El magistrado fue señalado como jefe de una asociación ilícita, integrada también por sus secretarios y otros abogados, que cobraba coimas a narcos para atomizar causas y evitarles la prisión. “Todo el mundo sabía”, dijo un testigo.

En el marco de una megacausa por narcotráfico, fue procesado el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, señalado como jefe de una asociación ilícita porque mediante el cobro de coimas garantizaba la impunidad de los integrantes de una banda que operaba en la ciudad correntina de Itatí y en otros lugares del país. La medida fue dispuesta por el juez federal porteño Sergio Torres, quien imputó al magistrado el delito de cohecho pasivo agravado en ocho hechos, en concurso ideal con el de prevaricato, ambos en carácter de autor, y le impuso un embargo de 20 millones de pesos sobre sus bienes. En la misma causa, el juez Torres procesó a los secretarios del juez de Corrientes, Pablo Molina y Federico Grau, y a los abogados Tomás Viglione, Jorge Vallejos, Gregorio Giménez y Duylio Barboza Galeano, por considerar que formaban parte de la asociación ilícita por ser “partícipes necesarios de cohecho agravado”.

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El juez Torres dictó además los procesamientos del abogado Omar Serial y del ex intendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, por cohecho activo agravado. El magistrado porteño convirtió en prisión preventiva la detención de todos los imputados, pero aclaró que en el caso de Soto Dávila no se hará efectiva por su condición de magistrado. Por ese motivo, Torres notificó la resolución al Consejo de la Magistratura, donde ya fue citado a declarar Soto Dávila, que podría perder sus fueros; de ser así, quedaría al borde de la detención.

En la resolución, Torres precisó que la asociación ilícita estaba “destinada a cometer diversos sucesos de corte delictivo tendientes a perturbar la correcta administración de justicia y a garantizar la impunidad a diferentes sujetos vinculados con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes en sus diferentes etapas”.

En marzo de 2017, en la misma causa, que comenzó en mayo de 2014, el juez Torres ordenó la detención del intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y su vice, Fabio Aquino, en el marco de un operativo que incluyó la realización de 47 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco y Córdoba. En esa ocasión también fueron detenidos el jefe de la comisaría local Diego Ocampo Alvarenga, un gendarme, un prefecto que había sido pasado a disponibilidad y miembros de la Policía Federal y provincial, bajo la sospecha de estar involucrados con la misma banda. En ese momento, ya eran 28 los procesados.

En el fallo que se conoció ayer, el magistrado porteño sostuvo que “el grupo criminal, al menos desde el año 2010 y hasta la fecha, habría coordinado su accionar para que, en las causas o asuntos sometidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas resoluciones o se omitan o demoren las que debían adoptarse, con la finalidad de beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte”.

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El juez Torres explicó que Soto Dávida y los secretarios del juzgado a su cargo tenían como modalidad la atomización o fragmentación de las investigaciones y de la información recopilada en ellas para evitar imputaciones consistentes en perjuicio de los imputados. A manera de contraprestación, los funcionarios judiciales cobraban montos como coimas, que oscilaban entre 25 y 35 mil pesos, y en algunos casos llegaban hasta un millón de pesos. Como ejemplo, se citó el caso de un “arrepentido” que dijo ante Torres que “para que no quede preso Ricardo González, que le dicen ‘Caballo’, le pagué al abogado Vallejos… Le di la plata a Ricardo, él se la dio a Vallejos, pagó en el juzgado y nos aseguramos que no quede preso”.

El testigo agregó que “el arreglo funcionó, porque firmaron la libertad, Ricardo después fue a declarar y no quedó preso. Fueron unos 100 mil pesos que pagué” para lograr el objetivo. También fue detallado un pago de 280.000 pesos por parte del narco Federico “Morenita” Marín para que le concedieran la libertad a su esposa, María Lourdes Alegre, detenida en los primeros allanamientos realizados en Itatí. El “arrepentido” contó que Faraone, que tenía llegada a Soto Dávila, le aseguró que iba a “arreglar” con el juez para que Alegre quedara libre “porque él ya lo había hecho varias veces”.

El testigo afirmó que “todo el mundo sabía que para que Soto Dávila le dé la libertad a alguien había que pagar… Faraone llamó por teléfono a Soto Dávila y le dijo ‘saqué un dorado y quiero convidarte’, que esa era la manera que ellos tenían para saber que estaban hablando de un ‘arreglo’”. También se supo del pago de un millón de pesos por parte del imputado Carlos “Cachito” Bareiro para que le concedieran la libertad luego de permanecer tres años detenido y después de que le bajaran la calificación legal en su contra a una imputación menor. La megacausa fue denominada, en fuentes judiciales y policiales, como la “Operación Sapukay”.

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