización se estableció que si en algún momento se producía un cambio de titularidad, el accionista mayoritario debe darle la oportunidad a los accionistas minoritarios de comprarle las acciones, pero en el gobierno anterior decidieron no hacer eso», sostuvo Maril.
«Al contrario, dijeron que iban a expropiar el 51% en manos de Repsol solamente. Eso es romper las leyes internacionales, por lo que Petersen perdió mucho dinero y defaulteó dos prestamos que había recibido la empresa de US$3000 millones», agregó.
Según los cálculos personales del especialista, el valor que Argentina tendría que pagar asciende a «US$1750 millones, más intereses».
