El entonces comandante dijo que el Ejército no había investigado la muerte del soldado, pero justo el día en el que apareció el cuerpo había llegado al lugar un oficial de la inteligencia militar.

“No se dispuso que personal de inteligencia del Ejército realizara averiguaciones y recogiera información respecto de la muerte del soldado Carrasco”. En su declaración testimonial, por escrito, ante el Tribunal Oral de Neuquén, el ex titular del Ejército teniente general Martín Balza sostuvo que la conducción de la fuerza nunca pidió que se investigara el caso. Sin embargo, en la causa que llevó el juez federal Guillermo Labate, pudo determinarse que en la noche del 5 de abril de 1994, el general Carlos Alberto Díaz, entonces titular de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña –de la que dependía el Grupo de Artillería 161 de Zapala–, le ordenó al teniente coronel de inteligencia Eduardo Víctor Jordán que fuera a realizar averiguaciones que, resulta obvio, estaban relacionadas con la muerte del joven. Nada tiene de coincidencia que horas después de la llegada de Jordán, el 6 de abril, se haya reportado el hallazgo del cuerpo. Cerca de una decena de agentes de inteligencia estuvieron rondando por Zapala.

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De acuerdo con la declaración firmada por el general Balza, el “parte circunstanciado” con la novedad de la aparición del cuerpo, en momentos en que la desaparición del soldado ya era noticia en los medios periodísticos de todo el país, llegó al Estado Mayor de la fuerza, en el Edificio Libertador, en la medianoche del 6 de abril. Balza dijo que él se enteró, siendo el titular de la fuerza, el día 7 de abril cuando llegó a su despacho. Es curioso, cuando menos, porque la noticia estuvo en las radios y en la televisión el mismo 6 de abril, y fue tapa de los matutinos ese mismo 7 de abril de 1994. De allí surgió el propósito del juez Labate de investigar a Balza por “falso testimonio”.

El capitán Rodolfo Correa Belisle, que estaba de vacaciones cuando ocurrió la desaparición y muerte de Carrasco, fue acusado de presunto encubrimiento, tuvo que atravesar un juicio militar y fue obligado a dejar la fuerza. Hoy vive en Buenos Aires y se dedica a su nueva profesión: es abogado. Al declarar en el juicio oral, Correa Belisle aseguró: “Balza miente cuando dice que el Ejército no investigó el caso” y aseguró que él mismo fue interrogado sobre el tema en una reunión a la que fue convocado, que se hizo en la antesala del despacho de Balza. Aseguró, incluso, que existía un acta firmada por el coronel Mario Cretien, quien era el secretario del jefe de la fuerza.

De las declaraciones de Correa Belisle, en el juicio, surgieron datos que indicaron que había irregularidades en el certificado de defunción de Carrasco y que hasta se le había puesto, por error, el número de documento de identidad de otro soldado. En la causa judicial que llevó el juez Labate, surgieron sospechas y datos concretos sobre la intervención de decenas de integrantes del Departamento II (Inteligencia) del Ejército, al mando entonces del general Jorge Miná. Por ese motivo, el juez de Neuquén ordenó un allanamiento en el Estado Mayor del Ejército.

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Una denuncia originada en fuentes del Ejército, señalaba la participación en la investigación del Caso Carrasco de personal de inteligencia dirigido, desde el Edificio Libertador, por el coronel Carlos Alberto Roque Tepedino, ex jefe del Batallón 601 de Inteligencia, quien fue condenado luego por crímenes de lesa humanidad.

Cuando ocurrió el caso del soldado en Zapala, Tepedino tenía un despacho en el séptimo piso del Edificio Libertador, cerca del general Miná. El 7 de octubre de 1989, el militar había sido indultado por el presidente Carlos Menem. En ese momento estaba imputado de ser el instigador de hechos tan resonantes como el asesinato en Madrid de Noemí Esther Gianetti, y el de la diplomática de la dictadura militar Elena Holmberg.

La denuncia contra Tepedino, en el Caso Carrasco, fue como presunto “organizador” de las tareas de inteligencia en el cuartel de Zapala, desde su despacho, donde estaba a las órdenes del general Balza. El documento que incriminaba a Tepedino, al que tuvo acceso este diario, fue usado también en otras causas, entre ellas en la investigación del asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, por el que fue condenado a cadena perpetua el subcomisario Luis Abelardo Patti.

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