Cuatro jóvenes fueron condenados por rechazar el cierre de centros educativos en la provincia de Morales.
Protestaron, los enjuiciaron por hacerlo y fueron condenados. Sucedió en San Salvador de Jujuy ayer cuando la justicia contravencional encontró culpables a un docente y tres estudiantes porque durante una protesta en marzo de 2018 contra el cierre de las escuelas nocturnas para adultos violaron el artículo 113 del Código Contravencional al impedir la circulación vehicular o peatonal y causar temor en la población. La condena consiste en una multa de 10 mil pesos que será apelada porque, entre otros aspectos, los manifestantes no pueden pagar. “Decidieron condenarnos a los que el año pasado defendíamos la educación, en mi caso acompañaba a los estudiantes de los Ceija (Centros de Educación Integral de Jóvenes y Adultos) que reclamaban por no poder terminar la secundaria”, dijo Valentina Melo, una de las condenadas.
“Durante el juicio nos acusaron de violentos, cuando violencia es la que ejercen ellos como parte del Estado al no permitirle a jóvenes trabajadores, madres y padres terminar sus estudios, y también cuando nos mandaron policías vestidos de civil, infiltrados a perseguirnos, a golpearnos brutalmente y a privarnos de la libertad sin ninguna orden judicial”, agregó la joven de 21 años, estudiante de Trabajo Social en la UNJU (Universidad Nacional de Jujuy) y militante de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. En principio había sido acusada también la concejala del PTS-FIT Andrea Gutiérrez, pero fue absuelta antes del juicio porque, según las fuentes consultadas, “sino el escándalo hubiera sido mayor”. Junto a Melo, recibieron sentencia condenatoria los ex estudiantes del Ceija Jonatan Renauld y Esteban Zapana, además del docente Iván Mendoza.
El 29 de marzo de 2018, jueves santo, el grupo de estudiantes, docentes, junto a Gutiérrez y el abogado Héctor Huespe fueron detenidos sin orden judicial, mientras se encontraban sobre la vereda de Casa de Gobierno exigiendo ser escuchados por algún funcionario del gobierno de Gerardo Morales ante el cierre de los Ceija. Hubo un enorme operativo policial que los llevó por la fuerza, los mantuvo incomunicado y avasalló los fueros de la concejala. Sin embargo, la persecución policial no terminó aquel día. Les armaron una causa penal que luego no pudieron sostener y por eso iniciaron la acusación mediante el Código Contravencional. En el transcurso del juicio salió a la luz que un policía se presentaba de civil en la manifestación y luego lo ofrecían como testigo. “Es un método nefasto e ilegal de Gerardo Morales utilizando el poder punitivo del Estado contra jóvenes que defienden el derecho a la educación”, dijo la defensa. Y destacó que durante el juicio quedó demostrado que los peatones podían circular perfectamente por la vereda, y los turistas y peatones pasaban por el lugar a informarse del reclamo.
“Esto no termina aca, vamos a apelarlo, es una multa que con el nivel de precarización de la juventud y el nivel de ajuste realmente es insostenible. Y no vamos a permitir que se siente un brutal precedente para quienes salen a luchar, menos en momentos donde nos vamos a ver más seguido en las calles frente a este ajuste”, expresó la abogada defensora Maia Hirsh.
