Bonadio trabajó para Corach, formó parte de la famosa servilleta, mató a dos pibes desarmados que quisieron asaltarlo y fue apartado de la causa AMIA, acusado de encubrimiento. Armado de semejante prontuario hoy es la gran estrella de Comodoro Py.
Entre el 28 de septiembre de 2011 y el 7 de diciembre de 2017 median más de tres lustros. En el extremo más reciente está el fallo del juez Claudio Bonadio por traición a la Patria que mandó a la cárcel a funcionarios kirchneristas y pretende el desafuero y prisión preventiva de la recién asumida senadora Cristina Fernández. En el extremo más lejano está el episodio más traumático en la vida del magistrado. Un episodio que duró pocos segundos.
Ese día, al bajar de un auto con un amigo en la localidad de Florida, fueron abordados por dos jóvenes de 19 años, con intención de robarles. El magistrado desenfundó una pistola Glock calibre 40 y no dudó. Fueron siete disparos. Germán Lorenzatti, de 20 años, recibió un balazo en el cuello. Quiso escapar, pero cayó a los pocos metros y murió al rato en un hospital. Estaba desarmado.
Daniel Villar, de 19 años, intentó huir tras el certero disparo del experto tirador. Bonadio practicó tiro al blanco con él. Fueron seis tiros. Uno le dio en el pecho, otro en el brazo derecho, otros dos se alojaron en el muslo derecho. Los restantes tiros fueron por la espalda. Uno de esos tiros entró en la nuca y salió por un pómulo, y el otro salió por la cadera tras pasarle por las vertebras.
“Es la primera vez que mato a alguien, la primera vez”, alegó Su Señoría, que no fue procesado, tal lo que se estila en casos con una frontera tan difusa entre la defensa propia y la justicia por mano propia. La fiscalía calificó el hecho como “legítima defensa”. Punto a favor del magistrado, cuya arma recién fue requisada dos horas después del hecho. Los proyectiles eran balas de punta hueca, que no están autorizadas por el Renar para las armas legales. Son proyectiles para la caza mayor.
Hasta entonces, Bonadio era uno más de los jueces del fuero federal que manejan las causas calientes para el poder en Comodoro Py. Había llegado al cargo durante el menemismo. La ligazón entre política y jueces la había denunciado Domingo Cavallo, cuando fue eyectado del ministerio de Economía en 1996. Según contó, en una reunión en un restaurante con Carlos Corach, ministro del Interior de Menem, éste le había graficado la estructura de jueces amigos en una servilleta. Entre los nombres, según Cavallo, figuraba Bonadio. Lo que se conoció como “jueces de la servilleta”.
En ese particular listado la historia lo ubica junto a Norberto Oyarbide. Durante años, ambos compitieron, cabeza a cabeza, en la puja por ver quién acumulaba más denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Oyarbide se imponía cómodamente en la compulsa, incluso había zafado de la destitución en el Senado. Hasta que renunció y le dejó el sitial a Bonadio, número uno indiscutido del ranking. El Consejo de la Magistratura llegó a acumular 75 denuncias en su contra. 68 fueron desestimadas, siete están en trámite. Casi todas, por cajonear causas. Entre ellas, está la que lo acusa de demorar la de defraudación al Estado en la escandalosa privatización de Tandanor, bajo el gobierno de Carlos Menem.
Conviene detenerse en su apartamiento de la causa AMIA, en 2005. El 18 de noviembre de ese año, los camaristas Gustavo Bruzzone, Carlos González y Jorge Rimondi apartaron a Bonadio de la investigación del atentado de 1994. “Hay dudas razonables sobre el proceder imparcial del juez”, dijeron los jueces. Se justificaron por un nombre: Corach, aquel ministro que habría escrito con una lapicera el nombre de, entre otros, Bonadio, en una servilleta. Había surgido el nombre del ex ministro en la causa, respecto del encubrimiento, y la Cámara consideró que el juez debió haberse apartado. Por una sencilla razón: mientras Corach era secretario Legal y Técnico de la Nación, un cargo que tuvo hasta enero de 1995, su número dos era Claudio Bonadio. Que dejó ese cargo para hacerse cargo de un juzgado federal que ahora hacía la vista gorda. La recusación la impulsó Alejandro Rúa, a cargo de la unidad de investigación del caso AMIA dentro del ministerio de Justicia. Hoy, Rúa es uno de los abogados de la ex presidenta en la causa por presunto encubrimiento.
Según trascendió en las últimas horas, tras el resonante fallo que alteró el panorama político, el juez que ahora resuelve sobre un caso del cual fue apartado hace más de una década por no ser imparcial, inició sus trámites jubilatorios, con lo que colgaría la toga en forma definitiva en las próximas semanas. Su legado a la jurisprudencia es un fallo digno de Minority Report, la película de Spielberg basada en una novela de Philip K. Dick, en el que plantea que hay delito consumado porque existió la idea de realizar un ilícito. Como en una distopía dickiana, el Bonadío retirado podría dedicarse no a arrojarle arroz a las palomas en una plaza, sino a apuntarles con una pistola de agua.
