La fiscalía general ante los Tribunales Orales Federales de Neuquén, Miguel Palazzani, solicitó que se condene a prisión perpetua a ocho funcionarios penitenciarios por las torturas seguidas de muerte de un detenido en la Unidad 9 de la capital provincial, dependiente del Servicio Penitenciario Federal. Al mismo tiempo, Palazzani pidió para otros siete imputados penas que van desde los tres a los diez años de cárcel. En su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por Alejandro Silva, Marcelo Grosso y Orlando Coscia, el fiscal dio por acreditado que el 8 de abril de 2008, a las 11, un celador y personal de requisa junto al  jefe de Seguridad interna del penal, torturaron al interno Argentino Pelozo Iturri, cuando lo trasladaban desde la celda número uno del Pabellón 10 de Aislamiento, al Servicio Sanitario de la unidad penitenciaria.

Al menos ocho personas fueron las que participaron de ese traslado “mediante golpes con puños y palos, puntapiés y ahorcamientos a la víctima” hasta el hospital, lugar en el cual “continuaron con la violencia, incluso frente al médico y el enfermero”, según se publicó en la página Fiscales.gov. Palazzani afirmó en su alegato que “los padecimientos físicos y psíquicos del interno y la violencia ejercida en su humanidad le generaron un proceso de asfixia y una hemorragia cerebral que desencadenaron su muerte en el lugar”. La parte acusadora dio por probado que “las máximas autoridades del penal (director y subdirector) estuvieron siempre informados de la situación y omitieron hacerla cesar”.

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Palazzani afirmó que tiene probada “la trama de encubrimientos y falsedades ideológicas en instrumentos públicos que desplegaron el restante médico de la unidad y el inspector de región” que también fueron incluidos en la acusación. En la causa son quince los imputados y la lista incluye en primer término al celador Carlos Roberto Vergara y a los integrantes del cuerpo de requisa Orlando Horacio Jonh, Pablo Ángel Muñiz, Javier Elix Pelliza, Pablo David Sepúlveda, Daniel Ulises Romero, José Lorenzo Retamal y José Walter Quintana. Para todos ellos, el fiscal pidió la pena de prisión perpetua por el delito de “imposición de torturas seguidas de la muerte de la víctima”.

En cuanto al director y al subdirector del penal, Héctor Oscar Ledesma y José Roberto Sosa, respectivamente, el fiscal pidió nueve años de prisión, mientras que para el jefe de Seguridad Interna, Daniel Huemul, el requerimiento del fiscal fue de diez años. Los tres fueron acusados por el delito de omisión de evitar la comisión del delito de aplicación de torturas.

Para Gabriel Eduardo Grobli, inspector de región, la Fiscalía requirió seis años por los delitos de encubrimiento doblemente agravado por la gravedad del ilícito, y por su condición de funcionario público y omisión de denunciar un acto propio de su oficio.

Finalmente, para los médicos de la Unidad Juan Carlos Heredia y Miguel Angel Leyría, solicitó siete y tres años de prisión, respectivamente, y para el enfermero Miguel Ángel Carrilao cuatro años, todos por el delito de omisión de denunciar doblemente calificado por la índole del delito ocultado y por tratarse de funcionarios públicos. En el caso de Heredia además, se sumó la acusación por el delito de falsedad ideológica de instrumento público agravada.

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Luego del pedido de penas, el fiscal general requirió a los jueces del Tribunal la prisión preventiva de los quince imputados fundando su petición en que “los actos procesales cumplidos, el conocimiento de los alegatos y los pedidos severos de pena son un paso más y nos ponen ante la inminencia de una sentencia”, que será dictada en el mes de febrero del próximo año. En ese sentido, el fiscal consideró que existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la acción de la justicia, por lo que requirió tal medida cautelar. Asimismo, pidió que se investigue la conducta del entonces juez federal a cargo de los inicios de la investigación y al Cuerpo Médico Forense de Neuquén.

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