Tras seis meses de juicio oral y público, el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Jujuy emitirá hoy su sentencia en la causa conocida como Pibes Villeros, en la que la dirigente social Milagro Sala enfrenta pedidos de pena de más de 20 años. Se la acusa, junto a otras 30 personas –cooperativistas y ex funcionarios– de presunto de desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas. La defensa de la dirigente social aguarda que “por respeto a la Constitución Nacional y al procedimiento penal, Milagro sea absuelta”, apuntó en diálogo con PáginaI12 Matías Duarte, uno de los abogados de Sala. El miércoles próximo la dirigente cumplirá tres años encerrada en régimen preventivo sin tener una condena firme, con lo cual, más allá de cómo resulte el fallo, su defensa adelantó que pedirá que sea puesta en libertad.
La última audiencia del cuarto juicio que enfrenta Sala desde que fue detenida, el 16 de enero de 2016, y del único que en plena feria judicial de verano se está realizando en Jujuy, se llevó a cabo a fines de la semana pasada y estuvo dedicada a revisar las respuestas de las partes a algunos puntos de sus alegatos. La defensa de Sala, que solicitó su absolución por considerar que no hay pruebas suficientes que acrediten los delitos que en el marco de la megacausa Pibes Villeros se le endilgan –asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado– insistió en ese punto el pasado jueves. Entonces, Duarte llamó la atención sobre la “invalidez” de pruebas que constan en el expediente.
En diálogo con este diario, su compañero Luis Paz había detallado que se trataba de “todas fotocopias”, un concepto que amplió Duarte. “Uno de los objetivos centrales de esta defensa fue el de acreditar las irregularidades que plagaron la investigación penal que llevó a cabo el Ministerio Público de la Acusación, algo que consideramos que logramos”, apuntó. En ese sentido, reafirmó que “existe una orfandad absoluta para proceder a una condena por lo que esperamos que, en función de las reglas que rigen los procesos penales, a Milagro se la absuelva”.
Duarte resumió las irregularidades de la investigación penal que precedió al juicio oral que está por culminar, una instancia que duró seis meses. “No hay marco temporal en el que se indique que ocurrieron la asociación ilícita ni la extorsión”, dos de los tres delitos por los que se acusa a Sala. “No se puede saber, y menos ella puede defenderse, de hechos que no fueron precisados, algo que fue reconocido por el Ministerio Público en el debate y que constituye un conflicto procedimental”, explicó Duarte.
Respecto de la defraudación, el tercer delito que se le achaca a Sala en este juicio, “todos los documentos que aportaron como prueba son copias, fotocopias sin siquiera certificar de cheques presuntamente cobrados por cooperativistas y copias de expedientes administrativos incompletos”, postuló. Y advirtió que, en este punto, “no dejaron a las defensas aportar ni solicitar medidas de prueba”.
Pero tales detalles no son las únicas irregularidades que halló la defensa de la dirigente social en el marco de una causa por la que Sala afronta la pena de 22 años de prisión, de acuerdo con el pedido del Ministerio Público de la Acusación. Según explicó Duarte, detectaron “por lo menos cuatro hechos falsos” en el alegato de esa parte acusadora y en el requerimiento de elevación a juicio, lo cual “demuestra que la construcción de su razonamiento para acusar a Milagro es inválida”.
La mañana de aquella audiencia fue abarcada por la representante del Ministerio Público Fiscal, Liliana Fernández de Montiel, quien no solo rechazó las solicitudes de nulidad en contra de los alegatos del Ministerio Público, sino que también exigió sanciones para los abogados de la defensa por haber asegurado que se debatían cuestiones “políticas”. Durante la réplica, la defensa de Sala había solicitado la nulidad del alegato de la Fiscalía por haber detectado “modificaciones en los hechos discutidos en el juicio”. “La pusieron a Sala en un estado de indefensión, ya que fue juzgada por unos hechos y en el pedido de condena, la fiscalía solicitó su castigo por otros”, explicó a este diario el abogado.
En este juicio, además de Sala, hay otros 29 acusados por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, acusados de defraudar al Estado en unos 60 millones de pesos, presuntamente cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, las cuales no se habrían realizado.
Hoy está previsto que las juezas del Tribunal, Alejandra Tolaba, Ana Carolina Pérez Rojas y Carolina Sadir escuchen desde las 8.30 las últimas palabras de los acusados y que, luego, difundan la sentencia.
El juicio comenzó a fines de julio pasado y fue uno de los que más rápido avanzó en los últimos años en la Justicia jujeña. De hecho, no solo fue habilitada la feria estival para darle continuidad, sino que además comenzó en la feria judicial de invierno. Hay un dato llamativo en la celeridad que experimentó el debate: el 16 de enero, o sea el próximo miércoles, se vencerá la medida restrictiva de prisión preventiva de Sala, quien entonces cumplirá tres años de encierro sin condena firme. Por esa razón, la defensa solicitará el cese del encierro, independientemente de la sentencia del TOC 3. En caso de que el fallo sea condenatorio, los abogados interpondrán “todos los recursos nacionales e internacionales para revertirla y resguardar los derechos constitucionales” de Sala.
