Las imputaciones concretas contra el fiscal Carlos Stornelli se multiplicaron en una de las resoluciones del juez Alejo Ramos Padilla, y pasaron a ser seis. Dos de las tres nuevas tienen lazos con la causa de las fotocopias de los cuadernos. En una aparece el fiscal implicado en el presunto encargo de una cámara oculta contra el abogado Javier Landaburu, que representa entre otros al empresario Eduardo Eurnekian. El objetivo de la filmación era defender a Stornelli porque se decía –y figura en una escucha que consta en la causa– que pagó 600.000 dólares para que no lo detengan ni allanen. D’Alessio debía conseguir desvincular a Stornelli de esa coima. La segunda imputación nueva contra Stornelli tuvo que ver con otra extorsión, a Pablo Barreiro, hijo de un histórico colaborador de los Kirchner. A él y a su hermano les pidieron 250.000 dólares, terminaron pagando 40.000, cuando los amenazaron con que Stornelli iba a pedir su detención. Por último, se agrega ahora una nueva imputación a Stornelli porque le ordenó a D’Alessio que investigue a un ciudadano peruano, Jorge Christian Castañón, que supuestamente cambió billetes auténticos por falsos, aunque el pedido de que lo investigue parece tener otros objetivos, bastante oscuros.

Estas tres acusaciones contra el fiscal se suman a las tres ya existentes: extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest; el armado de una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira y la maniobra para llevar a declarar a un ex empleado de Pdvsa, Gonzalo Brusa Dovat. En este último caso lo acompañó D’Alessio, estuvo durante la declaración en la fiscalía de Stornelli, sin ser abogado ni tener matrícula.

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La imputación por el caso Landaburu tiene que ver con una escucha en la que D’Alessio contó que el empresario Eurnekian pagó 600.000 dólares para no ir preso y no ser allanado. El falso abogado da por supuesto que parte del dinero fue para Stornelli. Landaburu fue el abogado de Eurnekian y Paolo Rocca, así como de Javier Sánchez Caballero, de Iecsa y Juan Carlos De Goicoechea, de Isolux, ambos cercanos a los Macri. El defensor asumió la defensa de Eurnekian después que Mariano Cúneo Libarona hiciera declaraciones contra las presiones a las que estaban sometidos los llamados arrepentidos en la causa de las fotocopias. D’Alessio revela en una escucha que Eurnekian pagó 600.000 dólares y el objetivo de hacerle una cámara oculta a su abogado era defender a Stornelli, supuestamente desvinculándolo de la coima. La cámara oculta nunca se habría concretado.

En el caso de Pablo Barreiro, tanto él como su hermano fueron sometidos a una tremenda presión, con la amenaza de que iban a ir presos. Hubo una fuerte operación para que tomaran contacto con D’Alessio, pero la parada la copó el estudio Vila-Archimbal. Según los hermanos Barreiro, les pidieron una fortuna para no ser detenidos –250.000 dólares– y terminaron pagando 40.000. En el medio, Pablo Barreiro fue a declarar a lo de Stornelli y le dijo al fiscal que lo estaban extorsionando. Incluso mencionó a D’Alessio. Esa declaración no aparece en la causa.

Finalmente, hay varios mensajes de Stornelli a D’Alessio pidiéndole que investigue a Castañón, un ciudadano peruano que aparentemente es piloto de una filial de cargas de la empresa United. Sin embargo, en los audios, D’Alessio afirma que es falsificador de billetes y que los dólares fabricados por él fueron usados para reemplazar billetes auténticos en causas judiciales. Stornelli le insistió varias veces a D’Alessio en que esperaba resultados de esa investigación.

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