Por el caso de Lucía, el Acnudh y el comité que monitorea la aplicación de la Convención de Belém do Pará instaron al Estado argentino a garantizar acceso a la ILE.

El “convenio de colaboración” por el cual el Ministerio de Salud y Desarrollo Social entregará más de un millón de pesos a sectores antiderechos para acciones en torno a mujeres con “embarazos inesperados”, gestión de una línea 0800 incluida, se focaliza en las adolescentes, a las que propone captar mediante un “abordaje proactivo a la embarazada en un Centro Sanitario”, según detalla el documento, al que tuvo acceso este diario. A esas chicas, en la etapa de “asesoramiento (toma de decisiones respecto al hijo)” la “Red nacional de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable” les propondrá dos alternativas: “criar a su hijo” o “darlo en adopción”. Eso sucederá aun cuando el convenio inscribe la actuación de la “Red” en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que –como informan online el ministerio de Salud y Desarrollo Social y el de Educación– tiene entre sus objetivos “fortalecer políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del embarazo según el marco normativo vigente”.

El acuerdo tendrá la modalidad de “proyecto social de acción conjunta”, es decir que “se desarrollará bajo la modalidad de gestión asociada, promoviendo una estratégica participativa de gestión con la intervención activa y directa de la Fundación en su implementación bajo el monitoreo de la Secretaría”.

Los ideólogos del convenio “para la implementación de proyectos sociales de acción conjunta entre la Secretaría Naciona de Niñez, Adolescencia y Familia y la Fundación Vida en familia” detallaron el miércoles en el Congreso, durante la presentación del acuerdo (que, como documenta la fotografía, incluyó rezos), que las acciones estarán a cargo de “más de 200 instituciones” de todo el país. Lo que no dijeron de manera explícita los organizadores, y tampoco advierte el convenio suscripto entre el ministerio a cargo de Carolina Stanley y la titular de la “Fundación Vida en Familia”, Evelyn Rodríguez, es que esas entidades son de neto corte confesional. Este diario pudo acceder a un listado parcial de las “más de doscientas instituciones” que así lo ratifican (ver aparte).

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Los objetivos específicos del convenio son la “atención telefónica a la mujer en situación de embarazo no intencional, prioritariamente adolescente” y el “abordaje proactivo a la mujer en situación de embarazo no intencional, prioritariamente en el ámbito sanitario donde ella recurra”. El acompañamiento puede comenzar tras un “acercamiento” personal o telefónico y continuar con el “seguimiento del embarazo hasta el alumbramiento” a través “de los equipos de las instituciones interdisciplinarios (sic) que conforman la Red”. El “asesoramiento (toma de decisiones respecto al hijo)” trabajará con dos hipótesis: “criar a su hijo” o “darlo en adopción”. Luego del parto, habrá “orientación” que consistirá en “acompañamiento emocional, social, de salud, jurídico y en la medida de lo posible económico a la mujer durante la crianza del bebe” y tambien en “aconsejamiento a cada mujer y pareja (en el caso que la hubiera) en valores de vida y en la planificación de futuros embarazos asesorando en la elección del método anticonceptivo adecuado”.

El trabajo de la línea telefónica estará a cargo de dos operadoras en la semana y una tercera, “voluntaria”, los fines de semana, que trabajarán en “Villa Regina, donde la Fundación Vida en Familia, responsable del proyecto, tiene su sede”. Su tarea será supervisada por Alfredo Weber, presidente de esa fundación, “quien mensualmente lo elevará a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia”, en cuyo nombre en diciembre del año pasado firmó el convenio Gabriel Enrique Castelli.

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