A pesar de los controles de las autoridades y de las denuncias de los comerciantes por competencia desleal, ellos rechazan la oferta de mudarse a galpones techados.

Sábado al mediodía. Cientos de personas transitan por la avenida Avellaneda para intercambiar billetes que tienen en su bolsillo por ropa y otros objetos que posiblemente utilicen un día. Algunos de los potenciales compradores se topan en las veredas con una seguidilla de vendedores extranjeros que despliegan una variedad de prendas con logos internacionalmente reconocidos sobre bolsas negras. De pronto, uno de ellos silba y hace eco en los demás. Todos se miran y desesperados juntan sus productos para correr. Un conjunto de policías los persiguen con la débil ilusión de atraparlos, ya que las piernas de los senegaleses logran sacar una terrible diferencia. En medio de la corrida, golpean a una señora que cae y mancha con gotas de sangre el piso. Sin mirar atrás, los vendedores logran ir a otra esquina y vuelven a exponer sus productos hasta que la misma secuencia se repite una y otra vez.

La disputa entre el Gobierno y los manteros siempre existió aunque en estos últimos meses se potenció por los controles policiales. La avenida Avellaneda es el polo textil mayorista más importante de la Argentina y es por eso que cientos de personas eligen comprar allí. En consecuencia, los vendedores «ambulantes» se percataron de su importancia y decidieron establecerse desde Nazca hasta Joaquín V. Gonzáles y de Avellaneda hasta Rivadavia. Sin embargo, su pisada incomoda a los comerciantes por la «competencia desleal» y hace que en su mayoría recen para que se vayan.

Manteros en avenida Avellaneda

Desde Avellaneda hasta Rivadavia y desde Nazca a Joaquín V. Gonzales era la antigua extensión de los manteros

Debido a la disconformidad social, el Gobierno de la Ciudad tomó cartas en el asunto y comenzó a controlar la zona para reducir la venta ilegal y la usurpación del espacio público. Al respecto, el subsecretario de vinculación ciudadana, Juan Pablo Arenaza, advirtió: «Sabemos que en los últimos meses algunos han vuelto a la calle y vamos a seguir haciendo operativos para que no haya manteros ilegales ni venta ilegal en la ciudad. Estamos trabajando con la fiscalía que está haciendo investigaciones para ver de dónde viene la mercadería y cuando nos indique haremos los operativos. Siempre existieron algunos manteros acá y en algunas ciudades del mundo pero tomar la calle como estaba tomada ya no existe más«.

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En este último mes hubo más de 250 detenidos; la mayoría de ellos, por delito de marca, que es federal, y luego, por resistencia a la autoridad. Según el Código Contravencional, «no constituye contravención la venta de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no impliquen una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido«. En efecto, en la mayoría de los casos son manteros que venden los mismos artículos que los comercios oficiales.

Por su parte, el presidente de seguridad de FECOBA (Federación de Comercio e Industria de Buenos Aires) y propietario de locales en Avellaneda, Daniel Iglesias, advirtió: «Venimos combatiendo la venta ilegal desde varios años. Esta gente necesita trabajar pero no en nuestras veredas. El Gobierno le deberá dar algún tipo de solución, no nosotros. No podemos permitir que nos invadan«.

Solía haber cerca de 1.500 manteros en la calle Avellaneda, pero luego de los controles ese número se redujo y a simple vista, solo se pueden percibir los vendedores senegaleses, quienes denunciaron ante el consulado «persecución racial» y obligaron a los policías a identificarse en lugar de ejercer su función como civiles.

A su vez, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Nicolás Caropresi, señaló que «hay una postura muy fuerte por parte del Gobierno y de distintos organismos que nuclean al comerciante de que la única salida es la criminalización y la persecución violenta de los trabajadores de la vía pública«. Y continuó: «Creo que la solución es regularizar con ferias o formando calles que permitan seguir viviendo de la calle y establecer algún régimen impositivo. Muchos compañeros pagan monotributo y hacen aportes por su tarea a la AFIP. De los senegaleses el 80 y 90 por ciento sí lo pagan«, manifestó Caropresi. Y agregó convencido: «Los senegaleses compran en los locales de Once, Flores y La Salada que son los mismos comerciantes que los denuncian por ilegales y por competencia desleal. Son imitaciones y le aplican ley de marca. Si realmente se quiere atacar la ley de marca atacá a los talleres clandestinos. Persiguen a un vendedor ambulante en vez de pensar en regularizar«.

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Por su parte, el referente de Vendedores Libres, Omar Guaraz apuntó sobre el conflicto de evasión de impuestos de sus «compañeros» y expresó con tono firme: «El vendedor no se niega a pagar impuestos, el tema es que el Gobierno debería regular la actividad comercial, darle derechos a los comerciantes. La discusión de que los comercios pagan impuestos y los vendedores no, no tiene sustancia porque para pagar hay que ser y para ser hay que existir dentro del marco legal. Los vendedores no pagamos impuestos no porque no queramos sino porque desde el Estado no se incluye la venta callejera como un sujeto con obligaciones y derechos«, concluyó.

Galpones, una solución para pocos 

Por otro lado, en el 2017 el Ministerio de Ambiente y Espacio Público le prometió a los vendedores ambulantes dos galpones para organizar sus ventas junto con una serie de beneficios. Pero según manifestaron los manteros, solo tienen capacidad para 500 personas y no alcanza ni para un cuarto de ellos. «Los galpones no tienen nada de mantenimiento, pasan semanas sin luz, sin ningún tipo de seguridad, cuando llueve se moja la mercadería y la otra vez entraron y robaron todo. Prometieron promocionar el lugar y no hubo nada.También se comprometieron a ubicar paradas de colectivo para atraer gente y no lo hicieron. Lo que el Gobierno planteó como una solución no lo fue«, explicó Caropresi.

La Directora General de Fiscalización del Espacio Público, Paula Scauzillo explicó que son dos predios comerciales que se abrieron luego de los operativos de Once y hoy están ocupados con 220 personas. «No es lo mismo que la calle y estar expuestos al clima. En los predios tenés baños, en el primer piso se habilitó un lugar para renovar licencias de conducir con dos mil visitas mensuales. Se les ha dado publicidad, arreglamos con Tránsito para que vayan los turistas. Se han hecho un montón de accesos«, sostuvo. «Por supuesto que la lógica de tener la manta en Pueyrredón y Bartolomé Mitre es distinto. Queremos que funcione. En los predios se toma asistencia, hay que cumplir un horario. En las calles no hay reglas. Hicimos propuestas y no siempre fueron aceptadas. Nosotros teníamos un cupo para poder darle trabajo a esas personas».

En la vereda opuesta, se encuentra Guaraz quien elige escaparse de las «soluciones» del Estado. «Los vendedores no queremos galpones ni subsidios, queremos la calle porque es nuestro lugar natural. El vendedor busca donde hay tránsito de gente, porque en la calle está la plata«, concluyó.

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