Dos organizaciones de derechos humanos, Andhes y Cladem, pidieron que se ordene al Estado respetar la voluntad de la niña.
Cada vez más voces reclaman al sistema sanitario de Tucumán que garantice el acceso a una interrupción legal de embarazo a la niña de 11 años, violada por la pareja de su abuela, que ingresó al Hospital del Este Eva Perón por “autolesiones”, luego de intentar suicidarse como consecuencia de la dramática situación que está atravesando. Según publicaron ayer medios provinciales –entre ellos La Gaceta–, en el Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad de 7 de Abril, donde la atendieron por primera vez, le habrían detectado el embarazo a las 16 semanas, y desde entonces le están poniendo trabas para el aborto, que ella misma pidió, lo que confirmaría que hay una perversa estrategia institucional antiderechos –como ocurrió en Jujuy semana atrás y antes en Chaco– que apunta a dilatar la decisión para que finalmente no se pueda practicar y la tortura se prolongue sobre el cuerpo infantil que el Estado, de esa forma, vuelve a violar. El embarazo lleva casi 24 semanas.
Ayer, a través de un amicus curiae, dos organizaciones de derechos humanos, Andhes y Cladem, pidieron a la jueza de Familia de la Quinta Nominación del Poder Judicial de Tucumán, Valeria Brand, que ordene al Estado que respete la voluntad de interrumpir el embarazo de la niña. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, imploró ella ante una psicóloga del hospital, donde permanece internada, y consta en la historia clínica, según confiaron fuentes judiciales. La niña, la menor de tres hermanas, nunca buscó esa gestación: la embarazó la pareja de su abuela, que tenía su guarda porque a la mamá se la habían quitado cuando un novio suyo llegó a abusar de sus dos hijas mayores. En la internación tiene crisis de llano y angustia.
“Estamos sumamente preocupadas por el patrón de conducta que se está viendo en los sistemas de salud provinciales en relación a los embarazos forzados de niñas, haciéndolas transitar esos embarazos, que son tortura, a pesar del pedido reiterado, como en el caso de la niña tucumana, de acceder a la interrupción legal de embarazo, demorando los trámites, y llevándolas a momentos en que la cesárea se transforma en el único método de interrupción del embarazo. La cesárea no es una ILE. Nos preocupa que se estén tomando los cuerpos de las niñas, su vida, su salud física y psíquica, sus posibilidades de desarrollo, como especie de tubos de ensayo, para ver de qué manera pueden hacer efectivo su slogan de ‘Salvemos las dos vidas’. Pasó en Chaco, donde murió la niña gestante y el producto de la gestación, en Jujuy, donde murió el producto de la gestación y no queremos que pase ahora con la niña en Tucumán”, señaló la activista feminista tucumana Adriana Guerrero, de Cladem. Guerrero adelantó que la organización regional recurrirá tanto a los sistemas legales nacionales como internacionales para que se garanticen sus derechos.
La presentación de Andhes y Cladem se suma a las que hicieron el 15 de febrero ante el secretario de Salud, Gustavo Vigliocco, y el Ministerio Público Fiscal, Mujeres x Mujeres, la Guardia Feminista de Abogadas y Ni Una Menos Tucumán.
El escrito de Andhes y Cladem insta al Poder Judicial local a contemplar los estándares mínimos de protección de Derechos Humanos para Niñas, Niños y Adolescentes y observar los estándares internacionales de derechos humanos que establecen que obligar a las niñas, jóvenes y mujeres a llevar a término un embarazo producto de una agresión sexual, viola de manera directa la integridad personal, social, sexual y existencial de las víctimas, así como los derechos a la autonomía reproductiva.
Además recomienda, en primer lugar, que se cumpla de forma urgente con el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo. Y se considere el derecho de la niña a ser escuchada y que su opinión sea tenida en cuenta “ya que es de público conocimiento” que ella expresó en reiteradas oportunidades su voluntad de practicarse una ILE y que “existe una negativa injustificada de sus padres, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña”. El derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes, es un valor fundamental y constituye uno de los cuatro principios que rigen en materia de niñez, apuntaron las entidades.
En segundo lugar se recomienda poner en funcionamiento el “Protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia”, ya que tal como denunció este diario, no se puso en marcha. Ese protocolo fue aprobado por el propio Ejecutivo provincial y el Poder Judicial tucumano en 2015.
Preocupa “enormemente” a las dos organizaciones la situación a la que fue expuesta la niña y las presiones actuales “que está recibiendo respecto a continuar con el embarazo producto de una violación, en contra de sus deseos y manifestaciones, como así también el riesgo que corre la vida de la niña al permitir el avance del embarazo en curso”. “Entendemos que es fundamental que el Poder Judicial tome en cuenta nuestra presentación y garantice la plena vigencia de los derechos de la niña”, explicó Guerrero.
Tal como viene denunciando este diario, hay una trama institucional antiderechos en Tucumán, que incluye a su gobernador, Juan Manzur, la ministra de Salud, Roxana Chahla, al secretario de Salud, Gustavo Vigliocco, y Elizabeth Avila, la directora del Hospital del Este, donde está internada la niña.
Con el correr de los días, el cuadro es cada vez más dramático: la niña llora y el Estado la sigue torturando, prolongando un embarazo que ella nunca quiso ni buscó.
