Las casualidades de Comodoro Py

En Comodoro Py la causalidad no existe. Por caso, poco después de que se conociera la decisión del juez Alejo Ramos Padilla de llamar a indagatoria al fiscal Carlos Stornelli en la causa por extorsión y asociación ilícita que tiene como detenido al falso abogado, Marcelo D’Alessio, se conoció el anuncio del juez federal Julián Ercolini de elevar a juicio oral la causa que se conoce como Hotesur donde está procesada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros, por supuesto lavado de dinero. Algo similar ocurrió en mayo pasado cuando en medio de la escalada del dólar, Ercolini dictó el procesamiento contra CFK. Demasiada casualidad.

La causa, que nació en 2014, será debatida en juicio oral y público donde además de la ex presidenta también estarán sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner y también el detenido empresario Lázaro Báez. Los otros procesados son Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner, el empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice y el contador Víctor Manzanares entre otros.

Para el juez, los procesados formaron parte de “un complejo entramado societario” que se puso en marcha “para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado”. Según Ercolini el supuesto entramado gira alrededor la empresa Hotesur, propiedad de los Kirchner, que explotaba el Hotel Alto Calafate y que junto a otro llamado Las Dunas, eran alquilados a Valle Mitre, una firma de Báez, para su administración.

El juez entiende que a través de esos alquileres se blanqueaba en el mercado el dinero obtenido por la “adjudicación irregular” de obra pública vial en Santa Cruz. Curiosamente la ex mandataria y actual senadora nunca ocultó la relación comercial y sostuvo que todos los pagos se hicieron con cheques y transferencias a precios de mercado. Incluso el fallo de Ercolini en ningún momento considera que los valores fueran exorbitantes. Por otra parte, la defensa de CFK considera incompresible el razonamiento que hace el magistrado para hablar de retornos porque los contratos de obra pública ascienden a 46 mil millones de pesos y los cuestionados pagos de alquileres de los hoteles es de 27 millones de pesos.

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