La autopista Rosario-Córdoba, bajo jurisdicción de la Nación, se encuentra en tan mal estado que la intendenta de Carcarañá dispuso que los usuarios no pagarán peaje en su jurisdicción mientras no se solucione el problema.
La intendenta del municipio de Carcarañá –jurisdicción sobre la que se encuentra una estación de peaje en la autopista Rosario-Córdoba– clausuró ayer las cabinas de la concesionaria luego de una virulenta polémica de los usuarios de la ruta nacional con la concesionaria, que se negaban a pagar el peaje por el deplorable estado de la cinta asfáltica. Si bien la funcionaria, Verónica Shuager, explicó que la clausura se debe a la falta de habilitación de las cabinas de la empresa concesionaria, quien se hizo cargo en agosto pasado, señaló que la firma es “la principal responsable de esta situación al igual que Vialidad Nacional, que es quien debe hacerle cumplir sus obligaciones a la concesionaria”. La deuda por el Derecho de Registro de Inspección ascendería al millón y medio de pesos.
Schuager detalló que “a la empresa le informamos en varias ocasiones en sus oficinas, incluso con telegramas y cartas documento, sobre la deuda de habilitación que lleva la concesionaria desde agosto pasado cuando tomó posesión, y nunca tuvimos respuesta”.
La resolución de la intendenta se registró luego de que gran cantidad de usuarios subieran a las redes sociales en los últimos días videos donde mostraban cómo llegaban al peaje y se negaban a pagar la tarifa debido al pésimo estado de la traza. “Más allá de las excusas de la concesionaria, los usuarios padecen el problema de cómo está la ruta y necesitan respuestas”.
Hace ya varias semanas los reclamos de los usuarios se hicieron escuchar y los videos comenzaron a aparecer en las redes mostrando el enojo de los automovilistas por el pésimo estado del pavimento y la gran cantidad de baches y pozos, lo que dificulta y pone en peligro la seguridad de los automovilistas.
A principio de este mes, incluso, la Defensoría del Pueblo de la Provincia solicitó a las autoridades de Vialidad Nacional y a los encargados de la empresa Corredor Panamericano II que tomen medidas para garantizar la seguridad vial en ese corredor, fundamentalmente en el tramo entre Carcarañá y Roldán. Sin embargo, los inconvenientes van mucho más allá de ese tramo.
Ayer en tanto, Leandro Bond, titular del gremio de los trabajadores de peajes (Sutracovi), aseguró que se le pidió “a los trabajadores no confrontar con los usuarios porque en el tema de la ruta tienen razón los automovilistas”, y añadió: “Desde la concesionaria nos dicen que están esperando los avales de Vialidad Nacional. Pero los usuarios tienen que padecer ahora el problema de cómo está la ruta y necesitan respuestas”.
Por su parte el representante de la concesionaria Corredor Panamericano II S.A Juan Manuel Alvarez desconoció en diálogo con la prensa sobre si la situación planteada por la intendenta de Carcarañá es tal: “Nos dicen que necesitan tener la habilitación, y los del departamento de legales están buscando corroborar que esto es cierto, estamos esperando si nos dice si corresponde o no a nosotros pagar las multas que hacen falta, porque tenemos entendido que existe una deuda del anterior concesionario. Pero si nos corresponde, haremos el trámite administrativo de la habilitación para pagar lo que se debe y levantar la clausura”.
Alvarez recordó que el 1 de agosto se tomó la concesión que estaba en obras en un tramo de la autopista, “esos tramos los tenían que terminar en octubre y no lo hicieron ellos. Para terminar esa obra hicimos el trámite administrativo en Vialidad Nacional, que aún no nos autoriza para continuarla nosotros. Esa obra la tenían que hacer ellos, pero no podemos avanzar en mejorar la traza si Vialidad no la autoriza”.
Según aseguró, Vialidad Nacional tiene la responsabilidad de obligar a la empresa a cumplir con dicha habilitación, a la vez que remarcó que “lo que se busca es la regularización de esta situación, por la seguridad de los usuarios así como también de los mismos empleados del peaje, que nos manifestaron con la clausura que temen por sus fuentes de trabajo”.
