Las querellas insisten en las “graves fallas en torno de todo lo relacionado con el hallazgo” y en que aún no vieron las imágenes.

En la causa en la que se investiga el naufragio del ARA San Juan, con 44 tripulantes a bordo, el presidente Mauricio Macri tendrá que prestar declaración como testigo –por escrito en atención al cargo que ocupa–, mientras que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, deberá responder nuevas preguntas que surgen de las actuaciones que lleva adelante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. La decisión fue tomada por la magistrada, ante el pedido de uno de los abogados querellantes. Por otro lado, otra de las querellas insistió en que “persisten las dudas sobre lo que pasó con el submarino, porque hay graves fallas en torno de todo lo relacionado con el hallazgo”. Algunas de esas dudas podrían aclararse, o no, el 23 de abril, día en el cual la jueza les mostrará, en una entrevista privada con familiares directos y adultos, de los 44 tripulantes, al menos algunas de las 67 mil imágenes que la empresa Ocean Infinity tomó del ARA San Juan, a 900 metros de profundidad, y que a cuatro meses del hallazgo de la nave todavía son una incógnita.

La exhibición de las fotografías tendrá “carácter reservado” y “sólo podrán acceder madres, padres, esposas/convivientes y/o hijos mayores de edad de los 44 tripulantes”, según la información que recibieron los familiares. Para presenciar la muestra de fotos, en el lugar donde se realice o por videoconferencia, tendrán que acreditar fehacientemente su condición de familiares directos. La jueza remarcó que para “evitar la filtración y divulgación de imágenes se impedirá acceder a los recintos con teléfonos celulares, cámaras y/ similares, preservando en todo momento el derecho a la intimidad de los familiares y en especial velando por los intereses superiores del niño y sus derechos”.

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Por otra parte, el pedido de declaración testimonial de Macri y la ampliación de Aguad, que ya respondió por escrito preguntas de la jueza,  fue formulado por el querellante Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes del ARA San Juan. La solicitud fue aceptada por Yáñez y en consecuencia, Tagliapietra presentará a los dos funcionarios un interrogatorio que se basa en todas las aclaraciones que considere necesarias sobre cómo ocurrieron los hechos y sobre todo, cuál fue la actuación de la Armada, en lo inmediato, cuando supo de la emergencia (el 17 de noviembre de 2018), las tareas de búsqueda que se realizaron, más la información respecto de todo lo relacionado con el hallazgo del submarino.

Valeria Carreras, querellante con el acompañamiento del estudio de Fernando Burlando, le dijo a este diario que “nunca estuvimos de acuerdo con citar para que se les reciba declaración testimonial al presidente Macri ni al ministro Aguad, por los mismos motivos que argumentamos por escrito en ocasión de haber citado al ex jefe de la Armada (Marcelo) Srur a una testimonial, porque sostenemos que aquellos que posiblemente puedan ser imputados no pueden ser citados como testigos”. Agregó que eso se debe a que “lo que digan en calidad de testigos no podrá utilizarse en su contra si llegan a ser imputados e incluso sus dichos en esa condición podrían ser objetados por nulos” por sus defensores.

Respecto de la situación en la que se encuentra la causa, Carreras consideró que “lo que pensamos es que hay graves fallas en torno al hallazgo del ARA San Juan, porque las imágenes aún no las hemos visto”. Sostuvo que “la empresa Ocean Infinity no aportó el software para verlas y luego de tres jornadas que se realizaron en el Servicio de Hidrografía  Naval, que aportó la tecnología para convertir las imágenes del sonar, tampoco accedimos a la batimetría porque faltaba un archivo que no envió la empresa, de manera que no pudimos avanzar en nada”.

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Carreras insistió en que la actitud que demuestra la empresa es totalmente opuesta a lo ocurrido en otros hallazgos de barcos en los últimos tiempos por Ocean Infinity. “Hace tres semanas la empresa halló un buque chino hundido en marzo de 2017 y en 48 horas le mostró a todo el mundo unas fotos cristalinas y nítidas, mientras que la República Argentina pagó (7,5 millones de pesos) por tres fotitos oscuras, parciales y sin datos (me refiero a las que mostró el ministro Aguad) y está claro que esta querella necesita tener acceso a las imagines para poder, junto a nuestros peritos. determinar qué es lo que realmente pasó con el submarino”.

Detalló que lo que necesitan corroborar es “la autenticidad de las imágenes y confirmar que no fueron editadas”. También quieren tener en claro “la planimetría para medir distancias entre los escombros/partes del casco del submarino desprendidos antes de llegar al fondo y concluir a qué profundidad se produjo el colapso de la nave”. Con esos elementos, recién entonces podría corroborarse la hipótesis de la implosión y determinar a qué profundidad se produjo.

También quieren “verificar los dichos del capitán (Héctor Aníbal) Alonso en su testimonial del 20 de diciembre de 2018, donde sostiene que los planos estaban hacia arriba y los tanques de soplado abiertos, lo cual indica que el submarino no estaba al garete, es decir a la deriva, sino que estaba su tripulación accionando todos los mecanismos para emerger”, situación que sería diferente de lo que había informado la Armada con anterioridad. Concluyó que “al ver las imágenes tendremos respuestas sobre lo que pudo haber pasado y sobre lo que no pasó; entonces realizaremos, en base a una hipótesis de lo ocurrido, las imputaciones que correspondan” y que ahora, según las autoridades navales, se deberían sólo a un “error” de los tripulantes.

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