Las últimas pruebas añadidas a la causa de los aportantes truchos revelaron que el financiamiento electoral del macrismo estuvo, en gran medida, a cargo de empresarios vinculados a firmas energéticas que ahora son beneficiadas.
El escándalo de los aportantes truchos e irregulares en las últimas dos campañas electorales de Cambiemos continúa expandiendo sus alcances. Una nueva investigación de la fundación La Alameda, realizada en base a la información de la propia fuerza política gobernante y de la Cámara Electoral, señala que el financiamiento electoral del PRO estuvo, en gran medida, a cargo de personas vinculadas a las gerencias de las compañías energéticas que hoy aplican aumentos excesivos en las tarifas de servicios públicos. “Esto demuestra que están devolviendo favores a quienes los financiaron para hacerse del Estado”, señaló el titular de la organización denunciante en la causa sobre aportantes, Gustavo Vera.
“Claro que es incompatible financiar a quienes después te autorizan los tarifazos o te entregan licitaciones”, dijo Vera en referencia a los apellidos que aparecen en las bases de datos de aportantes a las campañas electorales presidencial y legislativa de Cambiemos en 2015 y 2017, respectivamente.
Varias personas con el apellido Miguens y Miguens Bemberg aparecen en la rendición de cuentas de la campaña de Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires (2017) como donantes de sumas muy cercanas al máximo permitido de 100 mil pesos. Carlos Miguens Bemberg es dueño del 33,9 por ciento de la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), el holding que controla a la mayor generadora eléctrica del país, Central Puerto, y que además es socio minoritario de Edesur con un 28 por ciento de las acciones. Un dato de color es que, además de estar en manos de Miguens Bemberg, Sadesa pertenece a Nicolás Caputo (22%), amigo íntimo del presidente Mauricio Macri, y a Guillermo Reca (22,5%), la familia Escasany, (13,6%) y los hermanos Ruete Aguirre (7%). Además, la compañía energética que cotiza en Wall Street, está muy cerca de quedarse con las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López que busca privatizar el Gobierno, pese a la investigación abierta en la Justicia Federal contra Macri y contra los ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel por intentar venderlas a precio vil, es decir, por menos de lo que costó construirlas.
Por otro lado, las planillas arrojan también que Ricardo Mihura Estrada fue el tercer mayor aportante en la campaña presidencial de Macri: donó 1.470.000 millones de pesos. En tanto, su esposa, Ivana Román, aportó 1.500.000. Mihura Estrada fue síndico de Isolux, la empresa española de energías renovables que figura en los cuadernos del remisero Oscar Centeno y que le vendió a Sideco Americana –la empresa emblema de la familia presidencial– los parques eólicos por los que desembolsó cerca de 70 millones de dólares. A su vez, el hermano de Mihura Estrada, Bernardo, es uno de los escribanos de las sociedades que comparten Juan Carlos de Goycochea –primer “arrepentido” en la causa de los cuadernos– y Angelo Calcaterra, el primo de Macri. El mapa de las conexiones se amplía.
“Estos corruptos de Cambiemos además robaron la identidad de cientos de personas pobres, trabajadoras, de personal policial y de la justicia y hasta de empresarios que ellos acusan de narco como (Carlos) Tomeo o que están en la llamada causa de los cuadernos”, advirtió Vera, al tiempo que explicó que desde La Alameda aportaron más de 500 testimonios de ciudadanos a quienes les robaron su identidad en el marco de la causa que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo. “Seguiremos aportando pruebas para investigar a quienes construyeron este mecanismo de recaudación mafiosa solo para hacerse del Estado y seguir ajustando sus cuentas en paraísos fiscales y no justamente en beneficio del pueblo argentino”, sentenció el referente.
