En Tucumán, se reanudan las audiencias

El juicio oral por el crimen de Paulina Lebbos, la joven asesinada en 2006 en Tucumán, se reanudará hoy en los tribunales tucumanos con el alegato de la defensa de uno de los seis acusados, informaron hoy fuentes judiciales.

A partir de las 8.30 alegará el abogado Carlos Posse, defensor del ex policía Waldino Rodríguez, imputado de encubrir el asesinato; tras lo cual y hasta el miércoles, será el turno de Mario Santamarina, quien defiende a Roberto Luis Gómez, el único imputado del crimen.

Las fuentes judiciales informaron que ambos profesionales son los últimos defensores en alegar luego de que, a fines del año pasado, lo hicieron los del resto de los imputados: el ex jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; el ex secretario de Seguridad, Eduardo Di Lela; el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez; y el ex subjefe de Policía, Nicolás Barrera.

Todos estos, también juzgados por encubrimiento y otros delitos leves, fueron funcionarios del ex gobernador y actual senador José Alperovich, quien estuvo citado varias veces para declarar como testigo en el debate, aunque lo hizo mediante un escrito en base al uso de sus fueros.

La última audiencia del juicio se realizó el 27 de diciembre último, cuando el tribunal, integrado por Dante Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto, pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, luego de escuchar el alegato de la defensa de Barrera.

Previamente, el fiscal del juicio Carlos Sale pidió penas de 6 y 10 años para los seis acusados sometidos al proceso.

La pena más alta la solicitó para Gómez, a quien acusó de “coautor” de la “privación ilegal de la libertad seguida de homicidio” de Paulina.

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En tanto, el fiscal acusó a Rodríguez como coautor de “encubrimiento real” en concurso ideal con “falsificación ideológica de instrumento público”, como “partícipe secundario” de “coacción” en perjuicio de dos testigos y como “autor” de “falso testimonio” por haber sostenido que desconocía esos mismos testimonios.

En definitiva, el fiscal requirió seis años: tres años por el encubrimiento, dos por la coacción y uno por el falso testimonio.

Sale también solicitó seis años como coautores de “encubrimiento real” –más las accesorias por ser funcionarios públicos– en concurso ideal con “falsificación ideológica de instrumento público” para Sánchez, Barrera, Brito y Di Lella. Y para estos cuatro les pidió, además, 10 años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos.

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