Neuquén cambió. Tras haber sido la provincia que le dio origen a los cortes de ruta en Cutral Co a mediados de los ’90, ahora la justicia local es una de las primeras en avanzar contra el derecho a la protesta de sus trabajadores. El juez de garantías, Mauricio Zabala, condenó al titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén (Sitramune), Santiago Baudino, por «entorpecimiento del normal transporte por tierra». Según el magistrado, se había afectado el derecho al libre tránsito «en horario complejo» y «en el centro de la ciudad». Desde la oposición, referentes del kirchnerismo y de la izquierda repudiaron el fallo, al que calificaron como un intento de «criminalizar la protesta». «Es un vergonzoso antecedente judicial que considera el ejercicio del derecho constitucional de peticionar como un delito», señalaron desde Unidad Ciudadana Neuquén. La CTA neuquina realizó esta mañana una conferencia de prensa para repudiar la resolución.

El 8 y el 11 de septiembre de 2017, el Sitramune realizó una manifestación frente al Palacio Municipal en reclamo de la reincorporación de 33 mujeres despedidas que prestaban servicio en el área de Desarrollo Social. El municipio, a cargo del intendente radical Horacio «Pechi» Quiroga, decidió iniciar una acción judicial contra los trabajadores por interrumpir la libre circulación. Si bien el Ministerio Público Fiscal desistió de sostener la acción, el juez Zabala decidió continuar la causa impulsada por la querella del municipio, a cargo del abogado Javier Pino.

Quiroga salió a festejar ayer la decisión de Zabala, en línea con el discurso de mano dura anti protestas que viene llevando adelante hace años y que sintoniza con el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Calificó el fallo como «histórico» y sostuvo que «marca un antes y un después» tanto a nivel provincial como Nacional. «Por fin un juez interpreta cabalmente lo que marca el Código Penal, anteponiendo el interés general y el bien común al interés de un sector que tiene como costumbre utilizar la violencia y la prepotencia para imponer la sinrazón», agregó el dirigente radical, que en las últimas elecciones a gobernador realizadas el 10 de marzo quedó tercero con el 15 por ciento de los votos. 

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Tanto el intendente como el concejal de Cambiemos, Mario Lara, fueron un poco más allá y apuntaron contra los fiscales Pablo Vignaroli y Valeria Panozzo, quienes consideraron que no había delito y decidieron no impulsar la acusación. «Hay que revisar las conductas de los fiscales que naturalizan estos hechos de violencia», señaló Quiroga, otra vez en línea con la Casa Rosada y el Presidente, que salen a cuestionar públicamente a los integrantes de la justicia cuando no actúa como les conviene.

En rechazo al fallo, Baudino denunció que se trata de «una clara persecución» contra el gremio y detalló que «era una época electoral y a Quiroga le subía los puntos mostrarse duro con los gremios para sumar votos». Si bien habían sido acusados otros integrantes del sindicato, sólo se lo condenó a Baudino. Según reveló el diario El Río Negro, en 10 días se darán a conocer los argumentos del veredicto y el plazo de la pena.

El diputado nacional del FpV, Darío Martínez, aseguró que el intendente “persigue a los trabajadores y en éste caso a un dirigente sindical que no hace otra cosa que defender los derechos de sus compañeros y compañeras de trabajo”. Para el dirigente kirchnerista, Quiroga al igual que Mauricio Macri y con la complicidad de algunos jueces, “intenta amedrentar y disciplinar a los trabajadores que se animan a pelear por sus derechos, a aquellos que se animan a plantarse ante las injusticias”. 

Desde el Frente Neuquino, que lidera el ex intendente Ramón Rioseco, se solidarizaron con Baudino y afirmaron:  «el fallo es contrario al sentido común, y condena la historia de las luchas populares de nuestra provincia. Los delitos penales requieren la intención de cometer un ilícito, nunca una protesta puede criminalizarse”, señalaron los diputados provinciales del frente, Mariano Mansilla y Eduardo Fuentes.

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“Quieren imponer el ajuste criminalizando la protesta social”, alertó el diputado provincial Raúl Godoy, del FIT, quien presentó en la legislatura un proyecto de declaración.

«Rechazamos las prácticas antisindicales del municipio de Neuquén», señalaron desde Nuevo Encuentro Neuquén, quienes agregaron que la empresa Pecom S.A. violó la tutela sindical al despedir sin indemnización a un delegado gremial de la sede de Añelo, lo que provocó que los trabajadores de esa filial se quedaran sin representantes gremiales. «Estamos convencidas y convencidos que la organización sindical de los trabajadores, además de estar en nuestra Constitución, debe ser una práctica de defensa cotidiana», asegura el comunicado firmado por Rodolfo Canini y Asuncion Miras Trabalón.

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