Entre las causas que preocupan al Gobierno está, entre otras, el ajuste de las jubilaciones y el pedido de inconstitucionalidad del decreto presidencial que habilitó a familiares de funcionarios a blanquear dinero depositado en el exterior.

La Corte Suprema estableció una agenda de diez causas que tratará en el primer cuatrimestre del año, algunas de las cuales ya tienen en vilo al gobierno de Mauricio Macri. El tribunal no puso fecha exacta, con lo cual jugará un poco con el factor sorpresa. Sólo en el pedido de nulidad de la  consulta popular que habilitó la re-reelección se Sergio Casas en La Rioja habrá una decisión antes de la oficialización de las listas. Pero los temas que más rispideces generaron puertas adentro del acuerdo de los supremos, son las causas que atañen a ajustes de las jubilaciones y un planteo de inconstitucionalidad de Felipe Solá respecto del decreto presidencial que habilitó a familiares de funcionarios a blanquear dinero de origen incierto. Por lo pronto, una demanda colectiva del Defensor del Pueblo que lleva diez años en la Corte, entró en la lista de temas a resolver; por la cuestión del blanqueo, los jueces y la jueza acordaron que incorporarán el tema una vez que llegue el dictamen de la Procuración.

Como suele ocurrir en la dinámica cortesana de los últimos tiempos, el presidente Carlos Rosenkrantz queda bastante solo en las discusiones. Se negaba a incluir entre los asuntos a tratar cualquier tema que pudiera afectar al fisco en lo más mínimo. Por eso opuso resistencia a tratar causas sobre jubilaciones. Los expedientes sobre haberes jubilatorios son un dolor de cabeza para el Gobierno ya que se enfrenta con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que pide ajuste sobre esos sectores vulnerables.

  • Jubilados. El caso que la Corte tiene desde 2009 fue promovido por el Defensor del Pueblo de entonces y era una demanda colectiva que pedía la extensión de los efectos del caso llamado “Badaro” a todo el mundo. Lo que decía aquella sentencia paradigmática era que para calcular las jubilaciones se debía tomar como referencia el nivel general de remuneraciones que elabora el Indec porque, alegaba, los ingresos de los jubilados deben guardar relación con los de los trabajadores en actividad.  Era una forma de tener un índice objetivo. En los inicios, abarcaba a un millón de jubilados. En otro expediente que integra la lista de los que serán tratados se discute si las jubilaciones pagan ganancias. El caso madre, que afectará a otros se llama “García”.
  • Glaciares. También entró el en temario un planteo promovido por la poderosa empresa Barrick Gold que pide que se declare la inconstitucionalidad de la ley de Glaciares, que exige un inventario de glaciares y restringe la actividad contaminante.
  • Tasas municipales. El expediente paradigmático es el de la empresa Axxion (antes Esso) contra la Municipalidad de Quilmes, que recauda una tasa de inspección, seguridad e higiene a grandes empresas. La petrolera cuestiona el cobro de esa tasa, que también cobran otros municipios y que unió en un mismo interés a intendentes de distintas fuerzas, que plantean que si el fallo favorece a la compañía, detrás vendrán otros tantos recursos similares. Ellos sostienen que esa tasa representa el 35 por ciento de la recaudación por ese tipo de tributos.
  • Antenas. Es otro expediente vinculado con municipios y que discute la validez de una ordenanza municipal que estableció condiciones de instalación y localización de antenas de celulares en Güemes, Salta. El punto central es la autonomía municipal. La demanda la promueve Telefónica.
  • Techint/lesa humanidad. La Corte revisará la sentencia de la Cámara laboral que ordenó a la empresa Techint a indemnizar a la familia de un empleado secuestrado y desaparecido dentro de la planta durante la última dictadura.  Enrique Roberto Ingenieros trabajaba en la planta desde mayo de 1976 y fue secuestrado por un grupo de tareas allí mismo.
  • Competencias. En una causa por una ejecución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra la provincia de Córdoba, se discute si la primera tiene derecho a la competencia original de la Corte nacional, o se resuelve a nivel local.
  • Juicio por Jurados. A partir de un caso de Chubut se discute si las provincias pueden establecer el sistema de juicio por jurados o si se afecta la garantía del juez natural.
  • Protesta y actividad sindical. En la causa “Farfán”, de Jujuy, se discute una decisión del superior tribunal local que restringió a un grupo de personas la posibilidad de participar en manifestaciones o reuniones multitudinarias o actividades de protesta. Habían sido imputadas por amenazas, daños y perturbación del ejercicio de la función pública. Se debate si se afecta el derecho a peticionar a las autoridades y el ejercicio de la actividad sindical.
  • Re-re en La Rioja. Durante la feria judicial, la Corte no frenó la consulta popular realizada el 27 de enero pasado y que apuntaba a ratificar o no la enmienda constitucional que permitiría la re-reelección del gobernador Sergio Casas. Luego llegaron nuevos planteos de inconstitucionalidad de esa enmienda realizados por Cambiemos y Peronismo Sin Fronteras y de la consulta, que consideran que debió hacerse con las próximas elecciones. Al final votó el 43 por ciento del padrón y la oposición no consiguió el 35 por ciento de votos para frenar la iniciativa. Casas convocó a elecciones para el 12 de mayo. La Corte prevé fallar antes de la oficialización de listas.
  • Plazo razonable. En una causa llamada “Price”, se debate si las provincias tienen facultades para regular como se garantiza el plazo razonable en los procesos penales.
  • Blanqueo por decreto. En noviembre de 2016 por decreto se modificó la ley de sinceramiento fiscal para que permitir que los parientes de funcionarios públicos (cónyuges, padres e hijos) pudieran entrar al blanqueo de capitales. Fue en medio del escándalo de los Panamá Papers. Felipe Solá -un potencial candidato presidenciable de la oposición– planteó la inconstitucionalidad. La Corte debe, primero, decidir si reconoce su legitimación para llevar adelante esa demanda. Recién después vendrá la discusión de fondo. El tema no aparece formalmente en la agenda porque no dictaminó la Procuración.
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