El lunes arriba la misión del FMI. Una revisión que no se limita a las cuentas. Definiciones de peso en un año político.
Con la llegada de la nueva misión del Fondo Monetario Internacional este lunes, para la tercera revisión del programa económico trienal impuesto a partir de junio de 2018, todas las miradas del ámbito económico estarán puestas en torno a las actividades que desarrolle Roberto Cardarelli, responsable principal del equipo de auditores. De su mirada y su evaluación dependerá, se supone, la aprobación del desembolso por 11 mil millones de dólares de la cuota del préstamo prevista para marzo. No se espera que haya obstáculos para ello, salvo sorpresas que, en este tipo de relaciones, nunca hay que descartar. Pero su evaluación también incluye una proyección sobre cuál será el grado de avance que pueda alcanzar el plan del Fondo en el transcurso de este año, y también algunas previsiones para 2020 (el plan de 36 meses se prolonga hasta mediados de 2021). Allí sí aparecen algunas dificultades, que abarcarán el análisis del contexto económico, pero también político, para avanzar en otros planos (además del financiero y cambiario), en los cuales existen intereses muy concretos: reducción de subsidios y suba de tarifas, reforma laboral y, además, una no explicitada reforma previsional.
Nadie lo dirá abiertamente, pero todos lo saben: el FMI trabaja con dos escenarios para 2020, según el resultado de las presidenciales de este año. El año próximo, la entidad que encabeza Christine Lagarde podrá tener ante sí la continuidad de un gobierno dócil al cual le impuso el plan económico, el ministro de Hacienda y algunas decisiones fundamentales de política económica que se toman desde Washington (la última fue la modificación del esquema de subsidios para los productores de gas de Vaca Muerta, provocando el choque con Paolo Rocca, de Techint), lo cual le ahorraría inconvenientes a la abogada francesa. O bien, un gobierno de signo distinto, que asumirá muy condicionado por la deuda externa y el programa que acompañó el acuerdo stand by, lo cual lo dotará de instrumentos para presionar y lograr alinearlo a sus intereses (o los que representa, para expresarlo más apropiadamente).
En función del dilema, el FMI juega con dos objetivos que pueden resultar contraproducentes: hacer lo posible para que Cambiemos siga en el gobierno, pero a la vez apurar algunas transformaciones económicas estructurales que con un gobierno de otro signo se le haría más cuesta arriba. En este plano se inscriben los cambios que el FMI pretende incorporar a los regímenes laboral y previsional.
No será la marcha del plan de ajuste fiscal, ni mucho menos las medidas de política monetaria adoptadas para “equilibrar” los mercados financieros y cambiarios los que preocupe a los funcionarios bajo las órdenes de Cardarelli. Aunque el equilibrio financiero alcanzado (ver nota aparte) sea frágil, los resultados tendrán la conformidad del Fondo. Seguramente, en cambio, merecerá alguna observación la tensión política generada por la quita o baja de subsidios. Un punto central de la agenda que no será informado es la preocupación por la firme oposición que presentó el bloque de 30 intendentes bonaerenses contra el tarifazo eléctrico, una reacción política que se buscará desalentar antes de que convoque a otros a sumarse o imitarlos. Pese a que hubo múltiples protestas anteriores contra los tarifazos, es la primera vez que la convocatoria tiene los alcances de la actual, no sólo entre sectores políticos, sociales y de usuarios, sino incluso a nivel de grupos empresarios y académicos. Este grado de resistencia será evaluado como una amenaza cierta a la estrategia de seguir bajando subsidios y subiendo tarifas de servicios públicos, herramienta central para alcanzar la meta de reducción del déficit en las cuentas públicas.
Un párrafo aparte merecerá la consideración de la reacción del grupo Techint por la modificación del régimen de precio subsidiado a la producción de gas en Vaca Muerta. El FMI mostrará su satisfacción en la forma en que el gobierno de Mauricio Macri asumió el costo de enfrentarse a Paolo Rocca, desplazar al secretario de Energía desautorizándolo (Javier Iguacel), para reemplazarlo por Gustavo Lopetegui, quien asumió para aplicar el tope a los subsidios gasíferos que el propio FMI había dispuesto desde Washington. No escapará a ese balance una evaluación de los costos políticos de enfrentar al gobierno con el grupo concentrado más poderoso del país.
La reforma laboral, buscando principalmente reducir costos de contratación de personal y de su despido, además de la eliminación de normas que restringen las posibilidades de cambio en sus condiciones de trabajo, es una asignatura pendiente, con varios turnos de examen salteados. El último intento del gobierno fue buscar el acuerdo por sector de cámaras patronales y sindicatos de trabajadores para consensuar cambios de condiciones en el sentido mencionado más arriba. El fracaso fue más que rotundo en las dos convocatorias realizadas: textiles en una, metalúrgicos en otra, rechazaron la propuesta, incluso con el plantazo de alguno de los convocados que ni siquiera concurriera a la cita. “¿Qué les pasa? ¿No les interesa que les bajemos los costos laborales?”, le preguntó un funcionario a un dirigente empresario tras uno de estos encuentros frustrados. “Sí, nos interesa, pero en el contexto de la recuperación del consumo para que se reactive la demanda; estamos parados porque no hay ventas, y ustedes ofrecen medidas que van a reducir más la capacidad de consumo del trabajador. ¿Para qué nos sirve bajar los costos laborales?”, le respondió, palabra más, palabra menos, su interlocutor. De estas cosas deberá hablar el gobierno con la delegación visitante del FMI, para explicar por qué sigue sin encontrarle la vuelta a la reforma laboral.
En diversos documentos del FMI se señala la intención de reformar el sistema previsional en forma parcial, aunque sin mencionar la vuelta al régimen de capitalización privada. Sin embargo, el especialista y ex director de Anses Miguel Fernández Pastor anticipó el plan que intentaría ejecutarse este año para avanzar aceleradamente hacia un régimen diferenciado de retiro para trabajadores de altos ingresos y el resto. El objetivo sería ir hacia un sistema mixto, en el cual los seguros de retiro jugarían el rol de las ex AFJP, con acceso privilegiado para sectores de altos ingresos. El resto quedaría en un régimen general que los habilitaría a llegar a un haber, a su jubilación, de no más del 35 por ciento de su último nivel de ingreso como trabajador activo. Esta transformación se daría por vía de pequeñas reformas parciales pero no por una propuesta de reforma previsional, que habilitaría una discusión amplia. Su viabilidad será tema de la agenda reservada de los encuentros de estos días con la delegación del FMI.
Como otras definiciones mencionadas más arriba, se trata de un cambio que varía centralmente el escenario con el que se encontrará el próximo gobierno. El FMI lo sabe y a eso viene.
