El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura hará el lunes pedido formal de remover al juez que investiga la trama de espionaje y extorsión política, mediática y judicial. Al oficialismo no le resultará fácil desplazar al magistrado.
El pedido de juicio político al juez federal Alejo Ramos Padilla que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri será presentado formalmente en el Consejo de la Magistratura el próximo lunes, según adelantaron fuentes del oficialismo en ese cuerpo. Lo presentará el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahíques, quien repetirá en su solicitud los argumentos que el Ministerio de Justicia hizo públicos en el comunicado que difundió ayer: que Ramos Padilla tuvo supuestamente una “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”. Una vez hecho el pedido, el tema quedará en manos de la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, donde al Gobierno deberá sortear varios obstáculos para lograr avanzar contra el juez que investiga la red de espionaje y extorsión política, mediática y judicial que quedó al descubierto a partir de la denuncia contra el falso abogado Marcelo D’Alessio.
Comprometido por la investigación que involucra a muchos de sus principales operadores, la Casa Rosada decidió avanzar a fondo contra Ramos Padilla. El Gobierno le recrimina al juez su presentación del último miércoles ante el Congreso, donde expuso sobre el caso que involucra al fiscal Carlos Stornelli, a quien ayer volvió a citar a indagatoria. Allí, Ramos Padilla reveló que “también hay diputados que utilizaban la red de espionaje” y les apuntó a las oficialstas Elisa Carrió y Paula Oliveto.
En este contexto, al oficialismo no le resultará fácil concretar en el Consejo de la Magistratura su embestida contra Ramos Padilla. «Espasmos electorales», deslizaban hoy entre los integrantes de la comisión de Disciplina y Acusación, que ya comenzaban a plantarse frente a la embestida oficial: «No van a llevar a este Consejo, que investiga con celeridad y ajustado a derecho, a los empujones».
Un dato que llamó la atención de la actitud de la Casa Rosada fue que no se anunció directamente la presentación de la denuncia contra Ramos Padilla, sino que comunicó que el Ministerio de Justicia le pidió a su representante en el Consejo, Mahiques, que la hiciera. «¿Por qué asumió tan abiertamente el gobierno de Macri la responsabilidad política de la decisión? ¿Estaban enterados y de acuerdo con la jugada los representantes del oficialismo en el Consejo?», se preguntaban entre los consejeros opositores.
La comisión de Disciplina y Acusación está presidida por el senador del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto. También la integran la diputada massista Graciela Camaño, el macrista Pablo Tonelli, la senadora radical Inés Brizuela y Doria, el representante de los abogados Juan Pablo Más Vélez, los jueces Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones y el representante de la academia, Diego Molea.
De los nueve integrantes de la Comisión se necesitan seis para emitir dictamen a favor de la destitución, que luego debe ser evaluada por el pleno del Consejo. Si bien tres responden obedientemente al Ejecutivo (Mahiques, Tonelli y Brizuela), en el Consejo consideran poco probable que los jueces Lugones y Culotta, por más que son cercanos al oficialismo, estén dispuestos a avanzar contra un par. “Tiene que ser una acusación muy, muy fuerte”, revelaban anoche. Tampoco será fácil que Molea, cercano al peronismo, acompañe la embestida. Habrá que ver qué actitud adopta Más Vélez, de cuna radical, pero cuyo voto no alcanzaría para conseguir el objetivo del macrismo.
En este marco, Ramos Padilla tiene que ir al Consejo de la Magistratura el 25 de marzo, pero por otro asunto: está concursando para ser juez federal de La Plata, un juzgado clave porque es el que tiene la competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Si bien hasta ahora está primero en la evaluación de candidatos que el Consejo debe elevar al Ejecutivo, está más que claro que Macri no seleccionará para enviar al Senado el pliego de un juez al que pretende destituir.
