No hay acuerdo en los fondos para la publicidad en medios digitales. El senador Luenzo reclama que el 50 por ciento vaya a portales de producción nacional.

Cambiemos volvió a fracasar en un nuevo intento de forzar el tratamiento en el Senado la modificación de la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que habilita el aporte de las empresas a las campañas electorales, hasta ahora prohibido. El problema que impide su llegada al recinto es la publicidad en medios digitales, donde los grandes buscadores internacionales de Internet se alzarían con el 70 por ciento de las campañas publicitarias, con dinero que irá a cuentas en el exterior y sin controles. Es por eso que ante un desenlace incierto de la sesión convocada para este mediodía, fuentes parlamentarias confirmaron que la sesión se realizará pero solo para votar la vuelta a un plenario de comisiones, que intentarán realizar a las 14 para emitir un dictamen de “consenso” entre algunas fuerzas políticas pero sin fecha de tratamiento en el recinto y antes de escuchar el informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Pero además, durante el encuentro de ayer –que no constituyó el carácter de plenario de Comisiones que participaron de la discusión–, el peronista formoseño José Mayans cuestionó al oficialismo por el cambio de reglas en el año electoral y en sintonía con el PJ nacional planteó que el Gobierno intenta un “fraude” con los cambios que introdujo por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el Código Electoral y del sistema de transmisión de datos para la elección presidencial.

Será el tercer intento frustrado del oficialismo en avanzar con el deseo del Gobierno de tener la nueva ley de financiamiento para las campañas electorales para la elección presidencial de este año. La reunión de ayer presidida por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, el peronista federal Dalmasio Mera, y de Presupuesto, el macrista Esteban Bullrich, se buscó apurar un acuerdo pactado entre ambas bancadas. Sin embargo, Mayans puso en duda la legitimidad de un plenario de comisiones que sesionaba sin quórum ni con la participación del resto de las comisiones que forman parte del debate.

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Pero oficialistas y opositores dialoguistas insistieron en la convocatoria para hoy con la promesa de que los asesores de las comisiones que participaron del debate (incluida Justicia) trabajarían contrarreloj para unificar en un texto que incluya las modificaciones para la sesión que arrancará al mediodía, antes del informe del informe de gestión de Marcos Peña, prevista para las 16.

El tiempo también conspiró para que pospongan la sesión, que llevaría un largo debate punto por punto de un extenso articulado que requiere de la aprobación con la mayoría agravada, esto es la mitad más uno de la totalidad de los miembros de la Cámara alta: 37 senadores. La decisión final fue realizar la sesión para votar su vuelta a comisión y convocar hoy mismo al plenario de comisiones que emitiría el dictamen que llegaría al recinto en una futura sesión.

Cambiemos y el Bloque Justicialista acordaron que los aportes de campaña que realicen las personas jurídicas (empresas) –hasta ahora prohibidas– tengan un tope del 2 por ciento del total de los gastos campaña. Pero no lograron consensuar las reglas para la publicidad en medios digitales.

Uno de los más firmes en reclamar modificaciones sobre este punto fue el peronista Alfredo Luenzo. El chubutense propone que el 60 por ciento del dinero destinado a los medios digitales se realicen en portales digitales argentinos con generación de contenidos propios y que la mitad de ello se destine a sitios de Internet con las mismas características del interior del país, para darle un contenido “federal” a la distribución de gastos.

Luenzo estima que el 70 por ciento del dinero de campaña se destina a Internet y no quiere que los grandes buscadores internacionales con sede en el exterior se lleven la mayor parte de la torta. Con el agravante que el dinero irá a parar a bancos en el exterior sin ningún tipo de control. Desde el oficialismo argumentaron que no se le podía imponer condiciones a las empresas privadas. A lo que Luenzo contrapuso, que mientras no se le reclama a los grandes servidores ninguna contraprestación se impone a los medios audiovisuales locales, “la mayoría con una crítica situación económica”, realicen la campaña gratuita sin sumar ingresos.

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