El exsecretario de Cristina Kirchner Isidro Bounine no se convirtió en arrepentido (al menos por ahora) y negó tener vinculación con las supuestas maniobras de lavado y operaciones inmobiliarias en el exterior descriptas en la causa de (las fotocopias) de los cuadernos. Su detención, anteayer, estuvo basada en la declaración como imputado colaborador de Juan Manuel Campillo, ex titular de Hacienda de Santa Cruz, a quien el juez Claudio Bonadio rechazó excarcelar, a contramano de lo que ocurrió hasta ahora con quienes decidieron confesar e involucrar a otros. A la vez dispuso ayer mismo 82 procedimientos en 14 provincias distintas, con órdenes de presentación dirigidas a empresas vinculadas con la obra pública. Es posible que de la lista se desprendan nuevos llamados a indagatoria.

Alrededor de la declaración de Campillo como arrepentido y la detención de Bounine se tejió la teoría desde los medios más afines al Gobierno de que complicarían a la ex presidenta. Por ahora esto no sucedió, pero ambos siguen detenidos. El defensor oficial de Campillo presentará una apelación con la expectativa de que recupere la libertad, como el resto de los arrepentidos. En el caso de Bounine, que todavía podría modificar su situación en la causa y convertirse en colaborador. La versión difundida es que con él estaría convenido que vinculará a CFK con algún aspecto del dinero de las fotocopias de los cuadernos. Habrá que ver como sigue la historia.  

Campillo y Bounine quedaron involucrados en una parte de la causa que puso el foco en el posible lavado de 70 millones de dólares enviados al exterior que habrían manejado Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner, su esposa Carolina Pochetti, también detenida, y un grupo de personas relacionadas con ellos, como el abogado Miguel Angel Plo, a través –entre otras cosas– de la compra de propiedades en Estados Unidos. El tema, que no está establecido en el expediente, es qué relación tiene ese dinero con los Kirchner y la obra pública. Del relato de Campillo que también fue titular de la Oncaa (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), surge que lo habrían convocado para desarmar y rediseñar la estructura societaria montada en Miami y Nueva York por Muñoz. Lo que declaró es que quien lo contactó fue Bounine y que luego de una serie de encuentros y dos viajes a Estados Unidos entendió que el cliente era Muñoz.  También relató que Bounine le pagó 230 mil euros  y que después abandonó su participación cuando, según su versión, entendió el cariz de los negocios en juego.

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Bounine estuvo una hora con su abogado, Diego Richards, antes de declarar. Luego aceptó contestar preguntas y dijo que “nunca, jamás” le pagó a Campillo, según informaron allegados a la causa. Admitió que los contactos y reuniones existieron pero que fue el ex titular de la Oncaa quien lo llamó a él porque buscaba “acercarse a Cristina”. Sostuvo que no tenía trato frecuente ni cercano, pero que le había dado trabajo a su mamá –que además había sido niñera de Florencia Kirchner– y a su hermana. También reconoció cuatro viajes a Miami, que describió como vacaciones con su familia y señaló que todos sus gastos están documentados. Negó haber intervenido en negocios inmobiliarios de Muñoz y haber ido a alguna de sus propiedades en Estados Unidos. Sí dijo que lo visitó cuando supo que tenía una enfermedad terminal. Bounine dijo que se fue del gobierno porque trabajaba demasiadas horas y fines de semana, pero aclaró que no se fue en malos términos y que vio a CFK con posterioridad. Insistió en que, en lo personal, no estaba involucrado políticamente.  

Los operativos ordenados ayer por el juez Bonadio en reparticiones públicas y empresas apuntan a la búsqueda de información sobre contratos de obra pública entre 2003 y 2015. Son órdenes de presentación –se les pide documentación en lugar de hacer un allanamiento y secuestrarla–. Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo habían confeccionado una lista inicial de empresas que habrían pagado coimas, en función de datos que aportó el financista Ernesto Clarens y luego fueron ampliando el espectro. Bonadio pidió en diciembre información sobre balances y autoridades de 70 empresas a la Inspección General de Justicia y ayer ordenó los nuevos procedimientos que podrían derivar en nuevas imputaciones.  

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