El último punto por definir es la autorización a los sindicatos a realizar aportes de campaña. El bloque de Cambiemos se opone a esta posibilidad.

El Senado intentará el próximo 10 de abril dar media sanción a una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos. La empresa no será sencilla porque Cambiemos y el interbloque Argentina Federal no lograron zanjar sus diferencias y presentaron dos dictámenes distintos pero además, toda reforma electoral requiere para su aprobación una mayoría absoluta (37 votos) que ningún bloque tiene por sí solo. La principal diferencia pasa por autorizar a los sindicatos a hacer aportes de campaña, derecho al que se opone el gobierno de Mauricio Macri. La rionegrina Magdalena Odarda, por su parte, presentó un tercer proyecto que directamente se opone a permitir el aporte de empresas que, a su entender, implica “la privatización de la democracia”.

Hace una semana el Senado votó pasar a un cuarto intermedio por las diferencias sobre el tema. Ayer al mediodía, con el mismo escenario, decidieron devolver el tema al plenario de las comisiones de Presupuesto, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales. “El acuerdo está muy avanzado pero lo que no podemos es bajar al recinto con modificaciones, (que) no nos pongamos de acuerdo y todo termine mal”, explicó el jefe de los senadores del PJ, Miguel Pichetto. En el debate en comisiones, los legisladores se pusieron de acuerdo en el punto principal de la iniciativa, que es la bancarización de los aportes de campaña, y en la habilitación para que las empresas puedan financiar a los partidos (algo prohibido en la actual legislación) por una cifra que equivalga hasta un 2 por ciento del total de gastos autorizados. Incluso se resolvió el conflicto por la propaganda en medios de comunicación digitales. Pichetto dijo que se estableció que los aportes del Estado que reciben los partidos en campaña deben destinarse en un 50 por ciento a medios nacionales y/o provinciales y el resto será de “disposición libre”. La discusión se trabó cuando el peronismo buscó incorporar a los gremios como aportantes de campaña. “Una persona jurídica que cotiza en bolsa o que es proveedora del Estado no está prohibida” como aportante, remarcó el justicialista Mario País y se preguntó: “¿Se lo vamos a prohibir a asociaciones gremiales o profesionales con fines nobles que buscan el mejoramiento social y colectivo?”. En tanto, el radical Ángel Rozas se opuso: “Que la conducción de un sindicato esté orientada hacia un partido es lógico pero las bases son políticamente diversas. No podemos permitir que toda la asociación apoye a un partido porque a su dirigencia se le ocurrió acompañar a un candidato”, dijo.

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