Argumentan que «fue un acto viciado de unidad» y que el pedido corresponde que sea analizado por la Corte Suprema. 

La UIF recordó que el pedido de excarcelación inicial que hizo Boudou «actualmente se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación» y que el Tribunal Oral ya perdió «la potestad de resolver respecto de ese punto en particular, sobre todo considerando que las aristas de ponderación tenidas en cuenta al momento de resolver no han variado».

«Esta querella considera que la resolución dictada no se encuentra debidamente fundada, incurriendo en arbitrariedad manifiesta toda vez que arriba a conclusiones que no resultan de una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas de la causa«, señaló en la presentación.

La UIF rechazó el fallo del TOF 4 del pasado 11 de diciembre, en el que los magistrados hicieron lugar la pedido de excarcelación del ex vicepresidente, que recuperó su libertad con una tobillera electrónica y tras el pago de una caución de un millón de pesos. El organismo citó varios pasajes de los argumentos esbozados por el juez Guillermo Costabel, el único de los tres integrantes de la sala que votó en contra de liberar a Boudou, ya que Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti conformaron la mayoría que le otorgó la excarcelación.

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Además, la UIF cuestionó que el TOF 4 no la consultó en su carácter de querellante, pese a que fue la única parte que pidió la «inmediata detención» de Boudou tras dictarse la sentencia. «Siendo la única parte acusadora que ha argumentado largamente en su alegato final respecto de los motivos por los cuales se consideraba necesaria la imposición de las penas junto con la inmediata detención de los acusados, llamativamente el Tribunal actuante no nos ha concedido las vistas correspondientes a esta incidencia», se quejó la UIF.

Río Turbio

A pedido del fiscal Guillermo Marijuan, el juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al ex subsecretario de Coordinación y Control de esa cartera, Roberto Baratta (ambos detenidos), al ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y un grupo de empresarios de la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Isolux-Corsan, por un supuesto multimillonario perjuicio al Estado Nacional con la construcción de la central termoeléctrica Río Turbio.

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