El ministro del Interior Rogelio Frigerio anunciará esta tarde un endurecimiento de los controles para las personas que quieran radicarse en el país, en línea con las medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri para obstaculizar la entrada y permanencia de los migrantes en Argentina. Según pudo saber Página/12, se trata de “nuevas medidas adoptadas por el organismo sobre el historial de los certificados de antecedentes penales». Según dejó trascender el Gobierno, incluirá la obligatoriedad de un certificado que acredite la carencia de antecedentes en los últimos 10 años. 

Puntualmente, la medida implicará que el postulante que esté haciendo el trámite para ingresar al país, no pueda continuar con el proceso si no cuenta con el certificado en cuestión. La decisión gubernamental llega semanas después de que el Ejecutivo suscribiera un convenio de cooperación y asistencia entre el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Migraciones y la Justicia de seis provincias, con el objetivo de “combatir el delito transnacional”. 

Tras haber emitido el cuestionado decreto 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones y habilitó un procedimiento de detención y deportación express, el gobierno volverá a intentar vincular la inmigración con la delincuencia. Los números lo desmienten categóricamente: menos del uno por ciento de las personas migrantes tuvo conflictos con el sistema penal y el porcentaje de personas extranjeras encarceladas ronda entre el 4,9 y el 6 por ciento de acuerdo a los registros. 

«El objetivo es que todas las personas que vengan a la Argentina no tengan condenas previas que queden ocultas por la legislación de cada país. La Argentina ofrece la verdad al mundo y queremos reciprocidad», dijo al diario La Nación Horacio García, el director de Dirección de Migraciones. 

Mirá También:  Apostillas del Congreso
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