Primero fue Clarín, y es ahora es La Nación la que decreta el fin de sus talleres, con la consecuencia de despidos y precarización de las condiciones laborales. Todo al amparo de un gobierno que apoya con pauta publicitaria a los medios afines mientras protege sus negocios.

El hombre entró a la Secretaría de Trabajo con un traje de tres salarios mínimos. En la reunión con la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) dijo cumplir órdenes de Julio César Saguier, director de La Nación. “No aceptamos la conciliación obligatoria”, disparó.  Las autoridades laborales no opusieron resistencia pese a que había sobre la mesa los telegramas de unos setenta empleados. La planta impresora cerraría de inmediato sus puertas, con trabajo solo para los policías que a sueldo del Estado custodiaban una propiedad privada.

La (nueva) masacre empresarial se consumó a exactos dos años de que Clarín hiciera lo mismo con AGR, su imprenta. El diario de los Mitre y el de Magnetto están hermanados en lo visible y lo invisible: socios en Papel Prensa, socios en ADEPA (la cámara de medios escritos), socios en la agencia DYN (que liquidaron echando a un centenar de personas). Es de Clarín la planta donde –según denuncia la FGB- se imprime La Nación, aunque corresponde al diario El Litoral de Santa Fe; las instalaciones fueron inauguradas en marzo de 2008 por el propio Héctor Aranda, CEO de Clarín, con una inversión de 9 millones de dólares. Es personal de Clarín Matías Fredriks, el que ahora representa a los Saguier, de rol central en los casi 400 despidos de AGR. Durante la furia privatizadora de los ’90,  el abogado de costoso uniforme había sido director de Asuntos Laborales de la Comisión Liquidadora de ENTEL, bajo el mando de María Julia Alsogaray.

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“Durante todo diciembre la empresa venía hablando de un plan del 40+40+40; cuarenta trabajadores menos, cuarenta horas extras menos por mes, cuarenta por ciento menos de sueldo”, explica Darío Sosta, delegado de la Comisión Interna de la planta. Por retiros voluntarios, hubo sí unos 30 empleados que optaron (¿optaron?) por dejar sus puestos con un 20% más agregados a  sus indemnizaciones. La Comisión Interna ofreció seguir adelante con las tareas aún con menos dotación,  pero rechazó la reducción de la jornada laboral (por violatoria del convenio colectivo) y la rebaja salarial. Sosta agrega que “participábamos de una ronda de negociación hasta que ellos, unilateralmente, cerraron la planta; nunca mostraron sus libros contables como para que argumentaran problemas económicos, está claro que buscan precarizar y ajustar sus costos”.

La Nación ocupó en 2018 el quinto lugar en el reparto total de la pauta publicitaria del poder ejecutivo nacional, sólo por detrás de Clarín, Grupo América, Telefe y el Grupo Indalo. El año pasado –siempre a nivel nacional- obtuvo 99 millones de pesos de propaganda oficial, no hay datos del gobierno bonaerense pero en 2017 la ciudad de Buenos Aires les otorgó 38 millones. Según el sitio Chequedado.com, La Nación+ recibió mayor cantidad de dinero que otras señales de cable más vistas, como las deportivas. Según los funcionarios consultados por el sitio, “para La Nación+ la inversión es conforme a su alcance: sus niveles de rating son bajos, pero están en la mitad de C5N o TN”. Pero la explicación es falsa, los índices de audiencia la desmienten.

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Pablo Viñas era delegado de AGR aquél enero en el que Clarín resolvió poner fin a su planta. Explica hoy que “el cierre de la planta impresora de La Nación a dos años del cierre de AGR tiene enormes similitudes, que ponen de relieve las características del ajuste en curso. En ambos casos no se trató ni se trata de un cierre por crisis empresaria, sino de una maniobra que busca eliminar colectivos obreros con antigüedad, terminar con importantes conquistas barrer la organización gremial”.

Según Viñas, hubo una diferencia entre ambos conflictos ya que “mientras en La Nación hubo despidos entre los contratados que la empresa sumó con toda impunidad durante largos años, en AGR, por medio de la lucha, se había logrado efectivizarlos y siempre se defendió la unidad de todos los obreros e Igualdad de condiciones. Al fin de cuentas, lejos del discurso empresario de que precarizando parte del personal y luego despidiéndolo se aseguraba el trabajo digno del resto, el destino fue el mismo para ambas plantas”.

La conducción nacional de la FGB expresó que “la situación de La Nación no es aislada, ya que distintas empresas están aprovechando un Estado ausente en materia laboral para avanzar en precarización y pérdida de derechos”. Los trabajadores de prensa del diario, a través de sus delegados, dijeron que “repudiamos la política empresarial de reducción y ajuste permanentes, que primero jaquea nuestro poder adquisitivo y finalmente elimina nuestros puestos de trabajo. Amparados por un Gobierno que propone vivir en la incertidumbre, la conducción empresarial de La Nación parece haberse propuesto precarizar todo lo precarizable, cuando no cerrarlo. Es muy difícil pensar el futuro del periodismo en estos términos”. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, SiPreBA, afirmaron que “muchos empresarios argumentan una crisis económica, pero en los casos de los grandes grupos como Clarín o La Nación, se trata de cambios en sus estrategias de negocios de todo tipo, al amparo de un gobierno nacional que incluso practica la misma política en los Medios Públicos”.

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Hasta no hace mucho – pero antes de Internet, las redes sociales y los teléfonos celulares- se solía gritar “¡Paren las rotativas!” ante una noticia de último momento. Hay, para La Nación, algunas cosas todavía más anticuadas que esa: por caso, la dignidad de los trabajadores y sus derechos.

 

 

 

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