El organismo descartó investigar las denuncias por “administración fraudulenta” contra el Renatre. Aseguró que “el caso bajo análisis no se circunscribe dentro del ámbito de actuación de esta OA”, pese a que es un ente descentralizado de carácter público.
La Oficina Anticorrupción (OA), a cargo de Laura Alonso, archivó sin investigar una denuncia que involucra a las autoridades del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y al ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por “administración fraudulenta”. El Renatre es un organismo descentralizado de carácter público no estatal que maneja los fondos de la seguridad social para los trabajadores. Según se desprende de la denuncia, en vez de cumplir sus objetivos de seguridad social, la entidad manejada por la oficialista Uatre y las patronales agropecuarias desvió millonarios contratos hacia empresas fantasmas. Los síndicos en representación del Estado, Diego Cimoli y Sara Gatti, le habían notificaron a Triaca el volumen del desfalco pero como el ex ministro no respondió elevaron la denuncia ante la OA. Laura Alonso, por su parte, salvó a todos los involucrados.
La denuncia por “administración fraudulenta” en el Renatre es sólo un ejemplo de los negocios que están llevando adelante los directivos de la Uatre –el gremio de los peones rurales– y las patronales agropecuarias, en detrimento de los trabajadores del campo. Abel Guerrieri, quien fuera presidente del organismo hasta fines del año pasado, contrató a una empresa “fantasma” de nombre Biesles SA por más de 9 millones de pesos, sumado a otros contratos mensuales hacia la misma empresa, que se mantienen en la actualidad.
“El Renatre contrató primeramente en forma ilegítima a una empresa para que audite sus sistemas, y rápidamente la volvió a contratar para que le confeccione una gestión integral en la Secretaría de Informática y además confeccione una solución tecnológica en materia de fiscalización. Guerrieri, y su vínculo muy directo con la Gerente Administrativa y Legal, Erica Vanesa Utrera, administran los recursos del organismo como si fuese dinero propio y sin rendir ningún tipo de cuenta. Esa relación es la que permite la realización por parte del Presidente de una Administración Fraudulenta”, puede leerse en la denuncia presentada ante la OA el 21 de diciembre de 2018.
Triaca sabía de los pagos hacia la empresa fantasma, cuyo titular es Juan Guillermo Leruga, ya que había sido advertido por los síndicos en julio de 2018, según consta en el expediente 1-2015-1799997/2018, tomado como base para la denuncia ante la OA. Cuando fue interpelado por los síndicos, el ex funcionario no dijo nada. De esta manera, los representantes de la cartera laboral dentro del Renatre entendieron que con ese silencio, Triaca apañaba las maniobras dentro del organismo. Luego se formuló la denuncia ante la OA. En menos de dos meses la OA, archivó el expediente al sostener que “el Renatre se maneja como un ente privado”, aunque no lo es.
“Puede decirse que el Renatre, si bien tiene carácter público, reviste el carácter de no estatal, ya que el capital de la entidad pertenece a personas privadas (en este caso a los asociados del registro). Es decir que, si bien el Estado, se reservó a sí mismo la facultad de controlar el registro mediante el nombramiento de dos (2) síndicos, la dirección y administración del Organismo se encuentra a cargo de un Directorio, integrado por representantes de los empresarios y trabajadores de la actividad”, sostuvo la OA en su dictamen de clausura del expediente, y agregó: “Podemos afirmar que el caso bajo análisis no se circunscribe dentro del ámbito de actuación de ésta OA. Ello debido a que de los mismos no se desprende fundamento alguno que permita encuadrar la situación descripta como un hecho de corrupción dentro de la Administración Pública Nacional”.
El “capital” del Renatre son fondos públicos de la seguridad social, administrados en este caso por el Renatre, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del Renatea (noviembre 2015). El organismo se encuentra bajo el organigrama del ahora Ministerio de Producción y Trabajo, como ente descentralizado, al igual que otros organismos como el BCRA, el BNA, el Inase, Senasa o INTA, entre otros. “Es un ente supervisado por las normas del Ministerio de Producción, con atribuciones de fiscalización y administración vinculadas al Estado”, indicó a este diario un ex funcionario de la cartera laboral con funciones hasta 2015.
Según el artículo 8 de la Ley 25.191, restablecida en enero de 2017, el síndico del Registro, nombrado por la cartera laboral, debe “fiscalizar y vigilar todas las operaciones contables, financieras y patrimoniales del organismo”. Los síndicos Cimoli y Gatti detectaron y documentaron –en el cumplimiento de sus funciones según la ley mencionada– un desfalco, se lo advirtieron a Triaca –quien mantuvo silencio– y luego llevaron la denuncia ante la OA, organismo que decidió no investigar los hechos.
Mientras el tándem Guerrieri- Utrera derivaba recursos millonarios a una sociedad denunciada como fantasma – Biesles SA–, el Renatre suspendió el año pasado el pago de prestaciones extraordinarias, dinero destinado a la protección social de trabajadores sin aportes (la mayoría), víctimas de trata o explotación laboral, entre otros alcances. Los afectados fueron aproximadamente 85.000 trabajadores y trabajadoras.
En este contexto, no es casual que el organismo –manejado por la Uatre, la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coninagro– haya abandonado todo vínculo de colaboración con la Procuración de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
El Renatre también le está condonando deudas millonarias a las empresas agropecuarias que tenían trabajadores en la informalidad o que habían “liquidado mal” sus contribuciones patronales. Uno de los últimos casos corresponde a Ledesma. A través de la Resolución 78/2017, no sólo salvan a las compañías en situación de irregularidad, sino que también la utilizan como un sistema de recaudación. Es decir, acuerdan una baja de la deuda, los establecimientos pagan sólo una parte de lo ya rebajado (una o dos cuotas) mientras que el Registro recibe un “2 por ciento sobre deuda convenida en concepto de gastos administrativos y de gestión”, dinero que luego se distribuye sin ningún tipo de control.
