La negociación entre la empresa, el gremio y el Ministerio de Producción y Trabajo cerró con 32 despidos, en lugar de los 80 previstos, que cobrarán el ciento por ciento de la indemnización. La caída del consumo interno derrumbó las ventas de Coca-Cola.

La embotelladora Femsa de Coca-Cola, el Ministerio de Producción y el sindicato de gaseosas y afines firmaron ayer un acuerdo para frenar el procedimiento preventivo de crisis. La negociación incluyó el despido de 32 personas que cobrarán el ciento por ciento de la indemnización. La embotelladora de la multinacional pretendía entrar a un preventivo de crisis para reestructurar toda la plantilla. El argumento fue la caída del consumo en el mercado interno. El plan era para la planta que posee Femsa en el barrio porteño de Pompeya, donde emplea a 600 de los 3000 empleados que tiene en el país. El plan era despedir a alrededor de 80 operarios.

El acuerdo alcanzado entre la empresa y el sindicato implica el despido de menos de la mitad de los trabajadores que se habían planificado. “Coca-Cola Femsa Argentina atraviesa una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo”, había comunicado la empresa el miércoles pasado, cuando hizo público el anuncio del preventivo de crisis. Esta herramienta legal flexibiliza las condiciones laborales y las empresas empezaron a utilizarla cada vez más en los últimos años. En la gestión de Cambiemos se registraron 55 preventivos en 2016, 83 en 2017 y 108 en 2018. Los casos de Carrefour, Editorial Atlántida, Avianca y Fate fueron los últimos y más resonantes.

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La audiencia de ayer terminó de definir la posición que tomó el sindicato de trabajadores de gaseosas (Sutiaga). El punto era clave porque el gremio tiene que avalar con su firma la entrada en vigencia de un procedimiento preventivo. Los que ya habían rechazado el pedido de la empresa fueron los trabajadores de la rama Aguas y Gaseosas del sindicato de Camioneros, conducido por Pablo Moyano. Este gremio, no obstante, no tenía espacio en la mesa de negociación, puesto que el plan preventivo de crisis de Femsa no contemplaba despidos de afiliados a Camioneros. “Si Coca Cola entra en crisis, cerremos el país y vayámonos”, planteó Moyano.

La embotelladora de Coca Cola aseguró que el derrumbe de las ventas en el mercado interno le provocó fuertes presiones en su estructura de negocios. Femsa comunicó a sus inversores que “a partir del 1 de julio de 2018, Argentina es reportada como una subsidiaria hiperinflacionaria”, y detalló que en “los tres primeros trimestres de 2018, las ventas de Femsa en Argentina medidas en volumen bajaron un 9,8 por ciento interanual y los ingresos se redujeron un 46 por ciento por efecto conjunto de caída del consumo y a la fuerte devaluación del peso”.

No es la única multinacional que se quejó en los últimos meses por la crisis económica. Aunque la pérdida de las ventas no es el único elemento que impulsa a firmas como Femsa a recortar personal. Se trata de empresas que tienen poder de mercado y consiguen dolarizar rápido sus precios en el mercado interno. Pero siguen pagando salarios en pesos, que son la mitad que el año pasado si se los mide en moneda extranjera. Esto genera incentivos para reducir la plantilla. El costo de indemnización se reduce a la mitad valuado en dólares.

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Desde el Ministerio de Producción y Trabajo, a cargo de Dante Sica, lejos de mostrar preocupación por la situación estructural de despidos de los últimos meses, difundieron un comunicado para mostrar su rol en la negociación entre Femsa y el gremio. “Durante esta semana, el Ministerio de Producción y Trabajo intervino e impulsó un espacio de diálogo, con la participación del sindicato y de la empresa, donde las partes trabajaron en conjunto sobre la situación de la compañía”, dijo. Agregó que “a partir de la audiencia de hoy, y con la intervención de la cartera de Producción y Trabajo, las partes lograron acordar la disminución del número de desvinculaciones que planteaba la empresa de 75 a 32, asegurando la totalidad de los derechos de los trabajadores afectados por las mismas y el pago del 100 por ciento de las indemnizaciones correspondientes, dejándose sin efecto la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis solicitado”.

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