A dos semanas de su comienzo, la Justicia federal de San Martín decidió suspender el nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo que tiene entre los 19 acusados a varios represores que, hasta hoy, no han dado explicaciones sobre las violaciones a los derechos humanos de las que fueron partícipes y protagonistas durante la última dictadura cívico militar. Según la cédula de notificación que recibieron las querellas, la suspensión se debe a que no está conformado el Tribunal Oral Federal número 1 del departamento judicial que debe hacerse cargo del juicio y tampoco están disponibles los recursos que éste solicitó el año pasado a la Corte Suprema. Entre los crímenes sufridos por las más de 200 víctimas que serán analizados en el debate figuran los de obreros de la automotriz Mercedes Benz y de militantes ferroviarios, casos que tampoco han sido evaluados ante la Justicia.

Sobrevivientes de la última dictadura, familiares de aquellas personas que fueron víctimas fatales y organismos de derechos humanos esperaban desde finales del año pasado el inicio de este “super mega juicio” vinculado con Campo de Mayo, uno en el que están unificadas un cúmulo grande de causas vinculadas a la represión estatal desplegada durante la última dictadura cívico militar con epicentro en esa repartición militar entre las que figuraban casos que por primera vez serían ventilados ante un tribunal. La fecha de inicio se sabía desde octubre pasado: 7 de marzo de 2019.

El viernes pasado, sin embargo, las partes fueron notificadas vía cédula judicial que tal cosa no sucedería. El documento informó la decisión de los únicos dos jueces que integran, hasta el momento, el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, encargado de llevar adelante el debate, de suspender su comienzo por entender que “no están dadas las condiciones”. Daniel Gutiérrez y Silvina Mayorga advirtieron que no cuentan con tercer ni cuarto juez para llevar adelante las audiencias que, por otro lado, decidieron que serán los martes de cada semana. A mediados de febrero, la jueza Nada Flores Vega, que había sido designada para completar la terna, rechazó la nueva tarea por exceso de trabajo en su propio tribunal y desde entonces no ha habido nueva designación.

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Por otro lado, los magistrados remarcaron que no habían, hasta el momento, “tomado conocimiento de la resolución del pedido de fortalecimiento de la necesaria dotación y recursos de este colegiado dirigido a la Corte Suprema”. Según la notificación, el pedido fue presentado a los ministros en agosto del año pasado y reiterado en octubre. En la misma cédula informaron que el 28 del mes próximo realizarán una audiencia preliminar preparatoria del debate, lo cual indica que las falencias actuales para esa fecha estarían solucionadas.

La unificación de las causas que derivó en este mega juicio resultó en un debate que contendrá más de 200 casos de secuestros, desapariciones y asesinatos de militantes, muchos de ellos obreros de diferentes rubros. Una de ellas repasa el secuestro y la desaparición de una docena de obreros y ex obreros de la automotriz Mercedes Benz. Otra repasa la desaparición de trabajadores ferroviarios. Ninguna de estas víctimas ni sus familiares han tenido, todavía, la posibilidad de reparación histórica que otorgan los juicios de lesa humanidad.

Otra de las características de este mega juicio cuyo comienzo quedó, otra vez, en el limbo, tiene que ver con los acusados. De los 19 ex integrantes del Ejército, ex policías y civiles los que en esta ocasión integrarán el banquillo, por lo menos siete llegan a esta instancia por primera vez.

Se trata de represores a los que sobrevivientes de Campo de Mayo recordaban por sus alias y que, tras un largo trabajo de investigación no solo judicial sino también de unidades que durante la década pasada fueron erigidas para asistir al proceso de memoria, Verdad y Justicia en diferentes estamentos del Estado, fueron identificados. Es el caso de Carlos Villanova, un policía que se retiró de la Federal en 2004 y que, hasta que fue apresado por pedido de la justicia de primera instancia de San Martín, años después, vivía plácidamente en Vicente López. Villanova se hacía llamar “Gordo 1” en las entrañas de la dependencia militar en donde torturaba y desaparecía. El alias de Julio Fusco, en tanto, era “Pajarito”. Fue detenido en 2015. Mario Domínguez, alias “Escorpio”, Miguel Angel Conde, Francisco Agostino; Luis Del Valle Arce y el ex jefe de logística de Campo de Mayo, Benito Ángel Rubén Omaecheverria completan la lista de los “sin condena” que deberán rendir cuentas por primera vez.

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