El paquete a anunciar no aborda la reducción de tasas ni de tarifas para la producción, ni cómo recuperar el consumo ni defender a la industria nacional frente a la importación. Lo que propone es bajar costos laborales y simplificación impositiva.

En el documento de 38 páginas del Ministerio de Producción y Trabajo titulado “Leyes para la transformación productiva”, la ilustración que expresa como apenas un grupo de rubios bien vestidos soportan sobre sus cabezas el peso de una multitud de morochos que no tributan, no es el único signo alarmante sobre la visión del gobierno. Si en aquella imagen se refleja la discriminación imperante en el pensamiento oficial, de la mano de una falacia económica sobre quién carga con el peso de los impuestos, el enfoque de la propuesta de transformación productiva no es menos falaz ni menos discriminatorio. El planteo central del documento es que “lo que no deja crecer” a las unidades productivas es “el costo laboral” y “la carga tributaria”. Así, propone “romper las barreras que impiden el crecimiento sostenible” a través de la formulación de “cinco leyes para la transformación productiva”, cuerpo que incorpora elementos de la fallida reforma laboral, para precarizar aun más las condiciones de empleo. Los ejes centrales que están hundiendo a todos los sectores productivos (consumo, tarifas de los servicios, tasas de interés e importaciones) ni siquiera se señalan o, como el caso del consumo, son referenciados en forma abstracta. El documento es la base del planteo que hará Mauricio Macri el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, cuando pretenderá mostrarlo como “lo que se está haciendo para defender a las pymes”.

Las cinco leyes que impulsa el Ejecutivo son presentadas como: 1) Nuevo marco tributario para el desarrollo de emprendedores y pymes, 2) Ley de fortalecimiento de los derechos de los trabajadores informales, 3) Ley de Lealtad Comercial, 4) Ley de Defensa del Consumidor, y 5) Ley de Economía del Conocimiento (Industria 4.0). Según la cartera que encabeza Dante Sica, “son leyes que actúan como puente entre el primero y segundo mandato”. El macrismo no sólo se asume como iniciador de una nueva etapa en el país, sino que además da por sentado que le corresponderá un “segundo mandato” para continuar su tarea. Y en plena recesión, imagina “puentes” para cruzar de un mandato al otro.

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Consumo

Con respecto al consumo, el documento propone “generar un mercado interno sano, competitivo y estable”, que permita “consolidar el consumo como un motor de crecimiento”. Pero a la hora de hacer propuestas, la única referencia al tema es a través de la formulación de una nueva Ley de Defensa del consumidor,  que contempla “proteger de modo especial a los sectores sociales híper vulnerables” y “posibilitar el arbitraje on line y los reclamos digitales”. Pero, por otro lado, limitará la acción de las asociaciones de consumidores estableciendo “un régimen más estricto (que) impida la utilización de las acciones de clase como un negocio”.

El documento también plantea una nueva ley de Lealtad Comercial que promete combatir diversas formas de deslealtad habituales, entre las que enumera: incumplimiento de normas legales (por ejemplo, sin certificación de seguridad obligatoria para el producto que se ofrece, compitiendo con otro que sí cumple); imposición de condiciones de pago abusivas de grandes supermercados a proveedores pymes; vender por debajo del costo de adquisición para perjudicar el desembarco de un competidor pyme; realizar publicidad comparativa de productos y servicios de forma indebida; y divulgar o explotar secretos empresariales ajenos.

La Ley de Economía del Conocimiento contempla diversos beneficios impositivos y de fomento a las siguientes actividades: software, producción audiovisual; ingeniería para electrónica, minería y energía; biotecnología; aeroespacial y satelital, entre otros. Los objetivos que se propone es alcanzar a 350 mil trabajadores en este nuevo sector de la economía y exportaciones anuales por 14 mil millones de dólares.

Reforma tributaria

Pero el cuerpo central del proyecto se encuentra en las propuestas de un nuevo marco tributario para las pymes y el paquete del blanqueo laboral y reducción del costo del trabajo. Uno de los puntos destacados de la reforma impositiva propuesta es un tratamiento diferenciado para las pymes, que se beneficiarían por medio de una simplificación del régimen de pago y una reducción de las alícuotas. También se facilitaría (mediante una reducción del costo impositivo a pagar) el traspaso de monotributistas a autónomos, aceptando que muchas micro y pequeñas empresas trabajan hoy bajo esa modalidad.

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Visión empresaria

Según recordó Ariel Aguilar (titular de la cámara de marroquineros y dirigente de Cgera) a este diario, “fue este gobierno el que incentivó la inscripción como monotributista de muchos pequeños talleres textiles, que terminaron en una suerte de precarización productiva que se sumaba a la precarización laboral existente en la actividad”. Si bien señaló que “es positivo que se quiera combatir la informalidad laboral, lo contradictorio es que se pretenda resolverlo sin reconocer que son las condiciones estructurales provocadas por esta política económica lo que llevó a la expansión de la informalidad, que ahora se quiere corregir sin cambiar esa política”.

Aunque admitió que hay sectores empresarios que se ilusionan con las propuestas del gobierno, Aguilar sostuvo que hay una falla de diagnóstico en el planteo oficial. “El gobierno considera que el problema de la producción hoy es el alto costo laboral y tributario, pero no podemos discutir de estos temas sin abordar los ejes centrales de la crisis que hoy atraviesa cualquier empresa: la pérdida de mercados por caída del consumo y la competencia importada indiscriminada, el alto costo de las tarifas energéticas y las tasas de interés por las nubes. Son todas consecuencia de las políticas de este gobierno, pero de eso no se habla. Si el eje principal de la política de un ministerio de la producción es la digitalización de los trámites para abaratar costos de gestión, estamos en problemas”.

Flexibilización

Las medidas propuestas bajo el curioso título “Fortalecimiento de los derechos de los trabajadores informales”, casi dando por supuesto que seguirán siendo informales, incorpora varios de los elementos que eran la clave de la reforma laboral que Cambiemos no logró hacer pasar por el Congreso. Algunos de los objetivos que se plantea el nuevo cuerpo de medidas son: reducir los costos laborales, incentivar el blanqueo, desincentivar la litigiosidad laboral, disminuir la inseguridad jurídica para la inversión extranjera, y creación de un fondo de cese laboral (con el que el trabajador termina pagándose su propia indemnización por despido).

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La opinión de Aguilar es que “esta reforma no genera más empleo, porque nadie que tenga la planta parada por falta de ventas va a tomar un empleado más porque le reduzcan los aportes”. En cambio, sostuvo que “este proyecto instala, desde el Ministerio de Producción y Trabajo, un esquema de salarios bajos, pero no resuelve los problemas estructurales que hoy impiden producir. Por supuesto que para los empresarios es bueno pagar menos aportes patronales, o simplificar el pago de impuestos, pero eso no nos devuelve, ni en una mínima parte, el mercado que se perdió a manos de la importación y la caída de la demanda. No nos brinda una salida, pero si encima impone un esquema de salarios a la baja, la perspectiva es que tampoco hay una mejora a futuro”.

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