Desde 2016 pymes industriales bajas en sus ventas, siendo las pequeñas las más afectadas. A su vez, el achicamiento del mercado interno, el ajuste, la recesión económica y la retirada del Estado han hecho mella en la agricultura familiar.
Desempeño de pymes
En Argentina la dinámica comercial y productiva de las pymes, principales generadoras de empleo, siempre se encontró ligada a lo ocurrido en el plano macroeconómico. Además, el grueso de su producción se destina al mercado interno, donde las políticas contractivas, que provocan caída del consumo, tienen un impacto negativo directo. Según la Fundación Observatorio PyME (FOP), en 2016 las cantidades vendidas de las pymes industriales registraron una baja importante, siendo las pequeñas las más afectadas. Para el 2017, se registró un aumento de las cantidades vendidas, pero con estancamiento del nivel de ocupación. El 2018 no fue un período mejor que los anteriores, con caída de la producción y de la ocupación. Para la Unión Industrial Argentina (UIA), en su “Informe de Actualidad Industrial”, publicado el 19 de febrero de 2019, la industrial cerró el 2018 con una contracción de 3,4 por ciento.
Las altas tasas de interés, el incremento de las tarifas de los servicios públicos, el aumento de las importaciones, la extraordinaria inflación acumulada del ejercicio económico, que fue superior al 45 por ciento, y la caída de la demanda, conformaron un escenario muy adverso para las pymes. Así, los efectos de la devaluación se trasladaron a los costos de producción, más que en los precios de venta del sector.
En términos de rentabilidad, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en todo el 2016 la industria pyme cayó 5 por ciento. El 56 por ciento de las firmas tuvo rentabilidad negativa o nula, y creció la incertidumbre sobre el rumbo de la economía. En 2017 comenzaron a surgir como temas de preocupación i) el aumento de la competencia externa, mediante las importaciones, y ii) las subas de las tasas de interés, que incrementaron los costos financieros. Luego, a partir de junio de 2018, la caída de la producción fue una constante hasta final del ejercicio. En diciembre, el uso de la capacidad instalada terminó siendo del 56,6 por ciento, donde sólo el 32,6 por ciento de los empresarios trabajaron con rentabilidad positiva. A su vez, el atraso en los pagos, las subas de costos, especialmente insumos, servicios y financieros, fue deteriorando progresivamente la rentabilidad del sector.
En materia de empleo, la situación actual en la industria dista mucho de mejorar. La Secretaría de empleo confirma la mala dinámica del sector. En su “Reporte del trabajo registrado”, publicado el paso miércoles 27 de febrero, señala que la cantidad de asalariados de las industrias manufactureras cayó un 5,1 por ciento en 2018, registrando el peor valor del período en relación al resto de los sectores de la economía argentina.
En relación al comercio exterior, 2017 fue un buen año para las exportaciones industriales argentinas. De acuerdo con datos publicados por el Indec, las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron un 11,2 por ciento con respecto al 2016 (donde se exportaron 16.804 millones de dólares). Sin embargo, las pymes industriales quedaron al margen en la recuperación de las MOI en el comercio exterior argentino. Según la FOP, hacia julio del 2018 la proporción de pymes industriales exportadoras estables fue igual a la mitad de las registradas en 2009.
A nivel macroeconómico, recién desde septiembre la balanza comercial argentina comenzó a ser positiva, pero el nivel de exportaciones e importaciones se encuentra por debajo de los valores de 2011, y el saldo es más el reflejo de la reducción de las compras al exterior que del incremento de las ventas. Paradójicamente, este pobre desempeño se da en un contexto donde el tipo de cambio real multilateral es más competitivo.
Nuevamente se ha impuesto una clara interrupción en el sendero de desarrollo de las pymes de la industria argentina. Este es el resultado de dejar el futuro del sector librado a su suerte. Si no hay cambio de rumbo, que se materialice en la definición y diseño de instrumentos de política pública, entonces ¿por qué mejorarían los indicadores?
La agricultura familiar
En nuestro país y en toda Latinoamérica existen dos grandes sujetos sociales en el agro, el agricultor empresarial, el denominado agronegocio, ligado a las actividades de exportación soja, maíz, girasol, carne, etc.; que busca maximizar su tasa de ganancia, y que en los últimos años aumenta sostenidamente la concentración empresarial. Y por otra parte, y lo que hace a nuestro interés, la agricultura familiar, campesina e indígena, integrada por el 66 por ciento de los productores, ocupando el 13 por ciento de la tierra y que acerca la mayor parte de los alimentos que consumimos los argentinos y que tienen como objetivo la reproducción familiar y la continuidad intergeneracional de la unidad productiva. Existen problemas estructurales en el sector: falta de tierra propia para trabajar; comercialización desventajosa; nulo financiamiento; falta de infraestructura y de tecnologías apropiadas.
Las políticas del actual gobierno han beneficiado al agronegocio ya que la quita o rebaja de las retenciones y las bruscas devaluaciones, han permitido una mayor tasa de ganancia de los productores empresariales y del complejo exportador. Al mismo tiempo que, el achicamiento del mercado interno, el ajuste, la recesión económica, la retirada del Estado han hecho mella en la agricultura familiar, ocasionando el quebranto de numerosas unidades productivas familiares y el aumento de la pobreza en el sector.
Los agricultores familiares se ubican a lo largo y ancho de nuestro país, son también llamados pequeños productores agropecuarios, utilizan mano de obra familiar, viven en el campo, ocupan el territorio y son parte de la soberanía alimentaria de nuestro país. Según la zona y actividad productiva, son los llamados quinteros, campesinos, pequeños productores ganaderos, cabriteros, minifundistas, colonos, chacareros, etc.
Desde la crisis 2001-2002, se instauraron en nuestro país distintas políticas de apoyo para el sector: la creación del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (AF), de la Secretaría de AF, el fortalecimiento del INTA, con la creación del Centro de Investigación para la AF, y el fortalecimiento de los programas Cambio Rural y Prohuerta; la instalación del Monotributo Social Agropecuario a costo 0; distintos programas de subsidio y crédito, a la vez que retenciones diferenciales para agricultores familiares y finalmente la sanción de la Ley de Reparación Histórica de la AF.
¿Cuál es el escenario hoy? Todas estas políticas se han achicado, vaciado de contenido o directamente desaparecido, lo que denota la falta de interés en un sector socioproductivo, que no solo produce alimentos de excelente calidad y con precios accesibles a todos los consumidores, sino que permite sostener una “agricultura con agricultores”, un modelo productivo sustentable, que mitiga los efectos del cambio climático y permite generar ingresos y trabajo familiar, aportando al desarrollo de las distintas regiones del país.
Es importante destacar el fortalecimiento organizativo que se viene dando el sector, proceso que se origina hace unos diez años pero que se acelera en los últimos tres en respuesta al abandono del sector. El epicentro surge en los periurbanos del AMBA y luego irradia hacia el interior del país. La Unión de Trabajadores de la Tierra; el Movimiento de Trabajadores Excluidos (Rama Rural); la Federación Nacional Campesina; más organizaciones de larga data: el Movimiento Nacional Campesino e Indígena; el Frente Nacional Campesino, CANPO y sectores de la Federación Agraria Argentina, entre otras. Las mismas vienen siendo responsables de distintas acciones de protesta y visibilización: Verdurazos, Feriazos, movilizaciones que ponen en debate el modelo agrario y la necesidad de políticas públicas diferenciadas, tendientes a una producción sustentable y en manos de las familias trabajadoras de la tierra.
