La empresa brasileña Odebrecht demandó al Estado argentino por discriminación frente a otras firmas luego de que suspendiera a la compañía en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNC). La compañía sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri aplicó un “doble estándar” porque no actuó de la misma manera ante las empresas locales que admitieron pagos ilegales en la Justicia.
La suspensión preventiva que recayó sobre la firma brasilera salpicada por escándalos de corrupción, que involucró a empresarios y funcionarios de varios países de la región, data del 3 de julio de 2017. Esto le impidió competir en nuevas licitaciones.
Transcurridos más de 14 meses la constructora pidió su rehabilitación. En su demanda, Odebrecht reclamó que le emitan el certificado de capacidad de contratación y le permitan competir por nuevos proyectos de obra pública, según reveló el diario La Nación.
Según Odebrecht, mientras continúa suspendida no se ha «generado hasta el momento ningún acto concreto» en la investigación sobre las demás empresas involucradas en la causa por presuntas coimas en obras públicas, que sigue el juez federal Cladio Bonadio. Por eso solicitó a la Justicia que le ordene al RNC que informe cómo actuó ante otras «empresas cuyos funcionarios y/o accionistas han reconocido expresamente ante la Justicia la comisión de delitos o prácticas de corrupción relacionadas con contratos públicos, a fin de evitar arbitrariedades».
En julio pasado, la empresa pidió una medida cautelar que recayó ante la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Macarena Marra Giménez, y luego radicó una demanda contra el Estado. El Estado le hizo una serie de requerimientos de información sobre todos los procesos judiciales y administrativos que afronta en la Argentina o en el exterior.
La firma brasileña, en tanto, tomó la requisitoria del Registro como una maniobra para demorar su rehabilitación que evidenciaba «el doble estándar existente en este caso».
En su momento, el Ministerio del Interior rechazó los reclamos de Odebrecht. Planteó que el reclamo carece de sustento y no explica de «forma precisa y concreta dónde y en qué circunstancia [el Registro] habría aplicado criterios divergentes a una misma situación».
A su vez, la jueza Marra Giménez consideró que las novedades judiciales provenientes de la causa judicial excedían «el marco del presente proceso», pero la demanda contra el Estado para discutir la suspensión en el Registro de Constructores sigue su curso.
