El juez federal Ariel Lijo, ordenó las primeras medidas de prueba en una causa en la que se investigan posibles delitos en el financiamiento de la campaña electoral de Cambiemos para la presidencia de Mauricio Macri en 2015. Algunas de las maniobras bajo la lupa consistían en pagos millonarios en negro a proveedores y el presunto desvío de recursos de la Ciudad de Buenos Aires. Lijo pidió el informe de financiamiento de la campaña en manos de la jueza electoral María Servini de Cubría, la lista de las personas responsables de su organización y de la rendición de cuentas, y a la Inspección General de Justicia le requirió los balances, estatutos y composición accionaria de un grupo de empresas que habrían prestado sus servicios.

El puntapié de esta causa fue una investigación del periodista Juan Amorín que, a su vez, dio lugar a un expediente preliminar realizado por el fiscal Jorge Di Lello. Después de juntar información, consideró que había maniobras sospechosas. Amorín declaró que había encontrado “referencias a pagos en efectivo a proveedores de la campaña presidencial relativa al año 2015 relacionados con distintos actos de Mauricio Macri en diferentes puntos del país” que, al ser comparados “con el informe de campaña presentado por la Justicia electoral”, resultaba que “la mayoría de los gastos no estaban rendidos o lo estaban por un importe menor”.

En las planillas a las que había accedido advirtió anotaciones que aludían, por ejemplo, a “pagos cash” o “IVA si corresponde”. Precisó que, en relación con un acto en Costa Salguero, “había una planilla de Excel donde se consignaban pagos en efectivo por 2 millones”, y lo mismo sucedía respecto de actos en otros lugares, como Córdoba. Aparecían referencias específicas al proveedor “Charly Kauf” que “según esas planillas obtuvo más de un millón de pesos en efectivo por el servicio audiovisual en distintos eventos. Detalló correos electrónicos entre el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires con un proveedor llamado “CAP Publicidad” en los que se pasaba presupuesto por materiales –que se habrían adquirido– con la leyenda “Macri 2015” por 5 millones de pesos, aunque en la rendición figuraban 600 mil.

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En función de estos datos, el fiscal Ramiro González pidió las primeras medias en diciembre. Además del pedido de balances y rendiciones de gastos de campaña, reclamó información sobre un grupo de funcionarios que habrían intervenido, datos sobre las empresas CHK Servicios Audiovisuales, CAP Publicidad y Televaz, a la IGJ y también a la AFIP, previo levantamiento del secreto fiscal. En el caso del Ente de Turismo, en el momento de los hechos estaba a cargo de Fernando De Andreis, quien desde diciembre de 2015 es secretario general de la Presidencia.

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