Luego de los despidos sistemáticos de Fabricaciones Militares y del vaciamiento de plantas en distintos puntos del país, el gobierno nacional dio un paso más en la transformación hacia una lógica corporativa del Estado y convirtió a esa área con rango de dirección nacional en una empresa. Así lo confirmó el Poder Ejecutivo a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial en el que, además, instaura un nuevo convenio colectivo de trabajo que durante 180 días tendrá en ascuas a todos los empleados que sobrevivieron a los despidos.

El decreto 104 firmado por el presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, justifica la conversión de un ente estatal con un objetivo de base que los delata: que FFMM tenga el “dinamismo, eficiencia y economicidad comparable con el resto de las empresas pertenecientes al sector privado”.

Luego menciona pretensiones grandilocuentes, como por ejemplo que la conversión de una oficina estatal en una empresa facilitará la “investigación y desarrollo de tecnologías, fabricación e industrialización” de sus productos, algo que ya lo venía haciendo desde su creación en 1941, es decir hace 77 años.

Además, entre los considerandos, el decreto hace un llamamiento particular: recuerda la modificatoria del menemismo que en 1996 incluyó reformas en la administración de FFMM “a fin de ajustar el funcionamiento de dicho organismo, a efectos de proceder a su privatización”.

No dice más al respecto. Lo que aclara es que “no hubo a la fecha acciones concretas de parte del Estado nacional dirigidas a producir una reestructuración organizativa acorde a los tiempos actuales”. Tampoco especifica nada sobre este punto.

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Otro de los argumentos de Macri, Peña Braun y Aguad dice que la dirección nacional “tiene sistemáticos y recurrentes problemas de competitividad, así como serias dificultades económicas y financieras que derivan en conflictos para acceder competitivamente a los sectores público y privado”.

En rigor, la mentada transformación fue abriéndose camino desde hace dos años, cuando comenzaron los despidos masivos en las plantas cordobesas de Villa María y Río Tercero, donde alrededor de 400 trabajadores perdieron sus empleos. Le siguieron otras en Fray Luis Beltrán. Lo mismo también ocurrió en la localidad bonaerense de Azul, donde al menos 230 empleados de Fanazul quedaron en la calle.

Por esos días, los trabajadores movilizados que resistieron los despidos hasta con acampes, advirtieron que el gobierno de Cambiemos pretendía “privatizar” FFMM.

Para atajarse de posibles reacciones a partir de la conversión de FFMM en empresa, el Gobierno, rápido de reflejos, estableció un plazo de 180 días “para iniciar las negociaciones de un Convenio Colectivo de Trabajo para su personal». «Durante el citado periodo, y hasta tanto entre en vigencia el nuevo convenio, los agentes conservarán las condiciones laborales de su actual vínculo”, dice el decreto.

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